Feragua confía en que el Acuerdo Andaluz por el Agua sirva para reformar la Administración Andaluza del Agua
Jue, 18/09/2008
La Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua) mostró hoy su confianza en que el Acuerdo Andaluz por el Agua sirva para reformar la Administración Andaluz del Agua tras la visita del director de la Agencia Andaluza del Agua, Jaime Palop, quien expuso los objetivos y contenidos fundamentales del primer borrador de dicho acuerdo.
En un comunicado, Feragua señaló que se comprometieron a estudiar en detalle la propuesta y valoraron positivamente esta iniciativa de activar el diálogo con los agentes económicos y sociales a fin de llegar a un gran pacto sobre el agua en Andalucía, similar al que se firmara en julio de 2005 sobre el Guadalquivir, cuando Palop era presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).
"Así como aquel pacto ha servido para propiciar importantes mejoras y avances, entre ellas el impulso a la modernización y la paralización de nuevas demandas de riego, esperamos también que este nuevo acuerdo siente las bases de una gestión más eficiente y racional de los recursos hídricos", señaló el presidente de Feragua, José Fernández de Heredia, al término de la exposición de Palop a su Junta de Gobierno.
Feragua indicó que espera que este Acuerdo Andaluz por el Agua sirva para poner "un poco de orden y de lógica" en la Administración Andaluza del Agua y vio con "esperanza e ilusión" que "al menos" en el diagnóstico de la situación que realiza el acuerdo haya "bastantes coincidencias con los planteamientos que viene defendiendo el regadío".
Así, los regantes afirmaron estar "plenamente" de acuerdo en que existen en la actualidad "procedimientos administrativos heterogéneos y disfuncionales estructurales que deben corregirse de forma urgente en pro de una mayor eficacia, racionalidad y agilidad".
También valoraron el hecho de que el acuerdo subraye expresamente que "el ámbito de la cuenca debe permanecer como ámbito físico imprescindible para la planificación y gestión hidráulica", por lo que señaló que esperan que esto se traduzca en una "reforma completa del actual modelo de la Agencia Andaluza del Agua, que evite la bicefalia que hoy existe en las cuencas litorales".
"El choque entre las estructuras provinciales y las de cuenca está produciendo parálisis de iniciativas, déficit de inversiones, caos e ineficacia administrativa, y una politización insoportable de la gestión hidráulica", explicó Fernández.
Feragua indicó que confía en que este gran pacto de la Administración andaluza con los agentes económicos y sociales implicados en la gestión hidráulica ponga de manifiesto la necesidad de realizar una transposición flexible de la Directiva Marco de Aguas, acorde con las peculiaridades climáticas y socioeconómicas de las cuencas mediterráneas.
"Tenemos una Directiva Marco de Aguas muy loable en sus objetivos ambientales, pero quizás concebida desde enfoques centroeuropeístas, y la propia Directiva reconoce la necesidad de ajustar los planteamientos a las particularidades de cada territorio", subrayó
Para el presidente de los regantes andaluces "hay que aprovechar este Acuerdo para poner de manifiesto las singularidades de la región andaluza y la necesidad de una transposición adaptada y flexible de los postulados de esta Directiva, siendo la prioridad garantizar las satisfacción de todas las demandas existentes en una región seca como Andalucía, donde sequías e inundaciones se repiten cíclicamente".
Feragua estimó que, en la resolución del déficit hídrico andaluz, se tienen que integrar obligatoriamente tanto las políticas de demanda como las políticas de ofertas.
Por último, los representantes del regadío andaluz mostraron su oposición al canon de regulación para aguas subterráneas previsto en el primer borrador de este acuerdo, por considerar que "tiene un encaje difícil en la legislación española y porque además crearía una situación discriminatoria para los regantes andaluces, que perderían competitividad, pues no existe este impuesto en ninguna otra comunidad española".
Feragua señaló que "incorporar un nuevo impuesto sobre el agua a la precaria situación que padece la agricultura de regadío, hipotecada a largo plazo por los proyectos de mejora de regadíos, inmersa en una sequía que ya dura cuatro años y con una reforma de la Política Agrario Común (PAC) que pone en peligro la viabilidad de cultivos tan importantes como el algodón y la remolacha, crea dificultades para avanzar en las negociaciones con el regadío para adherirse al acuerdo".
