Medio Ambiente calcula recaudar más de 150 millones al año con el impuesto del agua
Sáb, 28/01/2006
La medida viene contemplada en el proyecto de Ley de Gestión del Ciclo Integral del Agua, normativa que ha sido criticada por el PP-A y por Asaja
JOSÉ CEJUDO
SEVILLA. Más de 150 millones de euros anuales ha calculado la Consejería de Medio Ambiente que se recaudarán en Andalucía a partir de la entrada en vigor de la Ley de Gestión del Ciclo Integral del Agua, sólo con la aplicación del denominado impuesto del agua, que gravará el consumo con 20 céntimos de euro por metro cúbico. La normativa contempla también otras medidas tributarias, como la tasa de aducción (toma en alta) y la tasa de depuración, para casos excepcionales.
El borrador del anteproyecto de Ley de Gestión del Ciclo Integral del Agua y Medidas de Fiscalidad del Agua, todavía en fase de exposición pública para la presentación de alegaciones, tiene como primera finalidad, según se recoge en la exposición de motivos, «la ordenación de una parte importante de la gestión del ciclo integral del agua de uso urbano, concretamente el abastecimiento de agua en alta o aducción y la depuración de las aguas residuales urbanas».
Considerado como un «tributo propio de naturaleza ecológica», el impuesto del agua no será aplicado a las entidades públicas para la alimentación de fuentes, bocas de riego de parques y jardines, limpieza de calles, extinción de incendios e instalaciones deportivas salvo en los campos de golf.
También quedan excluidos los usos agrícolas, forestales y ganaderos y el consumo doméstico en poblaciones de menos de 400 habitantes. En el caso del riego de cultivos, se aplicará el impuesto cuando exista «contaminación de carácter especial en naturaleza o cantidad por abonos, pesticidas o materia orgánica».
Retirada de canon
Su entrada en vigor supondrá la retirada de forma paralela del canon de control de vertido a aguas continentales, pero sí será compatible con los tributos locales destinados a la financiación de los servicios de suministro domiciliario de agua potable y de saneamiento.
La aplicación del impuesto del agua se hará de forma progresiva durante los tres primeros años, y la Junta tiene ya un cálculo estimativo del impacto económico que tendrá, con una recaudación prevista de 157,70 millones de euros anuales.
Fuentes de la Agencia Andaluza del Agua, entidad adscrita a la Consejería de Medio Ambiente, hicieron la salvedad de que son cifras aproximativas, teniendo como referencia consumos actuales, por lo que aquéllas están sujetas a variaciones.
En este punto cobra relevancia la queja expresada por la organización agraria Asaja, en el sentido de que la Junta prevea una recaudación de 10,56 millones de euros al año por el regadío especialmente contaminante, porque a juicio de aquella entidad puede darse la circunstancia de la contaminación no se produzca en la «toma» de la finca, sino que tenga su origen en otro punto distante, al que se le excluye la responsabilidad.
Según la Consejería de Medio Ambiente, los usos consuntivos del agua, la que se utiliza sin posibilidad de retorno: de consumo urbano, industrial, turístico y de regadío contaminante, se traducirán en 149,59 millones de euros anuales con el impuesto del agua. Con los usos no consuntivos: los hidroeléctricos, los piscícolas y los de refrigeración, la cantidad se eleva 157,70 millones, según el cuadro adjunto.
La mayor parte corresponde a los usos de carácter urbano, con algo más de 120 millones de euros. La industria aportaría 17,34 millones, y el mencionado regadío contaminante sobre 10,5 millones.
Recuperar los costes
La Junta subraya que la directiva comunitaria impone a los Estados de la UE la obligación de recuperar los costes de los servicios relacionados con el agua, incluidos los costes medioambientales y los relativos a los recursos, «tras el correspondiente análisis económico de los mismos y de conformidad con el principio de que quien contamina paga». el plazo para alcanzar este objetivo es el año 2010. En 2015 se debe lograr el buen estado ecológico de las masas de aguas, «un objetivo inasumible con la actual gestión de las infraestructuras»
Carolina González Vigo, portavoz de Medio Ambiente del PP-A, criticó en declaraciones a ABC que sean los ciudadanos los que tengan que pagar, con el nuevo tributo, «la incompetencia» de la Junta en la gestión del agua, cargando además sobre los ayuntamientos las labores de recaudación.
El PP esperará a que el proyecto de ley inicie el trámite parlamentario para introducir propuestas de modificación, entre ellas la supresión del nuevo impuesto.
