Los regantes de Almería adquieren tierras en Sevilla para 'llevarse' agua
Lun, 07/08/2006
n sevilla. Los regantes de la comarca almeriense del Almanzora han realizado una compra masiva de arrozales en la provincia de Sevilla para llevarse el agua de riego que concede a estas tierras la CHG (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir). Se trata, por tanto, de la primera venta de derechos de agua para usos agrarios que se da en Andalucía –para abastecimiento urbano sí hay experiencias previas–, ejecutada, a golpe de talón, por parte de la rica agricultura intensiva de Almería, considerada la despensa hortofrutícola de Europa.
En concreto, la sociedad Aguas del Almanzora ha adquirido nada más y nada menos que 1.600 hectáreas, en su mayoría a la familia sevillana Hernández Barrera –la fundadora de la arrocera Herba y hoy principal accionista de la empresa agroalimentaria Ebro Puleva–, por más de 40 millones de euros, según ha podido saber este diario.
Esa superficie representa casi el 5 por ciento de todo el arrozal existente en las marismas sevillanas y la operación, además de contar ya con la simpatía de la Junta de Andalucía y la CHG, goza del respaldo financiero de la caja de ahorros Unicaja y la rural Cajamar.
Los almerienses no acuden a Sevilla precisamente por el atractivo del arroz, sino por el de sus recursos hídricos –es uno de los cultivos que más consume–. La legislación española permite las transacciones de derechos de agua entre cuencas –Almería está al margen de la del Guadalquivir–, ya sean en propiedad o en alquiler. Tal posibilidad no se había ejecutado hasta ahora en el campo andaluz, aunque los agricultores del Almanzora, en alianza con murcianos y alicantinos, recientemente arrendaron a regantes de Madrid derechos sobre 30 hectómetros cúbicos, operación que está valorada en unos 6 millones de euros.
En las marismas, el proyecto inicial no era la propiedad del terreno, sino hacerse sólo con los derechos sobre el agua. Y no había nadie que los vendiera o los cediera de manera temporal. "Era lógico. Hablar de aguas aquí es como mentar la soga en casa del ahorcado , relata Julián Borja, presidente de la Federación de Arroceros, cuyos socios conocen muy bien qué es la sequía y qué es no tener con qué regar.
¿Cuánto caudal va a autorizar la CHG y de dónde se sacará para llevarlo a la comarca del Almanzora? El volumen hídrico está aún por decidir, pues la Confederación está enfrascada en no perder puntada de legalidad a una decisión, la de dar el agua, sin antecedentes y que podría engendrar polémica.
Según las cuentas hechas por los regantes y presentadas ante el organismo regulador de la cuenca, a los terrenos de arrozal adquiridos le corresponden 16,5 hectómetros cúbicos –para hacerse una idea, esta cifra equivale al 1,3 por ciento del desembalse total para una campaña normal de regadío en el Guadalquivir, que suele rondar los 1.200–. Para este año, como hay menores dotaciones ante el reducido nivel de los pantanos, los agricultores almerienses esperan en torno a 10 hectómetros cúbicos, indica su portavoz, Fernando Rubio.
¿Este año? En efecto. La CHG tendrá lista la autorización en unas semanas, a más tardar a mediados de septiembre y, en cualquier caso, antes de que cierre el grifo para dar por culminada la vigente temporada de riegos.
El caudal que llegará al próspero valle del Almanzora con cargo a los arrozales sevillanos se detraerá del embalse Negratín, en la provincia de Granada, que está conectado, a través de 120 kilómetros de tuberías, con esa zona agrícola almeriense. Se trata de un trasvase operativo desde hace tres años y no exento de polémica.
