La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, propuso ayer al Consejo Nacional del Agua que en la reforma de la Ley de Aguas se establezcan unas recomendaciones de consumo de agua de en torno a un máximo de 60 litros por persona y día, y que a partir de esa cantidad se pueda penalizar el consumo excesivo con el objetivo de fomentar el ahorro y el uso eficiente del agua.
La propuesta de la ministra contrasta con la realidad oficial que recoge la «Encuesta sobre el suministro y tratamiento del agua» elaborada por el Instituto Nacional de Estadística que en 2004. Según los datos de esta encuesta, el consumo medio de agua por habitante y día en España fue de 171 litros, casi el triple del que la ministra considera que debe estar exento de penalizaciones.
Por la tarde, el ministerio admitía esa cifra y explicaba que era un «dato clave» para situar la voluntad del Gobierno de «garantizar» un consumo mínimo de 60 litros por habitante y día y penalizar su consumo abusivo.

Autoría ecologista

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, explicó que en la reforma de la Ley de Aguas se prevé introducir «una propuesta de modificación con la cual se reconoce el derecho de todos los ciudadanos a unos mínimos de abastecimiento de agua potable, que en principio, de acuerdo con una sugerencia de Ecologistas en Acción, se plantea que sea de un mínimo de 60 litros por habitante y día, que debe de formar parte de la oferta de las Administraciones en condiciones asequibles desde el punto de vista de las tarifas del agua, que deberían ser tarifas que desincentiven el consumo excesivo de agua potable».
La ministra de Medio Ambiente recordó que «ya hay ayuntamientos que tienen tarifas que incentivan el uso responsable del agua». Además subrayó que es una exigencia «si se quiere hacer una política del agua seria».
El objetivo del Gobierno, explicó, es por un lado garantizar el abastecimiento de agua y por otro contener su consumo excesivo.
Para ello pretende que la reforma de la Ley de Aguas introduzca unas recomendaciones de consumo de en torno a un máximo de 60 litros por persona y día, y que a partir de esa cantidad se pueda penalizar el consumo excesivo.
En esta línea, el Ministerio cree conveniente que los ayuntamientos, a través de las tarifas, desincentiven el uso abusivo del agua, aunque no cuantifica qué considera abusivo.
La ministra cree también que la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación establezcan medidas que permitan un uso más eficiente del agua en las edificaciones.
Asimismo, en la reforma de la Ley de Aguas prevista por el Gobierno se incorporará también el principio de recuperación de costes que obliga la Directiva Marco de Aguas, que establece «las estructuras tarifarias por tramos de consumo para atender las necesidades básicas a un precio asequible y desincentivar los consumos excesivos».
La ministra cree que para aplicar este principio de recuperación de costes en las obras destinadas a regadío se deben analizar «cuenca a cuenca y cultivo a cultivo» para determinar «en qué medida es factible reducir la subvención que este momento se realiza de manera implícita en el coste del agua».