nbsp; El responsable de la campaña de aguas de Greenpeace España, Julio Varea, afirmó hoy que si el Gobierno legaliza las extracciones de agua ilegales (pozos ilegales), pondrá en "serio peligro" las reservas de agua del país y con ello el abastecimiento de las personas de cara al futuro.
De este modo, el responsable indicó en declaraciones a Europa Press Televisión que en España hay, según datos del Ministerio de Medio Ambiente, más de 500.000 pozos ilegales que detraen agua "de forma descontrolada" de los acuíferos. Así, explicó que con la modificación del texto refundido de la Ley de Aguas --texto preparado por un grupo de expertos a petición del ministerio-- "buscan la amnistía de estos pozos".
Por otro lado, Varea recalcó que desde que el Ejecutivo aprobó la última Ley de Aguas ya no se construyen pozos de forma ilegal "pero, aun así, desgraciadamente se siguen creando nuevas extracciones legales".
"Esto produce que, por ejemplo, en La Mancha existan más de 60.000 pozos ilegales que han bajado mucho los niveles de agua subterránea y han afectado a muchos humedales emblemáticos como las Tablas de Daimiel que ahora mismo se mantiene de forma artificial con aportes de agua del trasvase Tajo-Segura", ejemplificó.
MEDIO AMBIENTE AFECTADO
Desde Greenpeace creen que con esta política de aguas que lleva a cabo el Gobierno, el medio ambiente se verá afectado así como las actividades tradicionales de la zona e incluso el propio abastecimiento de agua de las personas.
Además, Varea añadió que la solución pasa por "cumplir la Ley persiguiendo y multando todas las actividades ilegales". Así, subrayó que los pozos ilegales deben ser cerrados porque "crean un agravio comparativo con otras personas que tienen pozos legales y que extraen agua de forma controlada pagando lo que tienen que pagar".
Por último, dijo que el texto "en ningún momento está siendo buen acompañante de la Directiva Marco del Agua que nos obliga a mantener en buen estado ecológico las masas de agua continentales".