El Pacto del Agua se frena al no enviar la oposición propuestas en tres meses
Jue, 16/03/2006
Los grupos de la Asamblea coincidieron en que el Ministerio de Medio Ambiente debe asignar a Madrid otros 200 hectómetros cúbicos de agua
M. CALLEJA
MADRID. El Pacto del Agua empezó muy bien, con un acuerdo en septiembre de los tres grupos parlamentarios en la Asamblea para llevarlo a cabo, pero ahora mismo está estancado. Lo último que se supo de él fue que el PSOE e IU recibieron un borrador del documento, el pasado 13 de diciembre, para que presentaran alegaciones y propuestas. Y desde entonces, nada más. Nadie ha vuelto a hablar del pacto ni la oposición ha criticado, como hacía antes, la falta de interés del PP.
El Gobierno regional sigue a la espera de que el portavoz del PSOE en la Asamblea, Rafael Simancas, y el de Izquierda Unida, Fernando Marín, envíen sus comentarios sobre el texto del borrador, según confirmaron fuentes cercanas al Canal de Isabel II. Pero Simancas y Marín parece que se lo están pensando.
Desde septiembre, cuando el agua de los embalses estaba cayendo en picado, el Gobierno de Aguirre y los tres grupos se mostraron de acuerdo en adoptar medidas para que el abastecimiento en la región estuviera plenamente garantizado. Todos coincidieron en que el problema no era coyuntural, por una sequía temporal, sino estructural, y por tanto debían tomarse medidas a largo plazo.
Primera reunión, en octubre
Por eso, en la primera reunión que mantuvo la presidenta Aguirre con los tres portavoces parlamentarios y el presidente del Canal, Ignacio González, el 5 de octubre de 2005, para definir las bases del Pacto del Agua, no hubo ninguna discrepancia en que la región necesitaba disponer de 200 hectómetros cúbicos más de agua, que podían proceder del Tajo, el Alberche, el Sorbe y la explotación de los acuíferos subterráneos. Esos 200 hectómetros cúbicos anuales los debe garantizar el Gobierno de la Nación, a través del Ministerio de Medio Ambiente, que tiene la competencia necesaria para ello.
En la segunda reunión de Aguirre con los portavoces, el 25 de noviembre, la presidenta les entregó el primer borrador del Pacto del Agua, de 11 folios, que hacía este diagnóstico: «La Comunidad es deficitaria en recursos hídricos que le permitan garantizar su abastecimiento actual y futuro, y con ello su crecimiento y desarrollo económico». Todos reclamaron otra vez los 200 hectómetros cúbicos de agua al Gobierno de Zapatero.
Diferencias entre los grupos
Hubo diferencias, claro. Simancas apoyó el contenido general del pacto, pero pidió ayudas para mejorar las tuberías de las comunidades y una mejor gestión del agua por parte del Canal, y criticó a Aguirre por pedir un total de 450 hectómetros cúbicos a más largo plazo, en concreto hasta 2016. Marín presentó un documento con 10 puntos, en el que pedía, entre otras cosas, el riego de campos de golf con agua reciclada o la instalación de dobles redes de distribución.
El Canal preparó un último borrador del Pacto del Agua y se lo entregó a los grupos de la oposición el 13 de diciembre. Fue la última fecha que se le puede poner a este proceso que sigue sin cerrarse seis meses después de que la Asamblea pidiera por unanimidad la firma del pacto.
M. CALLEJA
MADRID. El Pacto del Agua empezó muy bien, con un acuerdo en septiembre de los tres grupos parlamentarios en la Asamblea para llevarlo a cabo, pero ahora mismo está estancado. Lo último que se supo de él fue que el PSOE e IU recibieron un borrador del documento, el pasado 13 de diciembre, para que presentaran alegaciones y propuestas. Y desde entonces, nada más. Nadie ha vuelto a hablar del pacto ni la oposición ha criticado, como hacía antes, la falta de interés del PP.
El Gobierno regional sigue a la espera de que el portavoz del PSOE en la Asamblea, Rafael Simancas, y el de Izquierda Unida, Fernando Marín, envíen sus comentarios sobre el texto del borrador, según confirmaron fuentes cercanas al Canal de Isabel II. Pero Simancas y Marín parece que se lo están pensando.
Desde septiembre, cuando el agua de los embalses estaba cayendo en picado, el Gobierno de Aguirre y los tres grupos se mostraron de acuerdo en adoptar medidas para que el abastecimiento en la región estuviera plenamente garantizado. Todos coincidieron en que el problema no era coyuntural, por una sequía temporal, sino estructural, y por tanto debían tomarse medidas a largo plazo.
Primera reunión, en octubre
Por eso, en la primera reunión que mantuvo la presidenta Aguirre con los tres portavoces parlamentarios y el presidente del Canal, Ignacio González, el 5 de octubre de 2005, para definir las bases del Pacto del Agua, no hubo ninguna discrepancia en que la región necesitaba disponer de 200 hectómetros cúbicos más de agua, que podían proceder del Tajo, el Alberche, el Sorbe y la explotación de los acuíferos subterráneos. Esos 200 hectómetros cúbicos anuales los debe garantizar el Gobierno de la Nación, a través del Ministerio de Medio Ambiente, que tiene la competencia necesaria para ello.
En la segunda reunión de Aguirre con los portavoces, el 25 de noviembre, la presidenta les entregó el primer borrador del Pacto del Agua, de 11 folios, que hacía este diagnóstico: «La Comunidad es deficitaria en recursos hídricos que le permitan garantizar su abastecimiento actual y futuro, y con ello su crecimiento y desarrollo económico». Todos reclamaron otra vez los 200 hectómetros cúbicos de agua al Gobierno de Zapatero.
Diferencias entre los grupos
Hubo diferencias, claro. Simancas apoyó el contenido general del pacto, pero pidió ayudas para mejorar las tuberías de las comunidades y una mejor gestión del agua por parte del Canal, y criticó a Aguirre por pedir un total de 450 hectómetros cúbicos a más largo plazo, en concreto hasta 2016. Marín presentó un documento con 10 puntos, en el que pedía, entre otras cosas, el riego de campos de golf con agua reciclada o la instalación de dobles redes de distribución.
El Canal preparó un último borrador del Pacto del Agua y se lo entregó a los grupos de la oposición el 13 de diciembre. Fue la última fecha que se le puede poner a este proceso que sigue sin cerrarse seis meses después de que la Asamblea pidiera por unanimidad la firma del pacto.