El Ministerio Fiscal solicita 12 años de prisión para los tres responsables de la gestión, dirección y administración de la empresa Papelera Valls de la localidad de Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona) por el vertido ilegal de aguas residuales en el río Bitlles, a través de un canal pluvial que desemboca en dicho cauce. La defensa, por su parte, pide la absolución de los acusados.
La historia se remonta a diciembre de 2001, cuando el Ayuntamiento de Sant Pere de Riudebitlles y la Asociación para la Defensa del Agua de Riudebitlles-Mediona denunciaron ante los Mossos d'Esquadra que se estaban produciendo vertidos continuados de aguas residuales por parte de alguna empresa de la zona, aprovechando las horas nocturnas y causando una grave contaminación.
Los Mossos d'Esquadra montaron un dispositivo de seguimiento y vigilancia que dio sus frutos la noche del 29 de enero de 2002, cuando los agentes pudieron comprobar que los vertidos llegaban al río Bitlles a través de un canal pluvial que los recibía de un conducto procedente de la empresa Papelera Valls. Tras ponerse en contacto con la fábrica, los Mossos d'Esquadra tomaron muestras de las aguas residuales y las remitieron al Instituto Nacional de Toxicología.
Al parecer, uno de los canales del río Bitlles cruza por la empresa Papelera Valls y por una empresa que fabrica cartones, además de pasar por otras tres empresas papeleras situadas más arriba en el cauce que la fábrica acusada de los vertidos. Sin embargo, los agentes descartaron la culpabilidad de dichas empresas, ya que tras la inspección no encontraron indicios de que éstas contaminaran el río con aguas residuales.
La Generalitat concedió a la empresa Papelera Valls la licencia ambiental de autorización de funcionamiento en junio de 2001, por la que se prohibía expresamente a los acusados cualquier vertido de aguas residuales industriales a cauce público y únicamente se les autorizaba a verter aguas sanitarias al alcantarillado municipal. En 1993 la Generalitat ya sancionó a la empresa con una multa administrativa de más de 2.500 euros por verter ilegalmente aguas residuales en el río Bitlles.
FUE UN ACCIDENTE.
Durante el juicio celebrado hoy en la Audiencia de Barcelona, los acusados, Pere V.A., su hermano, Ramon V.A., y el hijo del primero, Pere Joan V.C., negaron que su empresa vertiera aguas residuales en el río Bitlles y explicaron que el vertido que se produjo en enero de 2002 y que dio lugar a la actuación de los Mossos d'Esquadra se debió a un "accidente".
Según Pere Joan V.C., aquel día hubo un problema en la empresa en relación a un conducto de agua obstruido por una bolsa de aire. Con intención de solucionarlo, el acusado abrió una válvula para que el aire saliera y se olvidó de cerrarla, de manera que el agua acabó saliendo por el conducto y, "sin saber cómo", se filtró en el canal para después pasar al río.
El acusado Pere V.A. habló en nombre de todos los demás cuando dijo que no tenían "ni idea de que las aguas residuales pudieran llegar al río a través del canal pluvial", ya que no conocían la existencia de dicha acequia. Según explicó, "no es verdad" que su empresa realice vertidos ilegales ni que disponga de un conducto que vaya a parar a uno de los canales que desemboca en el río Bitlles.
Los procesados coincidieron en que Papelera Valls reutiliza las aguas residuales industriales a través de un circuito cerrado que las depura hasta que una empresa externa se encarga de gestionar los residuos acumulados. Según explicaron, durante el proceso de producción se consumen 50 metros cúbicos de agua que se depuran y se reutilizan. "Si vertiésemos aguas residuales deberíamos recuperarlas para la producción y esto tendría un coste brutal", apuntó Pere Joan V.C.
Los tres acusados aseguraron que desde hace años la Agencia Catalana del Agua (ACA) lleva acabo inspecciones sorpresa en la fábrica y nunca les han abierto un expediente por realizar vertidos ilegales. Según explicó Ramon V.A., "la opinión pública piensa que somos los responsables de los vertidos porque el canal cruza la empresa". "Ojalá el canal pasase a 20 quilómetros de la Papelera Valls", apuntó.
Los expertos del Instituto Nacional de Toxicología encargados de analizar las muestras tomadas por los Mossos d'Esquadra y de realizar un estudio ambiental del río Bitlles explicaron durante el juicio que en el fondo del cauce encontraron una gran cantidad de bacterias que no habrían crecido si el vertido hubiese sido puntual y no continuo.
DUDA RAZONABLE.
La defensa, a diferencia del fiscal, considera que el vertido fue aislado y apuntó que "no se puede criminalizar un hecho puntual por una actividad continuada que puede haber sido ejercida por otras empresas de la zona".
Según la defensa, el río Bitlles ha sido maltratado durante años y, por tanto, "existe la duda razonable de que la contaminación se deba a la circunstancia histórica del río". A su juicio, el Tribunal debe dictar una sentencia absolutoria para los acusados.
El fiscal, por su parte, considera probado que la actuación de la empresa ha causado la contaminación de la zona a través del vertido ilegal de residuos. A su juicio, es cierto que la fábrica reutilizaba el agua a través de un circuito cerrado, pero considera que realizó vertidos en varias ocasiones a través de un conducto que iba a parar a uno de los canales del río. Según el fiscal, los acusados sí conocían la existencia de dicha acequia.
El Ministerio Fiscal solicita cuatro años de prisión para cada uno de los acusados por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, con la agravante de desobediencia a las órdenes de las administraciones correctoras de la actividad contaminante y la agravante de falsa alegación, ya que los acusados han mantenido que su empresa reutilizaba las aguas residuales y que no las vertía en el cauce público.
El fiscal pide, además, que los acusados paguen una multa de más de 50.000 euros y que estén inhabilitados para el ejercicio de actividades industriales durante tres años y medio.