La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) reivindica que la administración de todos los ríos de España sea competencia exclusiva del Estado, para evitar descoordinaciones y falta deeficacia en las acciones de planificación fluvial.

El presidente de Fenacore, el cordobés Andrés del Campo, ha criticado la ineficacia derivada de que cada comunidad autónoma pretenda asignarse, a través de los respectivos estatutos de autonomía, competencias exclusivas sobre los trechos de los ríos interregionales que transcurren por sus territorios.

Del Campo pronostica que la descoordinación hidrológica que se está produciendo a partir de esta dinámica disgregadora acarreará graves consecuencias en algo tan fundamental como es la disponibilidad de agua, y para ilustrar con un ejemplo los efectos indeseables que pueden producirse en casos de falta de coordinación entre Administraciones públicas cita lo ocurrido recientemente con los gravísimos incendios de Canarias, al igua que hace dos años en el de Guadalajara.

El presidente de Fenacore recuerda los casos más importantes de esta tendencia de reivindicar cada región el dominio sobre ‘sus’ ríos: Castilla y León quiere gestionar directamente el Duero; Castilla-La Mancha, el Tajo y el Júcar, Andalucía reclama el Guadalquivir, y Cataluña y Aragón propugnan la gestión individualizada de sus respectivos tramos del Ebro y se oponen conjuntamente a cualquier trasvase.

Los ríos se ‘trocean’
Fruto de esta tendencia política regionalista, los ríos se están troceando artificialmente en los textos reformados de cada estatuto de autonomía, lo que, además de ser un completo ejercicio de insolidaridad y de abrir sucesivas guerras del agua (ya se multiplican los recursos deanticonstitucional de unos contra otros), se rompe un sistema que ha sido modélico en el mundo, el de la gestión hidrológica por unidades de cuencas geográficas, naturales e indivisibles en cuanto a la gestión del agua, superando las divisiones político-administrativas.

Fenacore señala que se está pasando del principio modélico de que ‘‘el agua es de todos’’, donde España fue pionera y enseñó el camino a otros países, al de que ‘‘el agua es nuestra’’, donde cada cual pretende dominar lo que ve como suyo y se lo niega a los demás. Un paso atrás, en opinión de Andrés del Campo, que ‘‘acarreará consecuencias negativas para todos y una enorme pérdida de eficacia’’.

Fenacore ha encargado estudios jurídicos sobre los cambios pretendidos en esta materia en los nuevos estatutos autonómicos y los dictámenes de los especialistas advierten de que las comunidades autónomas no tienen competencias para evitar trasvases (como lo hacen Aragón y Castilla-La Mancha), asumir obras hidráulicas de interés general (Cataluña) o imponer exigencias para consentir transferencias de agua (Andalucía y Castilla y León).

Estas son cuestiones que son y deben ser competencia exclusiva del Estado, asegura la Federación Nacional de Regantes, señalando que las citadas iniciativas autonómicas están ‘‘menoscabando las competencias de las actuales confederaciones hidrográficas’’.

La tendencia es implantar una gestión individualizada de cada tramo de río, ‘‘dividiendo el conjunto de forma artificial e imponiendo cada autonomía un régimen diferente para los caudales que atraviesan su territorio’’, lo que Fenacore ve como ‘‘inadecuado’’, reclamando que se imponga el criterio de la gestión unitaria e indivisible de cada cuenca y en manos del Estado.