El fiscal jefe de Ourense dispone de nuevos datos para retomar la investigación abierta hace un mes sobre la construcción de una central hidroeléctrica en el Sil y su presunto impacto medioambiental. Después de que varios agentes forestales de la Xunta denunciasen presuntas irregularidades en las obras que acomete Iberdrola en la zona, la Fiscalía abrió diligencias informativas para determinar si la eléctrica había incurrido o no en un delito durante los dragados que realizó en el río. Como primer paso el fiscal Florentino Delgado se dirigió a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) y a las administraciones con competencias en el proyecto para pedirles un informe exhaustivo sobre las obras. Los gestores de la cuenca han sido los primeros en responder y el pasado miércoles remitieron a la Fiscalía un documento explicando las actuaciones que se están realizando en la zona así como las medidas de vigilancia y control adoptadas por los técnicos de la CHMS que, como responsables de la gestión, deben velar en todo momento por que la obra se acometa con las máximas garantías ambientales.
Aunque fuentes de la Confederación rechazaron ayer avanzar el contenido del informe, defendieron una vez más la "legalidad" de las actuaciones que se están llevando a cabo en el Sil. "No hay una obra en todo el Estado que esté más controlada que ésta", aseguran desde la CHMS. En este sentido, los gestores de la cuenca del Miño-Sil explican que Iberdrola se está ajustando a los criterios de construcción que marca la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y ejecuta las obras "de acuerdo con los permisos" autorizados por el Gobierno. "Las voladuras están siendo controladas, los análisis que se realizan cada cinco minutos revelan que la calidad del agua es óptima y el nivel del embalse no ha bajado en ningún momento por debajo de lo permitido. Las obras son totalmente legales", argumenta.
El 5 de agosto, sin embargo, agentes forestales de la Consellería de Medio Rural inspeccionaron de madrugada las obras y hallaron indicios de irregularidades en la realización de los dragados del río. Tras tomar fotografías y hablar con algunos de los trabajadores, los funcionarios presentaron una denuncia documentada ante la Fiscalía al entender que una sanción administrativa podría quedarse corta ante una obra de esta envergadura.
La denuncia se sumó a las quejas de los grupos ecologistas, que llevaban semanas acusando a Iberdrola de "secar" el cauce del río para poder construir la central Santo Estevo II. La CHMS, sin embargo, también niega este supuesto y tras recordar que sus guardas vigilan las obras "mañana, tarde y noche", explican que el funcionamiento del embalse está regulado para garantizar en todo momento el "caudal mínimo ecológico" del Sil.
Una vez que Gobierno y Xunta hayan aportado la documentación requerida, el fiscal jefe de Ourense tendrá que decidir si archiva la causa o la eleva al juzgado al entender que hay indicios de delito.