La del Duero es la cuenca hidrográfica con mayor superficie de España (897 kilómetros de recorrido que riega 79.000 kilómetros cuadrados) y para su gestión se necesita «gobernanza» con la que se consigue «dotar a los usuarios del agua necesario para sacar adelante sus objetivos». Es por ello que, a punto de caducar el plan hidrológico del Duero ahora en vigor (1998-2009), la Confederación Hidrográfica (CHD) prepara un nuevo documento con algunas novedades que serán ampliadas una vez que, transcurrida la semana que viene, se cierre el plazo para presentar alegaciones. Se trata, según el presidente del organismo de cuenca, Antonio Gato (Valladolid, 1958), del libro de cabecera en el que buscar todas y cada una de las decisiones que se tomen los próximos seis años. El documento incluye cuatro bloques: El cumplimiento de los objetivos ambientales; la satisfacción de las demandas; el refuerzo de la actual gestión y administración de los recursos y, finalmente, los fenómenos meteorológicos extremos, como pueden ser las sequías o las inundaciones.
-Con los datos que ustedes tienen, ¿qué posibilidades hay de que Castilla y León padezca alguno de estos fenómenos?
-Nosotros estamos en la mitad de la España húmeda y no es muy probable que entremos en la condición de problemas serios de sequía. Las inundaciones se agravan más en las zonas áridas, por ejemplo en el Levante español, pero en Castilla y León están bastante localizadas en el territorio y en el tiempo, con lo cual, nos permite adelantarnos, preverlas y garantizar, mediante los mecanismos que tenemos, la seguridad de las personas, que es el primer objetivo de la gestión contra las inundaciones.
-El plan hidrológico es el documento de referencia para las concesiones o los usos del regadío, ¿tienen previstas modificaciones?
-Primero, hay que decir que este punto tiene dos vertientes distintas: las concesiones de abastecimiento y las concesiones de regadío. Tenemos los derechos de uso del agua en condiciones óptimas pero el plan va a establecer -y es una de sus garantías- que las dotaciones para cada usuario del agua, -seguramente no para cada persona pero sí para las grandes zonas de agua- tendrán establecidas su dotación tanto en metros cúbicos por hectárea y año para cada zona como una dotación global anual e incluso en cómputo mensual. Por tanto, hay una garantía de derechos.
-Precisamente las organizaciones agrarias, en sus alegaciones, han pedido crear más infraestructuras de riego y que no se aplique el principio de recuperación de los costes en algunos casos concretos, ¿qué planean en este ámbito?
-La recuperación de costes es uno de los principios que la directiva marco traslada a los Estados miembros y tiene el horizonte del 2010. El plan está evaluando esa excepcionalidad que es no imputar los costes que genera el almacenamiento, transporte y distribución de agua a los usuarios finales en su totalidad. Hay determinadas zonas donde las características climáticas no soportarían esa repercusión al 100% porque no es comparable la rentabilidad que produce una hectárea en Murcia o Valencia con algunos cultivos de Castilla y León, donde el margen para el productor es mucho más pequeño. Pues bien, esto es lo que vamos a modular en el marco del plan hidrológico. Estamos estudiándolo. Vamos a trabajar con todas las comunidades de regantes afectadas; vamos a hacer unos estudios muy rigurosos de rentabilidades y se establecerán las exenciones en las cuantías que correspondan. No estamos hablando de exenciones al 100%, pero sí que lo vamos a regular.
-Los ecologistas, sin embargo, entienden que se concede demasiado protagonismo a las organizaciones agrarias y de regantes y le piden a usted más sensatez medioambiental en las concesiones.
-Eso es lo que tiene la gestión del agua, que depende de la opinión de todos los afectados, cuyas versiones son muy distintas. Sobre el régimen concesional muchas veces nos dicen que somos muy restrictivos. Nuestro trabajo es velar para que todas las concesiones que se den no perjudiquen al estado ecológico del agua. No podemos dar más concesiones que las que permiten nuestros embalses o acuíferos. Y sobre las nuevas infraestructuras tengo que decirles que ya se preveían en el plan actual. No vamos a ir más allá de lo que se venía haciendo. Además, preverlas no significa que el plan hidrológico garantice su construcción. Ahí están los ejemplos de Vidrieros, Omaña y Bernardos. En el Plan del 98 estaban previstos y ninguno de los tres se construyó por tener un impacto ambiental negativo. Nosotros intentaremos hacer las cosas bien para que el impacto medioambiental sea el mínimo o inexistente.
-En este sentido, ha habido quejas además por la sobreexplotación de los acuíferos, como en el caso del de los Arenales, en Ávila.
-Pues tengo que decirle que no se da ninguna concesión nueva desde hace tres o cuatro años que no sea para uso de abastecimiento y las demás no se dan o se restringen al máximo y se analizan con lupa porque lo que estamos intentando es proteger el acuífero. De hecho, los últimos estudios nos están dando unos indicadores muy positivos. Por lo tanto, estamos consiguiendo que muy despacito el acuífero se vaya recuperando no solo en volumen sino también en calidad. Esto último costará porque una sobreexplotación de muchos años al final se paga muy cara y cuesta muchísimo tiempo.
-Y hablando de acuíferos, ¿se podrán crear en Castilla y León comunidades de regantes de aguas subterráneas?
-Es una figura que se recoge en los últimos cambios legislativos y que en algunas zonas de España, como la Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha, está muy extendida. Quizá allí tienen más fuerza que las superficiales. En Castilla y León está muy poco implantada, aunque hay algún indicio tímido. Nosotros lo vamos a potenciar desde la CHD y vamos a ayudarlas a constituirse, ofreciéndoles modelos, todos los trámites, incluso asesorándoles, y esperemos que se animen y que podamos ir teniendo cada vez más.