El Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) recibió ayer el visto bueno del Consejo del Agua de la Cuenca, penúltimo trámite antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros, que en última instancia tiene que dar su plácet. El documento, que se ha debatido durante algo más de año y medio, tuvo 28 votos a favor, 12 abstenciones y un único voto en contra, el del representante de los ecologistas, José Manuel Hernández, uno de los pocos entusiastas del plan en sus inicios, «pero sólo si el Plan era el resultado de un gran consenso, no ha sido así, y he tenido que votar no», explicó a este periódico. Hernández cree que la cesión de 200 hectómetros cúbicos de agua anuales para regar 125.000 hectáreas , el tope fijado en el Plan, no garantiza el cumplimiento de los objetivos de recuperación de los acuíferos ni cumple con lo establecido por la directiva marco del agua, que insta a España a recuperar sus aguas subterráneas en 2015 o como muy tarde —con prórrogas de seis años— en 2027. «Con este Plan nos vamos a 2042», asegura. Presiones de la Junta Además de la negativa de los grupos Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO-BirdLife y WWF/Adena consideran que la Confederación Hidrográfica del Guadiana ha cedido en exceso ante las presiones procedentes de la Junta de Castilla-La Mancha y de los regantes y creen que el documento constituye en realidad «un plan agrario, no medioambiental», de cuya efectividad final desconfían profundamente. Entre los votos a favor del Plan Especial del Guadiana destaca el del presidente de la Comunidad General de Regantes del Acuífero 23, Agustín Apio, o el de la presidenta de la comunidad de regantes de Alcázar de San Juan, Araceli Olmedo, muy críticos hasta la fecha con el Plan Especial, es más, para José Manuel Hernández, «han sido algunos de los que lo han boicoteado», «que hayan cambiado ahora su postura no hace más que acrecentar las dudas que ya teníamos», agregó. Asaja, la organización agraria cuya postura ha sido la más crítica con el Plan Especial del Alto Guadiana, también está en contra de este plan. «No nos vale, es surrealista, indefinido e inseguro», afirmó Florencio Rodríguez, secretario provincial de la organización. No obstante, Asaja no votó en el Consejo del Agua de la Cuenca de ayer que se celebró en Ciudad Real, porque «nadie nos ha convocado» (al parecer con COAG y UPA estaba cubierto el cupo legal de organizaciones representantes del sector agrario). La organización sigue pensando que el Plan, que sin embargo si recibió el visto bueno de los regantes, «es medioambiental, pero no agrario». A millón por kilómetro Los ecologistas por su parte creen todo lo contrario, que se trata de un nuevo plan agrario similar a programas anteriores de compensación de rentas, de cuya eficacia para recuperar los sobreexplotados acuíferos manchegos discrepan. «Se nos ha dicho que el plan estará dotado de 5.530 millones de euros, si el acuífero 23 tienen 5.500 kilómetros cuadrados, estamos hablando de que se va a comprar cada kilómetro a un millón de euros». La administración por su parte habla de que el Plan obtuvo «una amplia mayoría» y lo remitirá en breve al Ministerio de Medio Ambiente que decidirá el siguiente paso a seguir de los dos posibles, o al Consejo Nacional del Agua, o al Consejo de Ministros directamente, como le gustaría al presidente Enrique Calleja, para que los fondos «lleguen cuanto antes». El PEAG, que se quiere sea ratificado por el Ejecutivo central este mes de julio, además de contar con un presupuesto de 5. 530 millones de euros, incorporará un plan de forestación de la zona dotado con unos 1. 200 millones de euros.