La Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura recomendará al Consejo de Ministros hacer un trasvase de agua de 12 hectómetros cúbicos en diciembre para consumo humano y revisar la situación, en un plazo aproximado de mes y medio, para ver si las aportaciones permiten otro trasvase para usos agrarios.
Tras la reunión de la Comisión de Explotación, el director general del Agua, Jaime Palop, explicó en rueda de prensa que se ha acordado proponer al Gobierno un trasvase de 11 hectómetros cúbicos de agua para la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, y un hectómetro para el sistema Galasa, dentro de la cuenca del Almanzora.
Además, la Comisión propone al Ejecutivo que, en base a la "abundante" pluviometría registrada en la zona "y a que no existen riesgos de pérdida irreparable" para la agricultura, se posponga durante "el menor tiempo posible", la toma en consideración de otros temas que no sea el abastecimiento a las poblaciones, con el fin de garantizar la recuperación del sistema tras el periodo de sequía.
Palop, en la rueda de prensa, indicó que el abastecimiento a las poblaciones está garantizado en la cuenca del Júcar y en la del Almanzora, mientras que en la cuenca del Segura, dada la dependencia del acueducto Tajo-Segura- "todavía no está garantizado este abastecimiento" en el año hidrológico 2006-2007, por lo que -dijo- "tiene que llover más".
Destacó que estas propuestas se adoptan en base a "la responsabilidad absoluta" que supone garantizar el abastecimiento de agua a dos millones y medio de personas "sin restricciones", y a que la agricultura "no corre riesgos de pérdidas irreparables" en el corto plazo.
Recordó que le corresponde al Consejo de Ministros corroborar o no esta propuesta, y destacó que la Comisión de Explotación ha estimado que "todavía es muy pronto" como para entrar en consideraciones de más largo plazo y abordar cuestiones distintas al abastecimiento para consumo.
Indicó que "si bien es cierto que ha llovido" y que las aportaciones hacen pensar en un cambio de tendencia, éstas se deben consolidar en un plazo de un mes y medio para que el abastecimiento esté plenamente garantizado y para decidir otros posibles usos.
Recordó que la obligación del Ministerio es procurar que el sector agrícola tenga "los mínimos daños posibles", y precisó que el hecho de aplazar un mes la decisión sobre otra posible transferencia de agua para otros usos supone pensar en las posibilidades de actuación para todo el año agronómico