Cataluña cierra el acuerdo que le dará el control del caudal del Ebro
Mar, 20/12/2005
La Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y el consejero de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Cataluña, Salvador Milá, firmaron ayer el protocolo de colaboración para la definición y ejecución del Plan Integral de Protección del Delta del Ebro (PIPDE). El documento recogerá una propuesta de caudal ambiental para la desembocadura del Ebro.
El paso, recogido en el Plan Hidrológico Nacional (PHN), supone que Cataluña será la única Comunidad que tomará parte en la decisión. El resto deberán participar en el proceso, aunque no especifica cómo ni que sea necesario su acuerdo. Este privilegio ha sido recurrido ante el Tribunal Constitucional por las Comunidades de Navarra, La Rioja y Castilla y León.
El protocolo recoge los mecanismos de colaboración entre el Ministerio y la Generalitat. El primer paso consistirá en la elaboración de un diagnóstico de la situación actual del Delta del Ebro. Posteriormente se establecerán las medidas que deberán adoptarse para solucionar los problemas que se detecten, entre los que ya se ha anunciado que estará el caudal de la desembocadura.
En la actualidad, el caudal ambiental en el tramo final del Ebro es de 100 metros cúbicos por segundo y la Generalitat catalana propuso 135 cuando estaba gobernada por CiU, lo que ya impedía en parte el trasvase. Círculos próximos al Ejecutivo actual de Cataluña se han manifestado a favor de un caudal mínimo variable en función de la época del año que estaría entre los 135 y los 300 metros cúbicos por segundo, y que podría incluir incluso algunas crecidas e inundaciones de tipo controlado.
Al tratarse de un caudal ambiental, la ley del Agua le otorga la máxima prioridad. Por ello, el resto de Comunidades del Ebro temen que además de impedir el trasvase, una cifra demasiado alta también condicione la gestión en la propia cuenca, lo que incluso obligaría a soltar caudales en ciertos momentos.
El PHN aprobado por el PP incluía también la elaboración del PIPDE y daba la competencia exclusiva a un consorcio formado por representantes de Cataluña y el Ejecutivo central en el que la Generalitat tenía mayoría.
Según el protocolo firmado ayer, Ministerio de Medio Ambiente y Generalitat realizarán una definición conjunta de las actuaciones que están actualmente en marcha o que se prevé realizar en el periodo 2006-2008 y una propuesta de nuevas actuaciones de futuro, así como de los departamentos o consejerías implicadas en las mismas. También se constituirá un Comité del Plan Integral para la Protección del Delta del Ebro, en el que estarán representados los firmantes del protocolo y el resto de organismos implicados (todos de Cataluña). Además, se realizará una definición de común acuerdo de los mecanismos, modalidades y foros de participación de las entidades locales y resto de colectivos concernidos, para garantizar su participación tanto en la fase de elaboración, como en la fase de implementación.
Los distintos programas de actuación que conformarán el PIPDE serán sometidos, previamente a su aprobación, a la consulta y participación de los representantes locales de la zona del Delta, así como de los usuarios y organizaciones sociales más representativas de dicho ámbito. Lo mismo sucederá con el Plan en su conjunto.
Una vez elaborado (detalle que no incluyeron ayer en su información el Ministerio de Medio Ambiente ni la Generalitat), el PIPDE deberá recoger la participación de las Comunidades que forman la cuenca del Ebro y que se encuentran representadas en los órganos de participación y gobierno de la CHE. No obstante, no tendrán la oportunidad de modificar el acuerdo, que posteriormente deberá ser aprobado por el Gobierno central. La firma del protocolo ayer en solitario con la Generalitat parece el preludio de que dicha participación podría ser una mera notificación.
Estatuto valenciano
La ponencia que analiza la redacción del nuevo Estatuto de la Comunidad Valenciana tiene previsto reunirse hoy para cerrar el texto que deberá votarse en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. La propuesta inicial incluía directamente el derecho al trasvase del Ebro, pero la ponencia incluyó dos salvedades para ajustarlo a la legalidad vigente y hacerlo inviable. El texto se ha consensuado a través de enmiendas de PP y PSOE que no eliminan la referencia explícita las transferencias entre cuencas.
