Un informe interno del Ministerio revela que no cederá el control de los grandes ríos a las autonomías
Mar, 16/05/2006
El documento de trabajo indica que «no son delegables» los trasvases, los mercados de agua y la planificación que afecten a más de una región Cree que Andalucía debe tener «mayor protagonismo» sobre el Guadalquivir
M. BUITRAGO/MURCIA
POSTURA MINISTERIAL
POSTURA MINISTERIAL
Funciones no delegables
Planificación: planificación hidrológica, incluidos planes estatales de infraestructuras. Explotación de acuíferos que afecten a más de una Comunidad Autónoma (CA).
Dominio público hidráulico: Deslindes y servidumbres, registro de aguas, catálogo de aguas privadas, censo de vertidos de aguas residuales, establecimiento de caudales mínimos y medioambientales. Añade además control y calidad de aguas, concesiones, caudales y volumenes mínimos y control de avenidas que afecten a más de una CA.
Acuerdos y convenios: Gestión de mercados de aguas, transferencias de agua entre cuencas, acuerdos y convenios internacionales.
Obras hidráulicas: Aprovechamientos que afecten a más de una CA, aprovechamientos realizados con fondos propios, seguridad de presas estatales y aprobación de planes de emergencia de presas.
Funciones delegables
Que afecten de forma significativa a una sola comunidad
Planificación: Explotación de acuíferos sobreexplotados o salinizados que afecten a una sola CA. Elaboración de programa y planes hidrológicos de subcuencas situadas íntegramente dentro de la CA y que no afecten a otras CCAA.
Dominio público hidráulico: Concesiones y autorizaciones, control de calidad de aguas y de régimen de caudales y de avenidas dentro de una CA y que no afecte a otras.
Obras hidráulicas: Aprovechamientos, obras de conservación de cauces, seguridad de presas e infraestructuras dentro de una CA.
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Las transferencias de agua entre cuencas, los mercados de agua, los caudales mínimos, la planificación hidrológica, las obras de infraestructura y el control del dominio público de los ríos que discurran por más de una comunidad autónoma no son «funciones delegables» por parte del Gobierno central a los ejecutivos regionales. Así figura en un documento interno de trabajo al cual ha tenido acceso La Verdad, en el que se analizan las vías para aumentar la participación de las comunidades autónomas en la gestión del agua en las cuencas intercomunitarias.
El Ministerio ha indicado que piensa defender sus competencias, y pone como prueba el Estatuto de Cataluña, en el cual no ha cedido a la pretensión del Tripartito para ejercer un dominio total sobre el río Ebro dentro de su territorio. Cataluña tampoco podrá emitir informes «determinantes» sobre futuros trasvases. En todo caso ese informe será «preceptivo». Sobre esta parte del Estatuto presentó recurso el Gobierno murciano.
Con este precedente, desde el PSOE murciano aseguran que correrán la misma suerte las reformas de los estatutos de Aragón, Andalucía,Castilla-La Mancha y Castilla-León, que pretenden blindajes similares para los ríos Ebro, Guadalquivir, Tajo y Duero.
El documento interno del Ministerio abunda en esta estrategia de salvaguardar las funciones propias del Estado cuando se refiere a las cuencas intercomunitarias del Norte, Tajo, Guadiana, Ebro, Segura y Júcar. «En estas cuencas la gestión debería en principio quedar asignada al organismo de cuenca, como en la actualidad, y no parece que en una primera aproximación al problema tuviera sentido la delegación de funciones generaliza (.) Podrían no obstante efectuarse convenios con las comunidades de encomiendas de gestión de aspectos no sustantivos», señala el informe.
Sobre el Guadalquivir, que ha desatado ahora la polémica, el documento señala que el 90% de su superficie y un 98% de su población son andaluces. Sostiene que «se justifica un mayor protagonismo en la gestión» por parte del Gobierno de Manuel Chaves.
El proceso de control y blindaje sobre los principales ríos españoles, iniciado por las comunidades autónomas con la reforma de sus estatutos de autonomía, se ha solapado con el otro proceso abierto por el Ministerio para reformar las confederaciones hidrográficas en aplicación de la Directiva Marco del Agua. Las confederaciones pasarán a llamarse demarcaciones; a la vez que asumirán el control sobre las aguas marítimas que ahora recae sobre las Demarcaciones de Costas.
Mayor participación
En el caso de la Confederación Hidrográfica del Segura, la propuesta que se está estudiando consiste en mantener la unidad de cuenca. Habrá ajustes en su delimitación territorial. Hasta ahora se han realizado dos reuniones bilaterales en las que se trata de dilucidar además el proceso de traspaso de competencias de las cuencas internas. Algunas comunidades ya las tienen asumidas, como Cataluña y Andalucía. El documento interno del Ministerio apunta que el traspaso de las cuencas intracomunitarias se hará «a media que lo soliciten» las comunidades autónomas.
En cuanto a la Región de Murcia, el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel no es partidario de asumir la gestión de la cuenca interna que se extiende desde el Puerto de la Cadena hasta el litoral, y que hidrológicamente es independiente de la cuenca del Segura.
El documento prevé también dar más competencias a las comunidades en los organismo de cuenca. En este sentido, los gobiernos regionales se incorporarán a las juntas de explotación y las comisiones de desembalses. También se reconsiderará su participación en las juntas de gobierno. Prevé asimismo que la designación del presidente del organismo de cuenca pueda realizarse a propuesta de las comunidades autónomas.
