El Pleno de las Cortes de Aragón aprobó hoy, por unanimidad, la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el PP para modificar la ley estatal del Plan Hidrológico Nacional (PHN) de tal manera que sea un organismo intercomunitario el que establezca el caudal mínimo del río Ebro, y no sólo Cataluña junto con el Gobierno central. Una vez las Cortes aragonesas ultimen un acuerdo, las Cortes Generales deberán decidir si lo debate y, si es así, tramitarlo.
El portavoz autonómico del PP en medio ambiente, Eloy Suárez, denunció que la modificación introducida por el nuevo Gobierno central en 2004, sobre la ley estatal del PHN, "es una auténtica patente de corso otorgada a Cataluña para hipotecar el futuro del río Ebro", en el sentido de que si es la región vecina, junto con el Ejecutivo central, la que establece el caudal mínimo, "esta decisión condiciona el resto del río aguas arriba y perjudica a cántabros, vascos, riojanos y aragoneses". Este precepto de la actual ley del PHN es inconstitucional, según Eloy Suárez.
Según el parlamentario del PP, "lo relevante de toda esta cuestión es que los caudales tienen la consideración de limitación previa a los flujos de carácter preferente, salvo para el abastecimiento de agua de boca".
El texto propuesto por los conservadores modifica el artículo 26 de la ley e indica que "a los efectos de la evaluación de disponibilidades hídricas, los caudales ambientales que se fijen en los planes hidrológicos de cuenca tendrán la consideración de una limitación previa a los flujos del sistema de explotación, que operará con carácter preferente a los usos contemplados en el sistema".
El nuevo artículo señala que "para su establecimiento, los organismos de cuenca realizarán estudios específicos para cada tramo del río, teniendo en cuenta la dinámica de los ecosistemas y las condiciones mínimas de su biocenosis". Las disponibilidades obtenidas en estas condiciones son "las que pueden, en su caso, ser objeto de asignación y reserva para los usos existentes y previsibles". Además, "la fijación de los caudales ambientales se realizará con la participación y amplio consenso de todas las comunidades autónomas a través de los Consejos del Agua de las respectivas cuencas".
Desde el punto de vista de la explotación de los sistemas hidráulicos, los caudales ambientales, según la propuesta del PP, tendrán la consideración de objetivos a satisfacer de forma coordinada en los sistemas de explotación y con la única preferencia del abastecimiento a poblaciones.
La inexistencia de obligación expresa respecto al mantenimiento de caudales ambientales en las autorizaciones y concesiones otorgadas por la administración hidráulica, "no exonerará al concesionario del cumplimiento de las obligaciones generales que, respecto a tales caudales, serán recogidas por la planificación hidrológica, sin perjuicio del posible derecho de indemnización".
Además, los populares aragoneses proponen modificar la disposición adicional décima de la ley del PHN, de tal manera que el Plan Integral de Protección del Delta del Ebro (PIDE) pierde la función de establecer el caudal ecológico, que actualmente fija el órgano bilateral Cataluña-Estado encargado de gestionar el PIDE.
El socialista Carlos Tomás, el aragonesista Javier Allué y el diputado de IU, Adolfo Barrena, aprovecharon para pedir al PP que vuelva a la Comisión del Agua de Aragón.