Córdoba .- Pulido dice que el acuerdo sobre la Ley de Gestión del Agua hará que se cumpla objetivos de calidad ecológica
Vie, 21/04/2006
El presidente de la Diputación de Córdoba, Francisco Pulido, que asistió hoy a la Mesa de Concertación Local que ha consensuado las competencias de la Ley de Gestión del Agua en Andalucía, señaló que esta unificación "permitirá dar los pasos necesarios para que en 2015 se cumplan los objetivos de calidad ecológica que establece la Unión Europea".
Según señaló Pulido a través de un comunicado remitido a Europa Press, con este consenso entre la Junta de Andalucía y los ayuntamientos de la comunidad autónoma, a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), "se mejorará la calidad de los servicios públicos que gestionan el abastecimiento y el tratamiento del agua en Andalucía, y nos permitirá homogeneizar criterios y procesos que garanticen dicha calidad a todos los ciudadanos andaluces, independientemente del lugar en el que resida o de la capacidad económica y de gestión de los municipios".
La Ley de Gestión del Ciclo Integral del Agua dictará que los entes locales ejecuten las competencias sobre el suministro, el alcantarillado y el tratamiento de aguas residuales. Además, las entidades locales serán las responsables de la prestación de los servicios supramunicipales de aducción y depuración de aguas, promoviendo la creación de entes de gestión.
Por su parte, la Junta de Andalucía garantizará la adecuada prestación de los servicios asumiendo la explotación y gestión de las infraestructuras de aducción y depuración sólo cuando no se haya constituido el ente supramunicipal o este no preste adecuadamente dicho servicio.
En la reunión de la Mesa de Concertación Local también se ha puesto de manifiesto que, en la actualidad, se observan algunas deficiencias en la prestación de los servicios públicos que reciben los ciudadanos.
Estas deficiencias, que son más acusadas en las áreas rurales que en las zonas litorales y en las urbanas, afectan prácticamente a todas las etapas del ciclo integral del agua. Por este motivo, el acuerdo alcanzado en el seno de la Mesa de Concertación Local entre la Junta y la FAMP "abre la puerta a la solución de este conflicto, respetando la autonomía de los ayuntamientos y facilitando la creación de entes supramunicipales que colaboren en la prestación de este servicio"
Según señaló Pulido a través de un comunicado remitido a Europa Press, con este consenso entre la Junta de Andalucía y los ayuntamientos de la comunidad autónoma, a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), "se mejorará la calidad de los servicios públicos que gestionan el abastecimiento y el tratamiento del agua en Andalucía, y nos permitirá homogeneizar criterios y procesos que garanticen dicha calidad a todos los ciudadanos andaluces, independientemente del lugar en el que resida o de la capacidad económica y de gestión de los municipios".
La Ley de Gestión del Ciclo Integral del Agua dictará que los entes locales ejecuten las competencias sobre el suministro, el alcantarillado y el tratamiento de aguas residuales. Además, las entidades locales serán las responsables de la prestación de los servicios supramunicipales de aducción y depuración de aguas, promoviendo la creación de entes de gestión.
Por su parte, la Junta de Andalucía garantizará la adecuada prestación de los servicios asumiendo la explotación y gestión de las infraestructuras de aducción y depuración sólo cuando no se haya constituido el ente supramunicipal o este no preste adecuadamente dicho servicio.
En la reunión de la Mesa de Concertación Local también se ha puesto de manifiesto que, en la actualidad, se observan algunas deficiencias en la prestación de los servicios públicos que reciben los ciudadanos.
Estas deficiencias, que son más acusadas en las áreas rurales que en las zonas litorales y en las urbanas, afectan prácticamente a todas las etapas del ciclo integral del agua. Por este motivo, el acuerdo alcanzado en el seno de la Mesa de Concertación Local entre la Junta y la FAMP "abre la puerta a la solución de este conflicto, respetando la autonomía de los ayuntamientos y facilitando la creación de entes supramunicipales que colaboren en la prestación de este servicio"