El Plan Hidrológico Nacional fue el producto de años de consenso a partir del Pacto del Agua
Dom, 15/03/2009
Incluía el trasvase del Ebro, del que Aznar llegó a colocar la primera piedra. Pero nada más llegar al Gobierno, Zapatero encomendó a Cristina Narbona su anulación. Los nacionalistas catalanes se negaban en rotundo a que el agua del Ebro se pudiera enviar hacia el sur. A partir de entonces se dio rienda suelta a las desalinizadoras que estaban contempladas como un complemento de los trasvases. Lo que tantos años de consenso y varios fracasos de realización aprobación del Plan Hidrológico costó fue sustituido por el llamado Programa AGUA, que no tenía el respaldo del consenso de la mayoría de los grupos políticos, tan sólo el del Gobierno.
Lo que sucedió desde junio de 2004 hasta hace sólo unos meses fue una retahíla de desencuentros, desplantes y ruptura de cualquier posibilidad de entendimiento. No habría trasvase del Ebro y la red de desalinizadoras se convirtió en la madre de todas las soluciones. En el PP se dijo y se insistió que la medida provocaría altísimos costes de producción que elevaría sobremanera el precio del agua. Hubo más. Se cambió la toma para el trasvase Júcar-Vinalopó desde Cortes de Pallás, en el interior, al Azud de la Marquesa, en la desembocadura, lo que disparaba el precio del proyecto y no posibilitaba que el agua fuera potable.
Todo esto se hizo con la opinión en contra del PP de la Comunitat al que no se le escuchó. Hasta que en la ronda de modificaciones de los estatutos de autonomía que se inició en Cataluña llegó hasta Castilla-La Mancha. Fue entonces cuando el socialista Barreda introdujo en el nuevo estatuto lo que ya se apuntaba en el decreto de derogación del Plan Hidrológico Nacional: una fechada de caducidad para el trasvase del Tajo al Segura. A partir de aquí las cosas empezaron a cambiar. Las aportaciones de este acueducto han permitido no sólo la continuidad de la agricultura de la cuenca del Segura sino que un millón largo de personas pudiera seguir bebiendo agua potable, todos aquellos ciudadanos que utilizan la red de abastecimiento de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, que surte a 32 municipios de la provincia de Alicante, desde Alicante hasta Murcia y toda la provincia murciana.
Ya se han realizado varias protestas, incluso se ha lanzado la idea de que se pueda construir un nuevo acueducto desde el Tajo medio, en lugar de desde la cabecera como ocurre desde hace treinta años, para acallar las protestas de la comunidad castellano-manchega.
Pero las protestas han incluido al PP y a los regantes de la Comunitat y Murcia, también a los socialistas de Murcia, Alicante y Almería. La cosa cambia ahora. Es verdad que en Castilla-La Mancha PP y PSOE continúan con la petición de la derogación, pero Zapatero y su gobierno tienen un problema que hace cinco años no tenían.
La inflexión del proceso parece haberse producido con el nombramiento de Josep Puxeu como secretario de Estado de Agua y luego con la sustitución de Adrián Baltanás al frente de Acuamed, la sociedad que iba a construir la red de desalinizadoras. Pero hay más. El Gobierno ahora reconoce que la contrucción de desalinizadoras es muy cara.
Todo el cambio de fontaneros, incluso de ministra, frente a una testaruda Cristiana Narbona se ha pasado a una Elena Espinosa que parece mucho más dialogante, las cosas han cambiado. Eso en el mejor de los casos, porque lo parece cierto es que se han perdido cinco años preciosos y desde luego Zapatero ha perdido más, más votos de lo necesario para rematar sus proyectos. Jorge Alarte dice ahora que no mirará por el espejo del retrovisor en materia hídrica. Es decir que también se apunta a los nuevos tiempos.
Cinco años después, el conseller de Agua, José Ramón García Antón, está dispuesto a sufragar el coste de una nueva toma de agua en el Júcar-Vinalopó o la construcción de una potabilizadora, presiona para que el intento de anulación del Tajo-Segura quede en nada y trabaja para que el Gobierno recupere del archivo los planos del trasvase del Ebro.
