Las organizaciones Ecologistas en Acción, Attac, Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos y WWF/Adena han iniciado una campaña contra la privatización del Canal de Isabel II promovida por el Gobierno regional, porque supone "graves daños sociales y medioambientales".

A juicio de las organizaciones, que consideraron que la gestión del agua conlleva actuaciones ambientales y sociales que no son económicamente rentables, el hecho de que la empresa deje de ser de gestión pública directa "produciría un empeoramiento de la calidad del servicio de abastecimiento".

"El hecho de que una empresa privada, cuyo objetivo principal es la obtención de beneficios, gestione un recurso natural limitado y escaso como es el agua pondrá en riesgo aspectos ambientales que no aportan beneficios", mantuvieron, al tiempo que señalaron que todo lo relacionado con los aspectos ambientales como los caudales ambientales, la protección de riveras, la depuración de aguas residuales y otros "quedarían aparcados en la gestión al no resultar económicamente rentables".

Asimismo, las organizaciones sostienen que otro de los aspectos que se vería perjudicado sería "la escasa rentabilidad de facilitar el agua a los sectores más desfavorecidos" y aseguran que "algo similar sucedería con la calidad de la potabilización". "Al servirse en régimen de monopolio, los ciudadanos no tendrían más remedio que pagar el agua, al precio que sea y con independencia de su calidad", agregaron.

Otro de los argumentos de estas entidades es que el proceso de privatización "supondría que las arcas públicas dejaran de recibir los beneficios económicos que esta empresa actualmente genera, que irían a parar a los futuros accionistas" y que en caso de problemas financieros, se "pondría en peligro el suministro de un servicio básico para el bienestar de la ciudadanía, como es el abastecimiento de agua potable".

Las consecuencias medioambientales de la privatización del Canal de Isabel II también "serían nefastas", añadieron las organizaciones, pues a su juicio, es "previsible que dejaran de hacerse campañas de concienciación ciudadana para que la población ahorre agua y que tan importantes son desde el punto de vista medioambiental", pues serían "incompatibles con la condición de empresa privada, al ir dirigidas a reducir el consumo y por tanto las ventas de agua y los beneficios económicos".

La gestión privada "dispararía el consumo, con el elevado impacto medioambiental y social que ello conlleva", según las organizaciones, que añadieron que "también es previsible que desaparecieran las inversiones en reducir las pérdidas en las redes de distribución, pues en la mayoría de los casos no resultan económicamente rentables".

Asimismo, el Gobierno regional vinculó la privatización del Canal de Isabel II a la construcción de dos grandes embalses en la Comunidad de Madrid. "Rechazamos la construcción de estos embalses por el gran impacto ambiental que producirían, y porque son totalmente innecesarios, pues con las infraestructuras actualmente existentes se garantiza plenamente el abastecimiento de la población de la Comunidad de Madrid, incluso con el incremento previsto para las próximas décadas", enfatizaron las entidades.