La agricultura sigue consumiendo la mayor parte del agua en España, por lo que cualquier acción encaminada a ahorrar recursos hídricos en los cultivos da buenos resultados, porque es más factible conseguirlos donde se parte de una situación precaria y porque, al actuar sobre grandes caudales, a poco que se logre porcentualmente representa mucho en cifras absolutas.
De hecho, tras grandes esfuerzos inversores en modernización de regadíos en los últimos años, ya no se habla de que la agricultura consume el 80% del agua en España; ahora se ha rebajado el porcentaje al 65%, y eso que en algunas autonomías ha aumentado la superficie regada (no en la Comunitat Valenciana, donde ha bajado). Sin embargo, esta satisfactoria evolución en el marco hidrológico no ha salido gratis, ni en dinero, por supuesto, ni en términos energéticos, porque el ahorro de agua se consigue a base de gastar mucho en tecnología y en nuevos dispositivos y de consumir más energía, con lo que suben los costes para los usuarios y además se genera un problema añadido.
Ahorrar agua implica gastar más energía. Es una ecuación casi inevitable, que se hace aún más evidente cuando hablamos de cambiar los viejos usos del riego agrícola de 'inundación' por la instauración de modernos sistemas de riego localizado, sobre todo el gota a gota. Llevar el agua hasta un gotero que la deposita lentamente a los pies de la planta exige gastar gran cantidad de energía para filtrar el caudal, a fin de que no haya obturaciones, elevarlo (son sistemas que necesitan funcionar a presión) e inyectar fertilizantes.
Todos los planes de modernización de regadíos, en los que está inmersa la Comunitat Valenciana y el resto de España, se traducen, entre otras cosas, en el empleo de mayores cantidades de energía que antes, bien sea electricidad o gasóleo, para mover las complejas maquinarias de bombeo y control.
Se ha conseguido ahorrar agua, pero el saldo no es enteramente positivo, puesto que se ha desequilibrado por el lado energético, y el agricultor pasa a pagar más cara el agua resultante. Quizás ha ganado en eficiencia, comodidad, flexibilidad y hasta en beneficios solidarios para la sociedad, pero a cambio de quemar energía y de pagar el agua más cara.
Ahora, con el fortísimo encarecimiento de la electricidad, el agua de riego se va a encarecer aún mucho más, porque la envergadura de la subida para estos usos, a partir de mañana, 1 de julio, no tiene nada que ver con los términos de aumento para los consumos domésticos. Nada del 6% ó 7% de subida, como ha venido diciendo el Gobierno; en el riego estamos hablando de incrementos casi escandalosos, porque oscilan entre el 30% y el 100%, y los mayores son precisamente en los periodos horarios de menor consumo colectivo. Así que se penaliza a quienes ya venían regando de noche, en fines de semana y en días festivos.
Será más difícil convencer
Estamos ante un importante encarecimiento del precio del agua agrícola, debido al 'subidón' desmesurado de las tarifas eléctricas para extraer, elevar y gobernar el agua. Esto es consecuencia de desaparecer las tarifas especiales de riego y las de alta tensión y de quedar los usuarios afectados en el mercado liberalizado. Y en este caso libertad de mercado parece que implica encarecimiento obligado.
Una situación que preocupa mucho a los agricultores, conforme se van enterando de lo que les aguarda a partir de mañana, a los responsables de las comunidades y agrupaciones de regantes, y también a técnicos y políticos implicados en los planes de modernización de regadíos, porque se encuentran con que lo que se ha invertido para ahorrar se traduce ahora en un sobrecoste insoportable, y muchos afectados comienzan a cuestionar por qué se les metió en una aventura que ahora les acarrea esta adversa consecuencia inesperada. Y por otra parte, ¿cómo se va a convencer a partir de ahora a los agricultores pendientes de modernizar que deben aceptar los nuevos planes, en un panorama de tarifas eléctricas mucho más caras? Preferirán seguir como están. Y tampoco es plan.
De toda la superficie con cultivos agrícolas de la Comunitat Valenciana (cerca de un millón de toneladas), sólo algo más de un tercio, unas 350.000 hectáreas, tienen derechos consolidados para disponer de agua de riego. De ellas se riegan en estos momentos algo menos de 300.000 hectáreas y casi 200.000 son de cítricos (dos tercios de toda la superficie citrícola española). El resto de la superficie con derecho a regarse pero que no se riega corresponde a parcelas de comunidades de regantes que no se han transformado y a campos agrícolas que han dejado de serlo y su espacio lo ocupan ahora toda clase de construcciones e infraestructuras.
El riego resulta vital para aprovechar las posibilidades de producción sobre un terreno cuando no hay lluvias durante largos periodos de tiempo, como pasa en la Comunitat Valenciana. Para obtener alimentos hace falta tierra fértil, clima apropiado y humedad suficiente que permita el desarrollo de las plantas. Y si no llueve, es preciso aportar agua, hay que regar.
La forma de riego tradicional, como se realiza desde tiempo inmemorial, es por gravedad, aprovechando el natural discurrir del agua por sus cauces, pero en las últimas décadas asistimos a una auténtica revolución, al generalizarse los modernos sistemas de riego localizado, que ahorran agua, pero precisan mucha energía. Y el esfuerzo inversor queda en entredicho con el encarecimiento actual de la electricidad y, más aún , con la pérdida del concepto de que el riego agrícola necesita un trato especial, como el que tenía.