En un comunicado, Feragua señaló que se comprometieron a estudiar en detalle la propuesta y valoraron positivamente esta iniciativa de activar el diálogo con los agentes económicos y sociales a fin de llegar a un gran pacto sobre el agua en Andalucía, similar al que se firmara en julio de 2005 sobre el Guadalquivir, cuando Palop era presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).
"Así como aquel pacto ha servido para propiciar importantes mejoras y avances, entre ellas el impulso a la modernización y la paralización de nuevas demandas de riego, esperamos también que este nuevo acuerdo siente las bases de una gestión más eficiente y racional de los recursos hídricos", señaló el presidente de Feragua, José Fernández de Heredia, al término de la exposición de Palop a su Junta de Gobierno.
Feragua indicó que espera que este Acuerdo Andaluz por el Agua sirva para poner "un poco de orden y de lógica" en la Administración Andaluza del Agua y vio con "esperanza e ilusión" que "al menos" en el diagnóstico de la situación que realiza el acuerdo haya "bastantes coincidencias con los planteamientos que viene defendiendo el regadío".
Así, los regantes afirmaron estar "plenamente" de acuerdo en que existen en la actualidad "procedimientos administrativos heterogéneos y disfuncionales estructurales que deben corregirse de forma urgente en pro de una mayor eficacia, racionalidad y agilidad".
También valoraron el hecho de que el acuerdo subraye expresamente que "el ámbito de la cuenca debe permanecer como ámbito físico imprescindible para la planificación y gestión hidráulica", por lo que señaló que esperan que esto se traduzca en una "reforma completa del actual modelo de la Agencia Andaluza del Agua, que evite la bicefalia que hoy existe en las cuencas litorales".
"El choque entre las estructuras provinciales y las de cuenca está produciendo parálisis de iniciativas, déficit de inversiones, caos e ineficacia administrativa, y una politización insoportable de la gestión hidráulica", explicó Fernández.
Feragua indicó que confía en que este gran pacto de la Administración andaluza con los agentes económicos y sociales implicados en la gestión hidráulica ponga de manifiesto la necesidad de realizar una transposición flexible de la Directiva Marco de Aguas, acorde con las peculiaridades climáticas y socioeconómicas de las cuencas mediterráneas.
"Tenemos una Directiva Marco de Aguas muy loable en sus objetivos ambientales, pero quizás concebida desde enfoques centroeuropeístas, y la propia Directiva reconoce la necesidad de ajustar los planteamientos a las particularidades de cada territorio", subrayó
Para el presidente de los regantes andaluces "hay que aprovechar este Acuerdo para poner de manifiesto las singularidades de la región andaluza y la necesidad de una transposición adaptada y flexible de los postulados de esta Directiva, siendo la prioridad garantizar las satisfacción de todas las demandas existentes en una región seca como Andalucía, donde sequías e inundaciones se repiten cíclicamente".
Feragua estimó que, en la resolución del déficit hídrico andaluz, se tienen que integrar obligatoriamente tanto las políticas de demanda como las políticas de ofertas.
Por último, los representantes del regadío andaluz mostraron su oposición al canon de regulación para aguas subterráneas previsto en el primer borrador de este acuerdo, por considerar que "tiene un encaje difícil en la legislación española y porque además crearía una situación discriminatoria para los regantes andaluces, que perderían competitividad, pues no existe este impuesto en ninguna otra comunidad española".
Feragua señaló que "incorporar un nuevo impuesto sobre el agua a la precaria situación que padece la agricultura de regadío, hipotecada a largo plazo por los proyectos de mejora de regadíos, inmersa en una sequía que ya dura cuatro años y con una reforma de la Política Agrario Común (PAC) que pone en peligro la viabilidad de cultivos tan importantes como el algodón y la remolacha, crea dificultades para avanzar en las negociaciones con el regadío para adherirse al acuerdo".