La consejera de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, María Jesús Ruiz, ha denunciado un nuevo retraso en la firma del Plan de Calidad de las Aguas, que implica una inversión global de 1.060 millones de euros.
Según Ruiz, en una reunión mantenida el pasado 12 de enero, el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, «se comprometió a firmar este plan en el primer trimestre del año».Fuentes ministeriales, sin embargo, tras ese encuentro, no llegaron a concretar tanto y, aunque dieron por solventados los inconvenientes que hasta ese momento habían impedido el acuerdo, se limitaron a indicar que la firmadel plan no se produciría «antes de marzo».
El malestar de la consejera ha aumentado tras conocer que otras comunidades autónomas, que como Castilla y León estaban pendientes de firmar el plan con el Ministerio, han conseguido ya firmar un protocolo que desbloquea la situación. Este es el caso de Galicia y Baleares.
«Se han incumplido todos los acuerdos a los que habíamos llegado desde 2008. Los de la última reunión, también. Desde luego, viendo los protocolos que se han firmado en Galicia y Baleares, sigo sin entender por qué esos documentos no se firman con Castilla y León, comenta Ruiz.
La firma de ese protocolo pondría fin al desencuentro que mantienen Junta y Ministerio respecto a este Plan, que debería dar continuidad al suscrito anteriormente y cuya vigencia caducó en 2007. Mientras que el Ministerio mantiene que las diferencias actuales obedecen a que la Junta de Castilla y León intenta 'colar' en el listado de obras a desarrollar en zonas protegidas actuaciones que ya tenía contemplado ejecutar con su presupuesto ordinario, la Consejería de Medio Ambiente, reclama la cofinanciación de esas actuaciones, esgrimiendo para ello el compromiso inicial anunciado por el Ministerio.
La consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, a la vista de los protocolos firmados con Galicia y Baleares, se muestra dispuesta a que sea la comisión mixta de seguimiento, cuya creación se contempla en el documento, la que priorice la ejecución de los trabajos. «No entiendo qué problema hay para que esto sea así. Me consta que las confederaciones hidrográficas del Miño-Sil y del Cantábrico ya han enviado al Ministerio su conformidad con el listado de obras que plantea Castilla y León. Sólo falta que la Confederación Hidrográfica del Duero haga lo mismo para desbloquear este asunto», asegura Ruiz, convencida de que el elevado número de municipios que en la Comunidad están integrados dentro de la Red Natura 2000 no será un inconveniente para proceder a la firma del protocolo, ya que, según asegura, «el secretario de Estado ya comentó que no sería desarrollar un convenio por cada actuación y que se podrían incluir todas las obras en un documento conjunto».
Pese al desacuerdo que ambas partes de la negociación reconocen en el apartado de obras en zonas protegidas, la consejera de Medio Ambiente y el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, ya han dado el visto bueno al listado de las obras de 'interés general' (financiadas íntegramente por el Ministerio), así como de las que se ejecutarán con cargo al presupuesto de la sociedad pública Aguas de Duero.
En el primero de estos grupos están previstas intervenciones cuyo presupuesto total suma 66,18 millones de euros. Se trata de la depuradora y los emisarios del Alto Duero (5,24 millones); la depuración de la cuenca del Alberche (17,27 millones), el saneamiento del Bierzo bajo, con la terminación del colector intersector en el río Burbia (5,71 millones), y la conclusión del colector intersector del río Barredos (4 millones). Además, están previstas medidas correctoras de vertidos en el Alto Orbigo (29,75 millones) y el emisario y estación depuradora de Avila, aguas abajo de la presa de Las Cogotas (4,21 millones).
En el caso de la sociedad Aguas del Duero, cuyas obras serán financiadas a partes iguales entre el Ministerio y la Junta, la inversión prevista roza los 149 millones.