A la espera de los cambios en la actual Ley de Aguas, derivados de la directiva europea sobre la materia, el abastecimiento de agua se enfrenta a tres claros desafíos: el logro de la eficiencia en el uso ante una oferta que no se prevé que aumente de forma sustancial, la adecuada recuperación del coste mediante un sistema de precios, tarifas y tasas, y la configuración de adecuadas políticas de infraestructuras que decidan entre trasvase o desaladora en función de criterios exclusivamente técnicos y económicos, en lugar de políticos.
En este sentido se pronuncia el Círculo de Empresarios, que en su reciente informe El Agua en España apostaba en este punto por un modelo mixto que ubique desaladoras u opte por el trasvase en función de criterios geográficos.

El agua es un negocio de red que da lugar, según el Círculo, a que algunos de sus tramos se gestionen por el sector privado, como en el caso de Reino Unido.
En 2006, 1.319 empresas se dedicaban a la gestión de aguas -públicas, privadas o mixtas- que se reparten un mercado cercano a los 2.900 millones de euros tan sólo en el abastecimiento urbano, y que ha anotado un crecimiento medio anual del 5,4% en los últimos diez años, según el Servicio de Estudios de Caja Madrid. Puntualiza en un informe esta entidad que "dado el peso de las grandes urbes en el consumo de agua, los entes públicos suponen el 42% de la gestión del agua abastecida" .

Queda aún sin resolver la adecuada recuperación del coste vía precios, pues aún es insuficiente. En 2010, deberá estar configurado un nuevo sistema de precios que traslade al usuario todos los costes del ciclo integral del agua, en línea con la directiva de la UE.