La Confederación del Júcar recibe cada año más de 1.500 peticiones para extraer agua de pozos
Lun, 20/03/2006
Valencia
Cauces secos y embalses casi vacíos son la imagen más conocida de las sequías. Sin embargo, en el subsuelo se oculta la sed creciente de los acuíferos, de reservas subterráneas sometidas a una fuerte presión que se traduce en más de 1.500 peticiones anuales para extraer agua a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). A unas demandas agrícolas más o menos constantes se ha sumado el incremento de las exigencias residenciales al calor del boom urbanístico. El organismo tramita 868 expedientes de sanción por explotación abusiva de los acuíferos o pozos ilegales.
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha expresado en repetidas ocasiones la preocupación de su departamento por el control de los acuíferos para frenar su sobreexplotación. En ese contexto, el ministerio prepara una reforma de la Ley de Aguas con cambios en la gestión de los recursos subterráneos, si bien ha descartado una amnistía a los miles de pozos ilegales en España.
La creciente presión sobre las masas de agua subterráneas del territorio de la CHJ -que incluye casi toda la Comunidad Valenciana, parte de Castilla-La Mancha y Teruel- se traduce en 6.223 peticiones de extracción desde enero de 2002 -la gran mayoría para pozos pequeños, de un consumo máximo de 7.000 metros cúbicos anuales en una misma parcela-, lo que arroja en cuatro años una media de 1.500 solicitudes tanto de recursos agrícolas como residenciales. A ello se añaden 1.127 de aguas superficiales.
El fuerte ritmo urbanizador de los últimos años ha incidido claramente en esta entrada constante de nuevas peticiones, explica la CHJ y constatan los informes sobre la implementación de la directiva marco europea en la cuenca. La falta de recursos suficientes para garantizar el suministro a las miles de viviendas planificadas en la Comunidad Valenciana ha quedado patente también en decenas de informes negativos de la CHJ desde abril del año pasado. El ministerio introdujo entonces una reforma que declara preceptivos, aunque no vinculantes, los informes sobre la disponibilidad de agua en nuevos proyectos urbanísticos, en un intento de poner coto a un desarrollo desenfrenado.
La Comisaría de Aguas de la CHJ dispone, entre otras herramientas de control, de un servicio de guardas -limitado a una treintena de personas- que recorren el territorio para vigilar las extracciones de agua. De los abusos en la explotación de aguas subterráneas, especialmente, y la apertura de pozos ilegales queda constancia en los 868 expedientes sancionadores en marcha, la mayor parte de años pasados. En 2005 se cerraron con sanción un total de 131. El año pasado, a raíz de sentencias en las que los jueces redujeron el importe de las sanciones por la falta de una valoración sobre el daño al medio ambiente en las denuncias de sobreexplotación de pozos, se introdujeron criterios para medirlo que calculan en 0,10 euros el coste del metro cúbico usado de más sobre la concesión legal, explica el comisario de Aguas, Manuel Alcalde. La consecuencia es un aumento de la cuantía de las sanciones, con algún expediente con propuesta de varios centenares de euros de multa.
No obstante, Alcalde afirma que las cantidades de agua extraídas que escapan al conocimiento de la CHJ no son significativas sobre el total de recursos consumidos. La gestión y vigilancia de las aguas subterráneas, sin embargo, tiene aún inacabada la regularización e inscripción de miles de pozos conocidos por la CHJ. La aprobación de la Ley de Aguas en 1985 supuso un cambio sustancial en la consideración de las aguas subterráneas, que pasaron entonces al dominio público hidráulico, con la obligatoriedad de que sus usuarios registraran los pozos, según los casos, en el Registro de Aguas o el Catálogo de Aprovechamientos de Aguas Privadas. La regularización de las concesiones desbordó la capacidad de tramitación de expedientes de las confederaciones hidrográficas y llevó finalmente al Gobierno a contratar asistencias técnicas externas en 2003 englobadas en el llamado plan Alberca. Para entonces, los plazos de inscripción previstos en la ley ya habían expirado -salvo que los modifique de nuevo el ministerio, como apunta algún borrador manejado para la nueva reforma-.
La CHJ no ha escapado al atasco administrativo. El comisario de Aguas, Manuel Alcalde, calcula que hasta 2008 no habrá finalizado la actualización de los registros, aunque destaca que el proceso 'lleva buena marcha'. El estado actual de los expedientes refleja la magnitud del trabajo: 27.695 peticiones de aguas subterráneas están en tramitación, y el grueso (19.481) lo engloban pozos pequeños, agrícolas o de abastecimiento residencial. Frente a estos casos pendientes, y tras el empujón dado a la tramitación con el plan Alberca, se han resuelto 15.311 expedientes. De ellos, sólo 7.047 han culminado con la inclusión en el registro, ya que los otros 8.264 se han resuelto con un resultado desfavorable, desde casos en los que los usuarios han desistido de consumir el agua durante la tramitación de la concesión hasta pozos que a la hora de su inscripción estaban secos.
El proceso de inscripción culmina con la colocación obligatoria de contadores de consumo en los pozos. La CHJ acaba de firmar un convenio con la Universidad Politécnica para mejorar los sistemas de medición de la captación de aguas subterráneas.