La controversia, con recursos judiciales incluidos, radica en la oposición de las comunidades de regantes de Sevilla, Córdoba, Granada y Jaén –y comandadas por la asociación Feragua– a que se trasvasen recursos hídricos desde una cuenca, la del Guadalquivir, que padece un déficit crónico de agua –se calcula en 700 hectómetros cúbicos, equivalentes al 22 por ciento de su capacidad global– debido a un crecimiento de los regadíos que no ha venido acompasado de más pantanos.
Ese rechazo no es por el volumen del trasvase, para el que este año la CHG ha autorizado 20 hectómetros cúbicos –más los que en breve aprobará por los derechos que pertenecen el arrozal adquirido–, sino por tratarse de una cuenca muy deficitaria, en la que sufrimos severas restricciones, y donde no hay garantía de agua para cultivos que ven amenazados su futuro , argumenta el presidente de Feragua, José Fernández de Heredia.
El no al trasvase no implica a priori una negativa también a la compraventa de derechos sobre el agua. Al contrario. José Fernández de Heredia reconoce estar a la expectativa sobre qué pasará con esta primera iniciativa almeriense. Es un experimento. A ver cómo sale , dice cauteloso, al tiempo que advierte que la CHG tendrá que hilar muy fino, dejar legalmente todo atado y bien atado, para evitar problemas posteriores . Y en esta faena está Juan Saura, el director técnico y quizás el cargo más respetado dentro de la Confederación Hidrográfica.
¿Y qué será de las fincas de arroz adquiridas y que no podrán irrigarse? Esa operación de compra lleva aparejado un traspaso a los nuevos propietarios de los derechos sobre ayudas comunitarias adscritos a las tierras. Esto implica que, aunque no se siembren, seguirán recibiendo la subvención desacoplada –se cobra con independencia de la cosecha obtenida–. Por ahí, ingresos asegurados. Son las cosas de la última reforma de la Política Agraria Común (PAC).
Pero, además, la intención de los agricultores almerienses es cultivar los arrozales siempre y cuando haya agua suficiente en su valle –acuíferos, trasvase normal desde el Negratín y la ahora en construcción desaladora del Bajo Almanzora–. Para el desarrollo agrícola hay dinero de por medio.
"Nosotros, los regantes, pagaremos el 70 por ciento de las obras del trasvase desde el Negratín, que han costado 200 millones de euros. Pagamos por las cesiones de agua de Madrid y pagamos en el arrozal . El campo almeriense, rentable.
En concreto, la sociedad Aguas del Almanzora ha adquirido nada más y nada menos que 1.600 hectáreas, en su mayoría a la familia sevillana Hernández Barrera –la fundadora de la arrocera Herba y hoy principal accionista de la empresa agroalimentaria Ebro Puleva–, por más de 40 millones de euros, según ha podido saber este diario.
Esa superficie representa casi el 5 por ciento de todo el arrozal existente en las marismas sevillanas y la operación, además de contar ya con la simpatía de la Junta de Andalucía y la CHG, goza del respaldo financiero de la caja de ahorros Unicaja y la rural Cajamar.
Los almerienses no acuden a Sevilla precisamente por el atractivo del arroz, sino por el de sus recursos hídricos –es uno de los cultivos que más consume–. La legislación española permite las transacciones de derechos de agua entre cuencas –Almería está al margen de la del Guadalquivir–, ya sean en propiedad o en alquiler. Tal posibilidad no se había ejecutado hasta ahora en el campo andaluz, aunque los agricultores del Almanzora, en alianza con murcianos y alicantinos, recientemente arrendaron a regantes de Madrid derechos sobre 30 hectómetros cúbicos, operación que está valorada en unos 6 millones de euros.
En las marismas, el proyecto inicial no era la propiedad del terreno, sino hacerse sólo con los derechos sobre el agua. Y no había nadie que los vendiera o los cediera de manera temporal. "Era lógico. Hablar de aguas aquí es como mentar la soga en casa del ahorcado , relata Julián Borja, presidente de la Federación de Arroceros, cuyos socios conocen muy bien qué es la sequía y qué es no tener con qué regar.