Mientras, el secretario general de Asaja-Sevilla, Miguel Afán, la Ley «carece de objetivos medioambientales y son casi exclusivamente recaudadores», al objeto de cubrir con fondos las nuevas competencias que en materia de aguas ha asumido Medio Ambiente.
JOSÉ CEJUDO
SEVILLA. Más de 150 millones de euros anuales ha calculado la Consejería de Medio Ambiente que se recaudarán en Andalucía a partir de la entrada en vigor de la Ley de Gestión del Ciclo Integral del Agua, sólo con la aplicación del denominado impuesto del agua, que gravará el consumo con 20 céntimos de euro por metro cúbico. La normativa contempla también otras medidas tributarias, como la tasa de aducción (toma en alta) y la tasa de depuración, para casos excepcionales.
El borrador del anteproyecto de Ley de Gestión del Ciclo Integral del Agua y Medidas de Fiscalidad del Agua, todavía en fase de exposición pública para la presentación de alegaciones, tiene como primera finalidad, según se recoge en la exposición de motivos, «la ordenación de una parte importante de la gestión del ciclo integral del agua de uso urbano, concretamente el abastecimiento de agua en alta o aducción y la depuración de las aguas residuales urbanas».
Considerado como un «tributo propio de naturaleza ecológica», el impuesto del agua no será aplicado a las entidades públicas para la alimentación de fuentes, bocas de riego de parques y jardines, limpieza de calles, extinción de incendios e instalaciones deportivas salvo en los campos de golf.
También quedan excluidos los usos agrícolas, forestales y ganaderos y el consumo doméstico en poblaciones de menos de 400 habitantes. En el caso del riego de cultivos, se aplicará el impuesto cuando exista «contaminación de carácter especial en naturaleza o cantidad por abonos, pesticidas o materia orgánica».
Retirada de canon
Su entrada en vigor supondrá la retirada de forma paralela del canon de control de vertido a aguas continentales, pero sí será compatible con los tributos locales destinados a la financiación de los servicios de suministro domiciliario de agua potable y de saneamiento.
La aplicación del impuesto del agua se hará de forma progresiva durante los tres primeros años, y la Junta tiene ya un cálculo estimativo del impacto económico que tendrá, con una recaudación prevista de 157,70 millones de euros anuales.
Fuentes de la Agencia Andaluza del Agua, entidad adscrita a la Consejería de Medio Ambiente, hicieron la salvedad de que son cifras aproximativas, teniendo como referencia consumos actuales, por lo que aquéllas están sujetas a variaciones.
En este punto cobra relevancia la queja expresada por la organización agraria Asaja, en el sentido de que la Junta prevea una recaudación de 10,56 millones de euros al año por el regadío especialmente contaminante, porque a juicio de aquella entidad puede darse la circunstancia de la contaminación no se produzca en la «toma» de la finca, sino que tenga su origen en otro punto distante, al que se le excluye la responsabilidad.
Según la Consejería de Medio Ambiente, los usos consuntivos del agua, la que se utiliza sin posibilidad de retorno: de consumo urbano, industrial, turístico y de regadío contaminante, se traducirán en 149,59 millones de euros anuales con el impuesto del agua. Con los usos no consuntivos: los hidroeléctricos, los piscícolas y los de refrigeración, la cantidad se eleva 157,70 millones, según el cuadro adjunto.
La mayor parte corresponde a los usos de carácter urbano, con algo más de 120 millones de euros. La industria aportaría 17,34 millones, y el mencionado regadío contaminante sobre 10,5 millones.
Recuperar los costes
La Junta subraya que la directiva comunitaria impone a los Estados de la UE la obligación de recuperar los costes de los servicios relacionados con el agua, incluidos los costes medioambientales y los relativos a los recursos, «tras el correspondiente análisis económico de los mismos y de conformidad con el principio de que quien contamina paga». el plazo para alcanzar este objetivo es el año 2010. En 2015 se debe lograr el buen estado ecológico de las masas de aguas, «un objetivo inasumible con la actual gestión de las infraestructuras»
Carolina González Vigo, portavoz de Medio Ambiente del PP-A, criticó en declaraciones a ABC que sean los ciudadanos los que tengan que pagar, con el nuevo tributo, «la incompetencia» de la Junta en la gestión del agua, cargando además sobre los ayuntamientos las labores de recaudación.
El PP esperará a que el proyecto de ley inicie el trámite parlamentario para introducir propuestas de modificación, entre ellas la supresión del nuevo impuesto.
Mientras, el secretario general de Asaja-Sevilla, Miguel Afán, la Ley «carece de objetivos medioambientales y son casi exclusivamente recaudadores», al objeto de cubrir con fondos las nuevas competencias que en materia de aguas ha asumido Medio Ambiente.