M. BUITRAGO/MURCIA
POSTURA MINISTERIAL
POSTURA MINISTERIAL
Funciones no delegables
Planificación: planificación hidrológica, incluidos planes estatales de infraestructuras. Explotación de acuíferos que afecten a más de una Comunidad Autónoma (CA).
Dominio público hidráulico: Deslindes y servidumbres, registro de aguas, catálogo de aguas privadas, censo de vertidos de aguas residuales, establecimiento de caudales mínimos y medioambientales. Añade además control y calidad de aguas, concesiones, caudales y volumenes mínimos y control de avenidas que afecten a más de una CA.
Acuerdos y convenios: Gestión de mercados de aguas, transferencias de agua entre cuencas, acuerdos y convenios internacionales.
Obras hidráulicas: Aprovechamientos que afecten a más de una CA, aprovechamientos realizados con fondos propios, seguridad de presas estatales y aprobación de planes de emergencia de presas.
Funciones delegables
Que afecten de forma significativa a una sola comunidad
Planificación: Explotación de acuíferos sobreexplotados o salinizados que afecten a una sola CA. Elaboración de programa y planes hidrológicos de subcuencas situadas íntegramente dentro de la CA y que no afecten a otras CCAA.
Dominio público hidráulico: Concesiones y autorizaciones, control de calidad de aguas y de régimen de caudales y de avenidas dentro de una CA y que no afecte a otras.
Obras hidráulicas: Aprovechamientos, obras de conservación de cauces, seguridad de presas e infraestructuras dentro de una CA.
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Las transferencias de agua entre cuencas, los mercados de agua, los caudales mínimos, la planificación hidrológica, las obras de infraestructura y el control del dominio público de los ríos que discurran por más de una comunidad autónoma no son «funciones delegables» por parte del Gobierno central a los ejecutivos regionales. Así figura en un documento interno de trabajo al cual ha tenido acceso La Verdad, en el que se analizan las vías para aumentar la participación de las comunidades autónomas en la gestión del agua en las cuencas intercomunitarias.
El Ministerio ha indicado que piensa defender sus competencias, y pone como prueba el Estatuto de Cataluña, en el cual no ha cedido a la pretensión del Tripartito para ejercer un dominio total sobre el río Ebro dentro de su territorio. Cataluña tampoco podrá emitir informes «determinantes» sobre futuros trasvases. En todo caso ese informe será «preceptivo». Sobre esta parte del Estatuto presentó recurso el Gobierno murciano.
Con este precedente, desde el PSOE murciano aseguran que correrán la misma suerte las reformas de los estatutos de Aragón, Andalucía,Castilla-La Mancha y Castilla-León, que pretenden blindajes similares para los ríos Ebro, Guadalquivir, Tajo y Duero.
El documento interno del Ministerio abunda en esta estrategia de salvaguardar las funciones propias del Estado cuando se refiere a las cuencas intercomunitarias del Norte, Tajo, Guadiana, Ebro, Segura y Júcar. «En estas cuencas la gestión debería en principio quedar asignada al organismo de cuenca, como en la actualidad, y no parece que en una primera aproximación al problema tuviera sentido la delegación de funciones generaliza (.) Podrían no obstante efectuarse convenios con las comunidades de encomiendas de gestión de aspectos no sustantivos», señala el informe.
Sobre el Guadalquivir, que ha desatado ahora la polémica, el documento señala que el 90% de su superficie y un 98% de su población son andaluces. Sostiene que «se justifica un mayor protagonismo en la gestión» por parte del Gobierno de Manuel Chaves.
El proceso de control y blindaje sobre los principales ríos españoles, iniciado por las comunidades autónomas con la reforma de sus estatutos de autonomía, se ha solapado con el otro proceso abierto por el Ministerio para reformar las confederaciones hidrográficas en aplicación de la Directiva Marco del Agua. Las confederaciones pasarán a llamarse demarcaciones; a la vez que asumirán el control sobre las aguas marítimas que ahora recae sobre las Demarcaciones de Costas.
Mayor participación
En el caso de la Confederación Hidrográfica del Segura, la propuesta que se está estudiando consiste en mantener la unidad de cuenca. Habrá ajustes en su delimitación territorial. Hasta ahora se han realizado dos reuniones bilaterales en las que se trata de dilucidar además el proceso de traspaso de competencias de las cuencas internas. Algunas comunidades ya las tienen asumidas, como Cataluña y Andalucía. El documento interno del Ministerio apunta que el traspaso de las cuencas intracomunitarias se hará «a media que lo soliciten» las comunidades autónomas.
En cuanto a la Región de Murcia, el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel no es partidario de asumir la gestión de la cuenca interna que se extiende desde el Puerto de la Cadena hasta el litoral, y que hidrológicamente es independiente de la cuenca del Segura.
El documento prevé también dar más competencias a las comunidades en los organismo de cuenca. En este sentido, los gobiernos regionales se incorporarán a las juntas de explotación y las comisiones de desembalses. También se reconsiderará su participación en las juntas de gobierno. Prevé asimismo que la designación del presidente del organismo de cuenca pueda realizarse a propuesta de las comunidades autónomas.