Cauces secos y embalses casi vacíos son la imagen más conocida de las sequías. Sin embargo, en el subsuelo se oculta la sed creciente de los acuíferos, de reservas subterráneas sometidas a una fuerte presión que se traduce en más de 1.500 peticiones anuales para extraer agua a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). A unas demandas agrícolas más o menos constantes se ha sumado el incremento de las exigencias residenciales al calor del boom urbanístico. El organismo tramita 868 expedientes de sanción por explotación abusiva de los acuíferos o pozos ilegales.
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha expresado en repetidas ocasiones la preocupación de su departamento por el control de los acuíferos para frenar su sobreexplotación. En ese contexto, el ministerio prepara una reforma de la Ley de Aguas con cambios en la gestión de los recursos subterráneos, si bien ha descartado una amnistía a los miles de pozos ilegales en España.
La creciente presión sobre las masas de agua subterráneas del territorio de la CHJ -que incluye casi toda la Comunidad Valenciana, parte de Castilla-La Mancha y Teruel- se traduce en 6.223 peticiones de extracción desde enero de 2002 -la gran mayoría para pozos pequeños, de un consumo máximo de 7.000 metros cúbicos anuales en una misma parcela-, lo que arroja en cuatro años una media de 1.500 solicitudes tanto de recursos agrícolas como residenciales. A ello se añaden 1.127 de aguas superficiales.
El fuerte ritmo urbanizador de los últimos años ha incidido claramente en esta entrada constante de nuevas peticiones, explica la CHJ y constatan los informes sobre la implementación de la directiva marco europea en la cuenca. La falta de recursos suficientes para garantizar el suministro a las miles de viviendas planificadas en la Comunidad Valenciana ha quedado patente también en decenas de informes negativos de la CHJ desde abril del año pasado. El ministerio introdujo entonces una reforma que declara preceptivos, aunque no vinculantes, los informes sobre la disponibilidad de agua en nuevos proyectos urbanísticos, en un intento de poner coto a un desarrollo desenfrenado.
La Comisaría de Aguas de la CHJ dispone, entre otras herramientas de control, de un servicio de guardas -limitado a una treintena de personas- que recorren el territorio para vigilar las extracciones de agua. De los abusos en la explotación de aguas subterráneas, especialmente, y la apertura de pozos ilegales queda constancia en los 868 expedientes sancionadores en marcha, la mayor parte de años pasados. En 2005 se cerraron con sanción un total de 131. El año pasado, a raíz de sentencias en las que los jueces redujeron el importe de las sanciones por la falta de una valoración sobre el daño al medio ambiente en las denuncias de sobreexplotación de pozos, se introdujeron criterios para medirlo que calculan en 0,10 euros el coste del metro cúbico usado de más sobre la concesión legal, explica el comisario de Aguas, Manuel Alcalde. La consecuencia es un aumento de la cuantía de las sanciones, con algún expediente con propuesta de varios centenares de euros de multa.
No obstante, Alcalde afirma que las cantidades de agua extraídas que escapan al conocimiento de la CHJ no son significativas sobre el total de recursos consumidos. La gestión y vigilancia de las aguas subterráneas, sin embargo, tiene aún inacabada la regularización e inscripción de miles de pozos conocidos por la CHJ. La aprobación de la Ley de Aguas en 1985 supuso un cambio sustancial en la consideración de las aguas subterráneas, que pasaron entonces al dominio público hidráulico, con la obligatoriedad de que sus usuarios registraran los pozos, según los casos, en el Registro de Aguas o el Catálogo de Aprovechamientos de Aguas Privadas. La regularización de las concesiones desbordó la capacidad de tramitación de expedientes de las confederaciones hidrográficas y llevó finalmente al Gobierno a contratar asistencias técnicas externas en 2003 englobadas en el llamado plan Alberca. Para entonces, los plazos de inscripción previstos en la ley ya habían expirado -salvo que los modifique de nuevo el ministerio, como apunta algún borrador manejado para la nueva reforma-.
La CHJ no ha escapado al atasco administrativo. El comisario de Aguas, Manuel Alcalde, calcula que hasta 2008 no habrá finalizado la actualización de los registros, aunque destaca que el proceso 'lleva buena marcha'. El estado actual de los expedientes refleja la magnitud del trabajo: 27.695 peticiones de aguas subterráneas están en tramitación, y el grueso (19.481) lo engloban pozos pequeños, agrícolas o de abastecimiento residencial. Frente a estos casos pendientes, y tras el empujón dado a la tramitación con el plan Alberca, se han resuelto 15.311 expedientes. De ellos, sólo 7.047 han culminado con la inclusión en el registro, ya que los otros 8.264 se han resuelto con un resultado desfavorable, desde casos en los que los usuarios han desistido de consumir el agua durante la tramitación de la concesión hasta pozos que a la hora de su inscripción estaban secos.
El proceso de inscripción culmina con la colocación obligatoria de contadores de consumo en los pozos. La CHJ acaba de firmar un convenio con la Universidad Politécnica para mejorar los sistemas de medición de la captación de aguas subterráneas.