La llegada del Estatuto de Castilla-La Mancha a las Cortes ha desempolvado, por enésima vez, la guerra del agua. El presidente castellano-manchego, José María Barreda, amenaza con retirar el proyecto si no se acepta el artículo en el que fija el final del trasvase Tajo-Segura en 2015. Socialistas y populares ya han pactado tumbar la propuesta, según ha podido confirmar este periódico. Lo harán por motivos de inconstitucionalidad, ya que la Carta Magna dice en su artículo 149.2.22 que «el recurso del agua es un bien público administrado por el Estado y se ha de gestionar en las cuencas intercomunitarias a través de las Confederaciones Hidrográficas».
Todo el guión está escrito, «salvo sorpresas de última hora», explican las mismas fuentes. Ya las hubo: no se esperaba la abstención de los dos diputados murcianos del PP, ni la radical defensa de Barreda a su proyecto -elevó en exceso una apuesta que sabe perdida-. Consumo interno. Además, está prácticamente cerrado llevar agua del Tajo medio a Levante, tal y como adelantó LA RAZÓN el pasado mes de febrero. Las conversaciones pueden cristalizar antes de que acabe el año.
Conexión con Valdecañas
El trasvase de Extremadura a Levante se haría, probablemente, desde el embalse de Valdecañas. Se construiría una conexión con la actual tubería que lleva agua del Tajo desde Castilla-La Mancha. En febrero, este periódico explicó que Medio Ambiente estaba realizando estudios de viabilidad. En los últimos meses, el proyecto se ha consolidado. ¿Por qué? Porque todos los actores están de acuerdo en llevarlo a cabo y, además, es una salida para la complicada situación política hídrica.
LA RAZÓN puede confirmar que ha habido reuniones entre el Ministerio de Medio Ambiente y el presidente de la Junta de Extremadura. De hecho, ya ha habido un segundo paso, que es un encuentro entre el PSOE y el PP extremeño. Hasta ahora, todos están de acuerdo en llevar a cabo el proyecto. Extremadura, porque conseguirá más dinero cediendo parte de su agua que manteniendo cultivos que, en algunos casos, son claramente deficitarios. Por otro lado, sería incongruente que Extremadura se opusiera a un trasvase cuando ha puesto recursos de inconstitucionalidad a Castilla y León, y Andalucía por intentar blindar sus ríos en sus estatutos. La situación está tan avanzada que podría cerrarse a finales de año.
Difícil equilibrio político
Medio Ambiente, por su parte, mantiene su discurso oficial y dice que sólo se está estudiando el trasvase del Ródano por mandato parlamentario. «Todo lo que hagamos será con consenso», afirman. Obligado discurso de los nuevos gestores del Ministerio, que trabajan en la sombra para poder solventar las mil barreras políticas heredadas.
Ahora, la siguiente jugada es quién asume pegar el tajo al texto estatutario de Barreda. El PP, ahí, lleva ventaja. Ellos son oposición y, cuando estaban en el Gobierno, ya presentaron un Plan Hidrológico Nacional que tumbó el PSOE. El Gobierno, por su parte, tiene decidido mantener el trasvase, pero no puede sacrificar al presidente castellano-machego. La propia ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, era preguntada en la presentación de los presupuestos de su Departamento por el tema. Su respuesta es elocuente: «Se trata de un artículo más». Larga cambiada.
El pacto entre ambos está ya hecho, pero alguien tendrá que dar el primer paso. Los dos tienen los mismos problemas internos. En Levante, defensa del trasvase. En Castilla-La Mancha, ambos piden que se cierre el grifo. En el Parlamento, se ha buscado una solución que satisfaga a todos.