Ahora parece que las cosas recuperan el rumbo. El cambio de ministra, el cambio de fontaneros y el reconocimiento de la carestía del agua hacen atisbar nuevos tiempos como se verá el miércoles 18 en la manifestación de agricultores, socialistas y populares por las calles de Murcia. Zapatero ha hecho perder cinco años.
Lo que sucedió desde junio de 2004 hasta hace sólo unos meses fue una retahíla de desencuentros, desplantes y ruptura de cualquier posibilidad de entendimiento. No habría trasvase del Ebro y la red de desalinizadoras se convirtió en la madre de todas las soluciones. En el PP se dijo y se insistió que la medida provocaría altísimos costes de producción que elevaría sobremanera el precio del agua. Hubo más. Se cambió la toma para el trasvase Júcar-Vinalopó desde Cortes de Pallás, en el interior, al Azud de la Marquesa, en la desembocadura, lo que disparaba el precio del proyecto y no posibilitaba que el agua fuera potable.
Todo esto se hizo con la opinión en contra del PP de la Comunitat al que no se le escuchó. Hasta que en la ronda de modificaciones de los estatutos de autonomía que se inició en Cataluña llegó hasta Castilla-La Mancha. Fue entonces cuando el socialista Barreda introdujo en el nuevo estatuto lo que ya se apuntaba en el decreto de derogación del Plan Hidrológico Nacional: una fechada de caducidad para el trasvase del Tajo al Segura. A partir de aquí las cosas empezaron a cambiar. Las aportaciones de este acueducto han permitido no sólo la continuidad de la agricultura de la cuenca del Segura sino que un millón largo de personas pudiera seguir bebiendo agua potable, todos aquellos ciudadanos que utilizan la red de abastecimiento de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, que surte a 32 municipios de la provincia de Alicante, desde Alicante hasta Murcia y toda la provincia murciana.
Ya se han realizado varias protestas, incluso se ha lanzado la idea de que se pueda construir un nuevo acueducto desde el Tajo medio, en lugar de desde la cabecera como ocurre desde hace treinta años, para acallar las protestas de la comunidad castellano-manchega.
Pero las protestas han incluido al PP y a los regantes de la Comunitat y Murcia, también a los socialistas de Murcia, Alicante y Almería. La cosa cambia ahora. Es verdad que en Castilla-La Mancha PP y PSOE continúan con la petición de la derogación, pero Zapatero y su gobierno tienen un problema que hace cinco años no tenían.
La inflexión del proceso parece haberse producido con el nombramiento de Josep Puxeu como secretario de Estado de Agua y luego con la sustitución de Adrián Baltanás al frente de Acuamed, la sociedad que iba a construir la red de desalinizadoras. Pero hay más. El Gobierno ahora reconoce que la contrucción de desalinizadoras es muy cara.
Todo el cambio de fontaneros, incluso de ministra, frente a una testaruda Cristiana Narbona se ha pasado a una Elena Espinosa que parece mucho más dialogante, las cosas han cambiado. Eso en el mejor de los casos, porque lo parece cierto es que se han perdido cinco años preciosos y desde luego Zapatero ha perdido más, más votos de lo necesario para rematar sus proyectos. Jorge Alarte dice ahora que no mirará por el espejo del retrovisor en materia hídrica. Es decir que también se apunta a los nuevos tiempos.
Cinco años después, el conseller de Agua, José Ramón García Antón, está dispuesto a sufragar el coste de una nueva toma de agua en el Júcar-Vinalopó o la construcción de una potabilizadora, presiona para que el intento de anulación del Tajo-Segura quede en nada y trabaja para que el Gobierno recupere del archivo los planos del trasvase del Ebro.
Ahora parece que las cosas recuperan el rumbo. El cambio de ministra, el cambio de fontaneros y el reconocimiento de la carestía del agua hacen atisbar nuevos tiempos como se verá el miércoles 18 en la manifestación de agricultores, socialistas y populares por las calles de Murcia. Zapatero ha hecho perder cinco años.