El Ministerio de Medio Ambiente confirmó ayer que el nuevo trasvase de agua a Levante desde la cuenca del Tajo en Extremadura —de la que ABC informaba el domingo—, es una de las opciones que baraja el Gobierno central para afrontar el déficit hídrico en España. «Es una opción más entre muchas», aseguraron desde este Ministerio. Si bien «aún no existe ninguna propuesta ni decisión al respecto», fuentes del Ministerio señalaron a Servimedia que cualquier trasvase que se ponga en marcha habrá de cumplir tres principios, tal como ha reiterado la ministra Elena Espinosa en diversas ocasiones: que sea «medioambientalmente sostenible, económicamente viable y socialmente aceptable». El proyecto que estudia el Gobierno y cuyo coste podría rondar los 1.200 millones de euros, es construir un nuevo acueducto entre Extremadura y el Sureste de España. Se trata de una propuesta para derivar entre 500 y 600 hectómetros cúbicos anuales desde el pantano de Valdecañas (Cáceres), alimentado por el Tajo, hasta La Roda (Albacete), donde conectaría con el acueducto Tajo-Segura, que abastece a Murcia, Alicante y Almería. El acueducto de Extremadura a La Roda permitiría conectar cuatro cuencas hidrográficas y seis provincias e inyectar más agua al acueducto Tajo-Segura, que no cumple con los objetivos que se habían marcado, debido a la incapacidad de los pantanos de cabecera (Entrepeñas y Buendía) de generar los excedentes necesarios para derivarlos al Sureste. Giro en la política del agua La confirmación realizada ayer por el Ministerio no sólo ha reabierto la guerra del agua, sobre todo entre las cuatro comunidades afectadas —Castilla-La Mancha, Murcia, Valencia y Extremadura— sino que supone la reafirmación de un giro por parte del Gobierno a la política del agua que llevó adelante en la pasada legislatura y que estaba centrada principalmente en la construcción de desaladoras. Ya en abril de este año, y ante la dura sequía que azotaba a Cataluña, el Ejecutivo de Zapatero comenzó a introducir giros casi copernicanos en su política hídrica, al aceptar la puesta en marcha de la prolongación hacia Barcelona del trasvase del Ebro, a la que no dudó en llamar «conducción», para no poner en evidencia los escasos resultados de su gestión del agua. Dos meses después, el 6 de junio, las intensas lluvias de la primavera le obligaron a dar marcha atrás y derogar este segundo trasvase del Ebro. Los enfrentamientos que ha generado entre las cuatro comunidades afectadas la posibilidad de inyectar más agua al acueducto Tajo-Segura desde el pantano de Valdecañas, no ha hecho más que empezar. El vicepresidente primero del Ejecutivo castellano manchego, Fernando Lamata, calificó ayer de «disparate» el proyecto e instó a su homólogo murciano a «cambiar el chip» en materia de agua y comenzar a pensar en alternativas «estables y decididas» al trasvase del Tajo al Segura. como el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) o la desalación. Lamata fue más allá y también recordó al Ejecutivo de Zapatero el compromiso adquirido con su comunidad «de que no habría ninguna decisión de agua en contra de Castilla-La Mancha». Asimismo, insistió en que ya «hay un trasvase que está a punto de caducar, como el del Tajo y no se puede sustituir por otro». Este extremo es el que más preocupa al Gobierno valenciano. El consejero de Medio Ambiente, José Ramón García, subrayó que la prioridad es que «se garantice el trasvase Tajo-Segura, al contrario de lo que afirma el Estatuto de Castilla-La Mancha», que fija como límite el año 2015. «Una vez que exista esa garantía —aseguró—, no nos parece mal que se complemente con el trasvase del Tajo Medio, pero no nos entretengan con el Tajo Medio, mientras se aprueba un estatuto que cuestiona un trasvase el (Tajo-Segura), fundamental para el abastecimiento de la provincia de Alicante». Desde Murcia, la senadora del PP, María José Nicolás, lanzó una dura crítica a la gestión del agua del Gobierno central, al asegurar que «ha quedado sobradamente demostrado que la desalación ha sido un rotundo fracaso, a pesar de la defensa que ha hecho el Partido Socialista de la Región de Murcia (PSRM) que por sumisión a su partido abandonó la defensa de los trasvases cuando la región más les necesitaba». Asimismo, recordó que el gobierno regional «ya venía diciendo que la desalación masiva era perjudicial para la agricultura murciana y sólo podría representar un recurso complementario a los trasvases». Denuncia del PP El portavoz de Medio Ambiente del PP en el Congreso, Carlos Floriano, criticó «la falta de una política hidráulica pensada, sensata y razonable» del Gobierno socialista, que sólo «ha apostado por soluciones coyunturales para salir del paso», después de derogar en 2004 el Plan Hidrológico Nacional que había aprobado el Gobierno de José María Aznar. «Aquí —señaló— ha habido un trasvase, que ha sido el trasvase de la incompetencia de Cristina Narbona a la incompetencia de Elena Espinosa porque después de cinco años de haber tomado la riendas del Gobierno no han sabido solucionar un problema tan grave como es el del agua».