La financiación privada de infraestructuras públicas es un procedimiento habitual en sectores como el hospitalario o el de carreteras. Basta recordar las ingentes inversiones realizadas en el último año por la Comunidad de Madrid en su ambicioso plan de construcción de ocho hospitales públicos con gestión privada. Los beneficios económicos y de eficiencia de esta colaboración-público privada han hecho que numerosos sectores consideren la opción de poner en marcha planes para esta fórmula. En este sentido, el último que se ha apuntado a esta tendencia ha sido el Ministerio de Medio Ambiente, que ha acudido a las grandes constructoras españolas para financiar las 2.000 obras del segundo plan de saneamiento de aguas, que se extenderá hasta 2015.
El plan, cuya aprobación está prevista para las próximas semanas, requiere inversiones cercanas a los 20.000 millones de euros, que se destinarán a poner al día el servicio de aguas en relación con las directrices europeas sobre el mantenimiento de aguas.
Con sus respectivas divisiones, las constructoras financiarán el gran plan de aguas, que abarca un amplio abanico de actuaciones para la protección de las llamadas "zonas sensibles" próximas a las fuentes de abastecimiento, la construcción de tanques de tormentas para mitigar los efectos contaminantes de las trombas de agua y sus arrastres sobre las depuradoras urbanas, la construcción de plantas de tratamiento en poblaciones con más de 2.000 habitantes, la renovación de las viejas depuradoras y el tratamiento de lodos, con el fin de preservar los ecosistemas acuáticos y devolver el agua usada en buenas condiciones a los ríos.
El Ministerio de Medio Ambiente se ha comprometido a costear el 25% a través de sociedades estatales de aguas y Acuamed, que cuenta con una dotación de más de 3.000 millones de euros para desalinizar el agua equivalente al derogado trasvase del Ebro. En este sentido, Acuamed suscribe convenios con los ayuntamientos y los regantes beneficiados por cada desaladora que pone en marcha para recuperar parte de sus inversiones, cofinanciadas hasta 2008 con fondos europeos.
Como ha manifestado Julián Núñez, director gerente de Seopan -que es la patronal de las constructoras-, las autonomías se apresuraron a ampliar las zonas sensibles con la idea de reclamar al Estado la transferencia de fondos.
La fórmula que propone Seopan para la participación del sector privado en la financiación de las plantas es el peaje en sombra, que ya se emplea en las carreteras.
En líneas generales, el plan coincide en un momento de reajustes en las grandes constructoras de la actividad relacionada con el tratamiento de agua, que suele ir englobada en la gestión de los residuos y que en los últimos años ha ganado gran peso en su cartera de negocios, tanto en el mercado interno como en su proyección exterior.
Por ejemplo, al poco tiempo de haber comprado la británica WRG dedicada a residuos por más de 2.000 millones de euros, FCC ganó un contrato de recogida de residuos en Londres por 900 millones de euros en 25 años.
Acciona, por su parte, ha comprado Pridesa, una compañía pionera en desalinización, al grupo RWE por 150 millones, un año después de que ésta se hubiese fusionado con Ondagua, empresa dedicada a los abastecimientos. A raíz de estas operaciones, ha creado la división Acciona Agua, compuesta por la integración de Ondagua, Pridesa, Gasba e Infilco.
Ferrovial tampoco ha querido quedarse y, mediante Cadagua, mantiene su apuesta por la desalinización, un sector en el que España se muestra altamente competitivo, como demuestra la pujanza del área mediterránea en esta materia.