Nos espera un nuevo año aún más seco que el anterior, según el Ministerio de Medio Ambiente, y esa predicción es de importancia capital en dos planos: en la política hidrográfica, tan enquistada en el sectarismo partidista, y en los usos y costumbres de la vida cotidiana. La desigualdad natural del reparto del agua, que es una condición ya escrita en los testimonios a los que acceden los paleontólogos, nunca halló una solución de equidad en las distintas etapas históricas, y «el problema del agua » forma parte del catálogo de los males crónicos del país. Por desgracia, técnicos y políticos jamás tuvieron un punto de encuentro razonable que evitase el despilfarro de una España y la sed angustiosa de otra. Pese a ello, aún en los territorios más castigados por la sequía se implantó el criterio falso de que el agua era un bien providencial sobre cuya tutela muy poco se podía hacer.
La terquedad de la evidencia nos lleva a otros planteamientos, entre ellos, a la necesidad de fomentar el criterio de que el agua es un bien escaso, y de que la única forma de afrontar la dramática situación actual pasa por la responsabilidad de los individuos y por la solidaridad entre los pueblos. Si los embalses alcanzan sus cotas más bajas, la generación hidroeléctrica se resiente. Y también se daña la agricultura y hasta se pone en peligro el rutinario abastecimiento de los hogares. Por lo demás, ya es hora de que se alcance, por imperativos de las malas perspectivas, un pacto social en favor del reparto del agua, que es el modo más efectivo de convertirla en un bien social compartido. Sobran blindajes, guerrillas autonómicas y políticas de partido. Y falta cordura para afrontar de manera pactada una nueva frontera de la común supervivencia.