ES indudable que en nuestro país hay, desde hace tiempo, conflictos en torno al agua. Basta recordar las masivas manifestaciones en torno al trasvase del Ebro. Las manifestaciones aragonesas en contra del trasvase del Ebro terminaron, ya que esta infraestructura fue cancelada en 2004. Pero los defensores de esa infraestructura continúan activos. Los partidos políticos están utilizando el agua como arma arrojadiza, pero pensar que la causa principal es una excesiva politización no es realista. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha los partidos principales se han puesto de acuerdo para que en su nuevo Estatuto se fije una fecha para que las aguas del Tajo no continúen siendo transvasadas a otra cuenca.
Las tres causas radicales de los conflictos hídricos españoles son: las subvenciones perversas, la manipulación de los datos y el colosal caos en las aguas subterráneas.
Subvenciones perversas son aquellas que son malas para la economía y el medio ambiente. Con frecuencia estas subvenciones perversas están destinadas a grandes infraestructuras hidráulicas, entre ellas tanto el cancelado trasvase del Ebro como las desaladoras del vigente Plan Agua. Ambas soluciones van contra el espíritu de la vigente Ley de Aguas de la Unión Europea. En ella se recomienda que el beneficiario del agua pague los costes íntegros de las obras necesarias. Esto no se va a aplicar al caso de las desaladoras de agua de mar destinadas al regadío. Será muy difícil que esa agua tenga un coste inferior a un euro por metro cúbico. El Gobierno está ofreciéndola a unos treinta céntimos. Los setenta céntimos restantes les vamos a pagar todos los españoles.
En varios documentos del Programa Agua se afirma que la transparencia y la disponibilidad de información no sesgada ni manipulada es un compromiso prioritario del Gobierno. Una segunda causa radical es que casi todos los grupos en conflicto sólo dicen una parte de la verdad, que suele ser la peor de las mentiras. Eso crea un clima de desconfianza entre las partes en litigio que hace muy difícil encontrar su solución. Valgan dos ejemplos. En amplias zonas del levante español se sostiene que es una de las zonas donde hay mayor proporción del eficiente sistema de riego por goteo. Y esto es verdad. Pero no se dice que en esas zonas existe una considerable superficie de regadíos ilegales y de regadío por inundación, Otro ejemplo de incoherencia es el de los nuevos regadíos del Segre en Lérida que recientemente ha aprobado y financiado el Gobierno. Uno de los argumentos principales para la cancelación del transvase del Ebro fue su posible impacto en el delta del Ebro. Pues bien, el impacto en el delta del Ebro de esos regadíos va a ser mayor que el del cancelado trasvase del Ebro.
La tercera causa radical es el colosal caos que existe en la gestión del agua subterránea en nuestro país. España constituye un ejemplo paradigmático de la revolución silenciosa del uso intensivo de las aguas subterráneas. Este es un fenómeno nuevo que se ha producido en casi todas las regiones áridas o semiáridas del mundo. Se debe a que la tecnología moderna permite obtener de modo rápido y relativamente barato cantidades importantes de agua subterránea. Millones de agricultores han perforado por su cuenta millones de pozos. Se trata de una revolución silenciosa pues, en general, en sus respectivos países se ha hecho al margen de las autoridades gubernamentales responsables del agua, que sólo se han ocupado de aguas superficiales y han ignorado las aguas subterráneas. Esa revolución ha producido grandes beneficios pero también algunos problemas, como la degradación de algunos ecosistemas, por ejemplo: el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. El primer Gobierno socialista aprobó en 1985 una nueva Ley de Aguas en la que declaraba casi todas las aguas subterráneas de dominio público. La realidad es que la aplicación de esa ley ha sido casi nula. Después de más de veinte años seguimos sin que exista un inventario legal de los pozos existentes y de sus derechos de extracción. En 2002 el Gobierno del PP inició para resolver este problema el denominado Plan Alberca, que debía terminarse en el 2008, lo cual es muy dudoso que se cumpla. Por otra parte, este plan aspira a inventariar como mucho medio millón de pozos cuando en España el número de pozos existentes es superior a dos millones. En resumen, más de las tres cuartas partes de las captaciones de agua subteránea continuarán siendo ilegales.
TODO esto resulta todavía más chocante si se tiene en cuenta que hace ya casi seis años la Fundación Marcelino Botín terminó un relevante trabajo de investigación sobre la situación de las aguas subterráneas en España, estudio que se tradujo en la publicación de ocho libros y trece monografías de repercusión internacional.
Estos tres problemas no se va a solucionar con una nueva modificación de la ley de Aguas de 1985, ya cambiada cuatro veces en los veinte últimos años. En mi opinión, el tema requiere tres acciones fundamentales. La primera es transparencia por parte de todos, pero el primero que tiene que dar ejemplo es el Gobierno. En segundo lugar hace falta paciencia. Veinte años largos de errores y omisiones no se corrigen de la noche a la mañana. En tercer lugar, y no menos importante, la corrección del colosal caos en las aguas subterráneas requiere un cambio drástico en la mentalidad de los dirigentes de la Dirección General del Agua. Para ellos las aguas subterráneas siguen estando en la caseta del perro.
Manuel Ramón Llamas es académico de la Real Academia de Ciencias RLL.