La desaladora de Torrevieja se retrasará dos años por falta de potencia eléctrica
Vie, 31/07/2009
La falta de infraestructuras para suministrar energía eléctrica a la desaladora de Torrevieja, la mayor planta de Europa al preverse que depure 120 hectómetros cúbicos al año, va a impedir que la sociedad estatal Acuamed cumpla su calendario y pueda inaugurarla a finales de año. La empresa no ha iniciado el proceso para acometer las dos grandes infraestructuras necesarias para que la planta comience a funcionar: la construcción de una línea eléctrica de alta tensión entre San Miguel de Salinas y Torrevieja y una subestación eléctrica de 220 kilowatios en la localidad salinera. Dos proyectos que resultan indispensables para que la desaladora arranque y cuya tramitación es complicada, máxime cuando todavía no se ha presentado documento alguno, según apuntaron ayer desde la Dirección General de la Energía de la Generalitat. Acuamed sostiene, no obstante, que para iniciar la producción de agua en una primera fase podrá arreglarse con las instalaciones actuales.
El excesivo consumo eléctrico de la desaladora se presenta ahora mismo como el principal obstáculo para una obra cuyo presupuesto supera los 200 millones de euros y que aportará una solución prácticamente definitiva para garantizar el abastecimiento urbano y agrícola de Alicante y Murcia. Los trabajos de obra civil han finalizado, la actividad se centra ahora en los colectores y desde la Conselleria de Medio Ambiente aseguran que no habrá problema para conceder el permiso de vertidos.
El consumo energético de la planta de Torrevieja será de 320 gigawatios hora/año, lo que representa un 4% más de la producción total de la provincia de Alicante que es de 308 GWh al año. Según reza el proyecto de la desaladora, la potencia necesaria es de 51,2 megawatios en la primera fase y 73,8 megawatios en la segunda. Datos que contrastan con la potencia actual de toda la provincia (73,4 megawatios). La planta absorbería ahora mismo a pleno rendimiento el 70% de toda la potencia instalada en Alicante.
Para poder hacer frente a este consumo será necesaria la construcción de una línea de alta tensión de 8 kilómetros de longitud entre San Miguel de Salinas y Torrevieja. Proyecto que necesita pasar diferentes procesos como un periodo de información pública, tramitar las expropiaciones del suelo y la propia construcción. Hasta ahora, la Dirección General de Energía no ha recibido ningún proyecto. La dotación de infraestructuras se completará con la construcción de una subestación eléctrica de 220 kilowatios en Torrevieja, cuya autorización es competencia del Consell. Fuentes de la Conselleria de Infraestructuras apuntaron ayer que no han recibido peticiones para una tramitación que suele durar entre 12 y 14 meses. La mismas fuentes alertaron de que se trata de "proyectos muy complejos, de difícil ejecución por la orografía de la zona, y que supondrán un importante impacto ambiental".
El Ministerio de Medio Ambiente preveía tener en servicio a final de este año un total de siete desaladoras para dotar a la Mancomunidad de Canales del Taibilla de un caudal de 166 hm3 de agua potable, y hacer posible que Alicante y Murcia dejen de depender del trasvase Tajo-Segura para su suministro urbano. Circunstancia que, además, tendría beneficios directos para el sector agrícola al disminuir la presión sobre los embalses de Entrepeñas y Buendía, puerta del trasvase. La ley que regula la transferencia de caudales del Tajo al Segura, tanto para uso urbano como agrícola, establece una reserva de 240 hm3 a partir de la cual no se puede enviar agua a la provincia. Los agricultores de la cuenca del Segura apenas han recibido recursos para riego en los últimos tres años.
El excesivo consumo eléctrico de la desaladora se presenta ahora mismo como el principal obstáculo para una obra cuyo presupuesto supera los 200 millones de euros y que aportará una solución prácticamente definitiva para garantizar el abastecimiento urbano y agrícola de Alicante y Murcia. Los trabajos de obra civil han finalizado, la actividad se centra ahora en los colectores y desde la Conselleria de Medio Ambiente aseguran que no habrá problema para conceder el permiso de vertidos.
El consumo energético de la planta de Torrevieja será de 320 gigawatios hora/año, lo que representa un 4% más de la producción total de la provincia de Alicante que es de 308 GWh al año. Según reza el proyecto de la desaladora, la potencia necesaria es de 51,2 megawatios en la primera fase y 73,8 megawatios en la segunda. Datos que contrastan con la potencia actual de toda la provincia (73,4 megawatios). La planta absorbería ahora mismo a pleno rendimiento el 70% de toda la potencia instalada en Alicante.
Para poder hacer frente a este consumo será necesaria la construcción de una línea de alta tensión de 8 kilómetros de longitud entre San Miguel de Salinas y Torrevieja. Proyecto que necesita pasar diferentes procesos como un periodo de información pública, tramitar las expropiaciones del suelo y la propia construcción. Hasta ahora, la Dirección General de Energía no ha recibido ningún proyecto. La dotación de infraestructuras se completará con la construcción de una subestación eléctrica de 220 kilowatios en Torrevieja, cuya autorización es competencia del Consell. Fuentes de la Conselleria de Infraestructuras apuntaron ayer que no han recibido peticiones para una tramitación que suele durar entre 12 y 14 meses. La mismas fuentes alertaron de que se trata de "proyectos muy complejos, de difícil ejecución por la orografía de la zona, y que supondrán un importante impacto ambiental".
El Ministerio de Medio Ambiente preveía tener en servicio a final de este año un total de siete desaladoras para dotar a la Mancomunidad de Canales del Taibilla de un caudal de 166 hm3 de agua potable, y hacer posible que Alicante y Murcia dejen de depender del trasvase Tajo-Segura para su suministro urbano. Circunstancia que, además, tendría beneficios directos para el sector agrícola al disminuir la presión sobre los embalses de Entrepeñas y Buendía, puerta del trasvase. La ley que regula la transferencia de caudales del Tajo al Segura, tanto para uso urbano como agrícola, establece una reserva de 240 hm3 a partir de la cual no se puede enviar agua a la provincia. Los agricultores de la cuenca del Segura apenas han recibido recursos para riego en los últimos tres años.