Narbona presenta las obras para abastecer a la llanura manchega
Jue, 26/10/2006
Esta actuación forma parte del Programa AGUA que, con una inversión estimada de más de 400 millones de euros, garantizarán el abastecimiento a unos 500.000 habitantes de 90 municipios de la Llanura Manchega.
El Consejo de Ministros autorizó, el pasado 21 de abril, el convenio de colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Guadiana y Aguas de Castilla-La Mancha para la ejecución de una conducción de agua desde el Acueducto Tajo-Segura para mejorar el suministro y calidad de agua en la llanura manchega. La construcción de esta conducción, junto a otras actuaciones incluidas en el acuerdo entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ejecutivo castellano-manchego de 2005, beneficiará a 90 municipios de las provincias de Albacete, Ciudad Real y Cuenca.
Mensaje incoherente
Para el Ejecutivo central, esta infraestructura es una de las medidas fundamentales para la recuperación de los niveles hídricos de los acuíferos sobreexplotados y está destinada a obtener las máximas garantías en el suministro de agua y la mejor rentabilidad de los recursos a emplear.
Sin embargo, la plataforma por la defensa de los ríos Tajo y Alberche, a través de un comunicado, manifestó ayer su rechazo a las obras de transferencia hidráulica del trasvase Tajo-Segura a la llanura manchega, al argumentar que este nuevo trasvase «duplicará» las exigencias y la presión al Tajo. Al respecto, la plataforma considera que «no es de recibo ni coherente» que la Junta de Castilla-La Mancha «lance el mensaje de la caducidad del trasvase Tajo-Segura y a la vez inaugure a bombo y platillo una obra que supone un nuevo trasvase desde el río Tajo».
En este sentido, el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, reunió ayer a los miembros del Consejo Regional del Agua, que, como no podía ser de otra forma, mostraron su apoyo «por unanimidad» a la propuesta para que el Estatuto de Autonomía de la Comunidad recoja la necesidad de cogestión de los órganos de planificación y dirección en materia de agua y que incorpore una fecha de caducidad del trasvase Tajo-Segura, el año 2015, según la propuesta que el PSOE ha presentado al Partido Popular en las Cortes.
El Consejo de Ministros autorizó, el pasado 21 de abril, el convenio de colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Guadiana y Aguas de Castilla-La Mancha para la ejecución de una conducción de agua desde el Acueducto Tajo-Segura para mejorar el suministro y calidad de agua en la llanura manchega. La construcción de esta conducción, junto a otras actuaciones incluidas en el acuerdo entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ejecutivo castellano-manchego de 2005, beneficiará a 90 municipios de las provincias de Albacete, Ciudad Real y Cuenca.
Mensaje incoherente
Para el Ejecutivo central, esta infraestructura es una de las medidas fundamentales para la recuperación de los niveles hídricos de los acuíferos sobreexplotados y está destinada a obtener las máximas garantías en el suministro de agua y la mejor rentabilidad de los recursos a emplear.
Sin embargo, la plataforma por la defensa de los ríos Tajo y Alberche, a través de un comunicado, manifestó ayer su rechazo a las obras de transferencia hidráulica del trasvase Tajo-Segura a la llanura manchega, al argumentar que este nuevo trasvase «duplicará» las exigencias y la presión al Tajo. Al respecto, la plataforma considera que «no es de recibo ni coherente» que la Junta de Castilla-La Mancha «lance el mensaje de la caducidad del trasvase Tajo-Segura y a la vez inaugure a bombo y platillo una obra que supone un nuevo trasvase desde el río Tajo».
En este sentido, el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, reunió ayer a los miembros del Consejo Regional del Agua, que, como no podía ser de otra forma, mostraron su apoyo «por unanimidad» a la propuesta para que el Estatuto de Autonomía de la Comunidad recoja la necesidad de cogestión de los órganos de planificación y dirección en materia de agua y que incorpore una fecha de caducidad del trasvase Tajo-Segura, el año 2015, según la propuesta que el PSOE ha presentado al Partido Popular en las Cortes.