El paso, recogido en el Plan Hidrológico Nacional (PHN), supone que Cataluña será la única Comunidad que tomará parte en la decisión. El resto deberán participar en el proceso, aunque no especifica cómo ni que sea necesario su acuerdo. Este privilegio ha sido recurrido ante el Tribunal Constitucional por las Comunidades de Navarra, La Rioja y Castilla y León.
El protocolo recoge los mecanismos de colaboración entre el Ministerio y la Generalitat. El primer paso consistirá en la elaboración de un diagnóstico de la situación actual del Delta del Ebro. Posteriormente se establecerán las medidas que deberán adoptarse para solucionar los problemas que se detecten, entre los que ya se ha anunciado que estará el caudal de la desembocadura.
En la actualidad, el caudal ambiental en el tramo final del Ebro es de 100 metros cúbicos por segundo y la Generalitat catalana propuso 135 cuando estaba gobernada por CiU, lo que ya impedía en parte el trasvase. Círculos próximos al Ejecutivo actual de Cataluña se han manifestado a favor de un caudal mínimo variable en función de la época del año que estaría entre los 135 y los 300 metros cúbicos por segundo, y que podría incluir incluso algunas crecidas e inundaciones de tipo controlado.
Al tratarse de un caudal ambiental, la ley del Agua le otorga la máxima prioridad. Por ello, el resto de Comunidades del Ebro temen que además de impedir el trasvase, una cifra demasiado alta también condicione la gestión en la propia cuenca, lo que incluso obligaría a soltar caudales en ciertos momentos.
El PHN aprobado por el PP incluía también la elaboración del PIPDE y daba la competencia exclusiva a un consorcio formado por representantes de Cataluña y el Ejecutivo central en el que la Generalitat tenía mayoría.
Según el protocolo firmado ayer, Ministerio de Medio Ambiente y Generalitat realizarán una definición conjunta de las actuaciones que están actualmente en marcha o que se prevé realizar en el periodo 2006-2008 y una propuesta de nuevas actuaciones de futuro, así como de los departamentos o consejerías implicadas en las mismas. También se constituirá un Comité del Plan Integral para la Protección del Delta del Ebro, en el que estarán representados los firmantes del protocolo y el resto de organismos implicados (todos de Cataluña). Además, se realizará una definición de común acuerdo de los mecanismos, modalidades y foros de participación de las entidades locales y resto de colectivos concernidos, para garantizar su participación tanto en la fase de elaboración, como en la fase de implementación.
Los distintos programas de actuación que conformarán el PIPDE serán sometidos, previamente a su aprobación, a la consulta y participación de los representantes locales de la zona del Delta, así como de los usuarios y organizaciones sociales más representativas de dicho ámbito. Lo mismo sucederá con el Plan en su conjunto.
Una vez elaborado (detalle que no incluyeron ayer en su información el Ministerio de Medio Ambiente ni la Generalitat), el PIPDE deberá recoger la participación de las Comunidades que forman la cuenca del Ebro y que se encuentran representadas en los órganos de participación y gobierno de la CHE. No obstante, no tendrán la oportunidad de modificar el acuerdo, que posteriormente deberá ser aprobado por el Gobierno central. La firma del protocolo ayer en solitario con la Generalitat parece el preludio de que dicha participación podría ser una mera notificación.
Estatuto valenciano
La ponencia que analiza la redacción del nuevo Estatuto de la Comunidad Valenciana tiene previsto reunirse hoy para cerrar el texto que deberá votarse en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. La propuesta inicial incluía directamente el derecho al trasvase del Ebro, pero la ponencia incluyó dos salvedades para ajustarlo a la legalidad vigente y hacerlo inviable. El texto se ha consensuado a través de enmiendas de PP y PSOE que no eliminan la referencia explícita las transferencias entre cuencas.