La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, aseguró hoy que los españoles "debemos acostumbrarnos a convivir con una escasez de agua que tenemos que ser capaces de gestionar adecuadamente", porque España no sólo sufre sequías con regularidad, sino ahora también, los efectos del cambio climático.
Ese planteamiento, dijo, se está aplicando ya al diseño de los planes de sequía de las diferentes cuencas, que abordan la falta de lluvias "no como algo excepcional a lo que hay que dar una respuesta rápida pero improvisada, sino como un elemento que debe formar parte de la planificación hidrológica con carácter de normalidad".
Cristina Narbona recordó que la ley del Plan Hidrológico Nacional (PNH) de 2001 mandaba tener aprobados todos los planes de sequía antes de julio de 2003, pero también subrayó que al inicio de esta legislatura esa obligación no se había cumplido.
"Desde luego, no nos podíamos imaginar hasta qué punto esa carencia iba tener una importancia inmediata con el inicio, el año pasado, de un período de sequía que se prolonga en estos momentos", señaló la ministra en su discurso de apertura del curso "Agua:de la crisis a la cooperación", sobre política hidráulica, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Ante expertos y responsables políticos que este curso congrega cada verano en Santander desde 1992, la titular de Medio Ambiente hizo un llamamiento a la "responsabilidad" de instituciones públicas y privadas para "reorientar" la política hidráulica, desde el planteamiento que concebía el agua como un recurso "ilimitado y cuasi gratuito", hacia otro que reconoce que es un bien escaso que requiere una "gestión ambiental y económicamente eficiente".
Cristina Narbona argumentó que, "sin la implicación de la sociedad", será "totalmente insuficiente el empeño del Gobierno" por pasar de un modelo "en crisis", que "hacía descansar sobre la obra hidráulica gran parte de la respuesta a cualquier problema", a otro "basado en la gestión y en la consideración de los aspectos ambientales del agua como patrimonio común".
Ese cambio de modelo exige, continuó, actuar con "un principio de responsabilidad en el uso del agua que todavía no podemos decir que sea el criterio dominante", porque la Administración "podrá resolver determinadas cuestiones", pero el problema del agua requiere una "reacción de la sociedad en su conjunto".
Narbona alegó que "no hay más que seguir los medios de comunicación" para comprobar "lo complicado que es trasladar a la opinión pública la necesidad de una reorientación de la política del agua sin que haya alguien que se sienta ofendido o descalificado".
Sin embargo, se declaró "optimista", porque cree que cada vez hay más ciudadanos que tienen esa conciencia sobre el uso del agua, que piden que los ríos "estén limpios y vivos" y no sean "ni cloacas ni simples tubos de transporte de agua", o que denuncian las captaciones ilegales de recursos hídricos subterráneos.
La ministra recordó algunas de las medidas que ha tomado el Gobierno en este ámbito: obligar a que cualquier cambio urbanístico que implique demanda de agua se someta a informe de la confederación hidrográfica correspondiente, promulgar una ley sobre acceso a la información y participación ciudadana en materia ambiental, promover una modernización de regadíos que ahorrará 1.200 hectómetros cúbicos al año o diseñar los planes de sequía de cada cuenca.
El Ejecutivo también trabaja, indicó, "en una mejora sustancial de gestión de las aguas subterráneas" y en que se consolide "una verdadera política de actuación sobre los derechos concesionales", que permita "la reasignación de los derechos existentes" para hacer "el mejor uso posible del agua disponible".