La situación es tan delicada que el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Confederación Hidrográfica, se dispone a adoptar medidas extremas para garantizar el suministro de agua de beber a los núcleos urbanos de la Valencia metropolitana y a Albacete. Y los grandes perjudicados de esta crisis volverán a ser los cultivos agrarios. En efecto, la CHJ proyecta afrontar la próxima campaña de riegos con restricciones de entre el 55% en el regadío tradicional del Júcar y el 75% en el regadío no tradicional.
La autoridad reguladora de la cuenca asegura que el abastecimiento para el denominado uso de boca está garantizado. No obstante, ha reclamado al Ayuntamiento de la capital albaceteña que vuelva a reactivar sus viejos pozos para dejar de extraer aguas superficiales del río y ante la «muy delicada» situación del embalse de Alarcón proyecta reducir drásticamente la población de peces -tal como se hizo en la pasada década de los años 90- para evitar que una eventual mortandad por falta de agua contamine el líquido que llega a los grifos de Valencia.
Esta situación de emergencia hace más acuciante aún, por si no lo fuera ya suficiente, la búsqueda de soluciones. Y al margen de la opción política por el trasvase del Ebro o por las desalinizadoras, el enfrentamiento entre administraciones no puede bloquear las obras ya en marcha que pueden amortiguar los efectos de la sequía.