¿Cuánto caudal va a autorizar la CHG y de dónde se sacará para llevarlo a la comarca del Almanzora? El volumen hídrico está aún por decidir, pues la Confederación está enfrascada en no perder puntada de legalidad a una decisión, la de dar el agua, sin antecedentes y que podría engendrar polémica.
Según las cuentas hechas por los regantes y presentadas ante el organismo regulador de la cuenca, a los terrenos de arrozal adquiridos le corresponden 16,5 hectómetros cúbicos –para hacerse una idea, esta cifra equivale al 1,3 por ciento del desembalse total para una campaña normal de regadío en el Guadalquivir, que suele rondar los 1.200–. Para este año, como hay menores dotaciones ante el reducido nivel de los pantanos, los agricultores almerienses esperan en torno a 10 hectómetros cúbicos, indica su portavoz, Fernando Rubio.
¿Este año? En efecto. La CHG tendrá lista la autorización en unas semanas, a más tardar a mediados de septiembre y, en cualquier caso, antes de que cierre el grifo para dar por culminada la vigente temporada de riegos.
El caudal que llegará al próspero valle del Almanzora con cargo a los arrozales sevillanos se detraerá del embalse Negratín, en la provincia de Granada, que está conectado, a través de 120 kilómetros de tuberías, con esa zona agrícola almeriense. Se trata de un trasvase operativo desde hace tres años y no exento de polémica.
La controversia, con recursos judiciales incluidos, radica en la oposición de las comunidades de regantes de Sevilla, Córdoba, Granada y Jaén –y comandadas por la asociación Feragua– a que se trasvasen recursos hídricos desde una cuenca, la del Guadalquivir, que padece un déficit crónico de agua –se calcula en 700 hectómetros cúbicos, equivalentes al 22 por ciento de su capacidad global– debido a un crecimiento de los regadíos que no ha venido acompasado de más pantanos.
Ese rechazo no es por el volumen del trasvase, para el que este año la CHG ha autorizado 20 hectómetros cúbicos –más los que en breve aprobará por los derechos que pertenecen el arrozal adquirido–, sino por tratarse de una cuenca muy deficitaria, en la que sufrimos severas restricciones, y donde no hay garantía de agua para cultivos que ven amenazados su futuro , argumenta el presidente de Feragua, José Fernández de Heredia.
El no al trasvase no implica a priori una negativa también a la compraventa de derechos sobre el agua. Al contrario. José Fernández de Heredia reconoce estar a la expectativa sobre qué pasará con esta primera iniciativa almeriense. Es un experimento. A ver cómo sale , dice cauteloso, al tiempo que advierte que la CHG tendrá que hilar muy fino, dejar legalmente todo atado y bien atado, para evitar problemas posteriores . Y en esta faena está Juan Saura, el director técnico y quizás el cargo más respetado dentro de la Confederación Hidrográfica.
¿Y qué será de las fincas de arroz adquiridas y que no podrán irrigarse? Esa operación de compra lleva aparejado un traspaso a los nuevos propietarios de los derechos sobre ayudas comunitarias adscritos a las tierras. Esto implica que, aunque no se siembren, seguirán recibiendo la subvención desacoplada –se cobra con independencia de la cosecha obtenida–. Por ahí, ingresos asegurados. Son las cosas de la última reforma de la Política Agraria Común (PAC).
Pero, además, la intención de los agricultores almerienses es cultivar los arrozales siempre y cuando haya agua suficiente en su valle –acuíferos, trasvase normal desde el Negratín y la ahora en construcción desaladora del Bajo Almanzora–. Para el desarrollo agrícola hay dinero de por medio.
"Nosotros, los regantes, pagaremos el 70 por ciento de las obras del trasvase desde el Negratín, que han costado 200 millones de euros. Pagamos por las cesiones de agua de Madrid y pagamos en el arrozal . El campo almeriense, rentable.