El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, Andrés del Campo, advirtió ayer de que habrá «guerras del agua» si se mantiene el «error político» del Gobierno central de cambiar los límites naturales de la demarcación del Júcar por los legales entre la Región de Murcia y la Comunitat. En su intervención en Valencia en el simposio Agua y Gobernanza de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, el presidente advirtió de que modificar los límites de las cuencas hidrográficas para hacerlos coincidir artificialmente con las delimitaciones administrativas de las comunidades autónomas derivará en un modelo «insolidario» y en «auténticas guerras del agua» entre territorios.
Del Campo dijo que los límites de las cuencas hidrográficas «vienen dados por la propia naturaleza», por lo que es un «error político» el preámbulo del borrador del Real Decreto del Gobierno central, que plantea modificar el ámbito territorial de la demarcaciones hidrográficas.
Según esto, el presidente cree que el consecuente traspaso de las competencias a cuencas intercomunitarias conlleva «el riesgo de que su distribución no tenga en cuenta los intereses generales de todos los españoles sino intereses localistas», lo que acentuará los conflictos por el agua entre comunidades, provincias y entre los propios usuarios.
Del Campo ha hecho hincapié en los problemas que supone «la contaminación política» de la administración del agua frente a la gestión según criterios técnicos, pues «puede ponerse en peligro la viabilidad del sector agrario por su descoordinación y falta de rigor».
El representante califica de «alarmante» para los usuarios que los estatutos de autonomía entren a regular una competencia exclusiva del Estado, puesto que la planificación hidrológica nacional corresponde al Estado Central, según artículo 149.22 de la Constitución Española y la Ley de Aguas. «Si cada comunidad autónoma elabora su propia Ley de Aguas, el Plan Hidrológico Nacional se convertirá en una Torre de Babel, donde cada territorio hablará su propio «lenguaje del agua» en función de sus intereses», vaticinó.
Como ejemplo, citó el Anteproyecto de Ley de Aguas de Andalucía afirmando que «peca de intervencionismo gubernamental, afán recaudatorio, duplicidad competencial en perjuicio del principio de unidad de cuenca y déficit de participación de los usuarios».
Además, manifestó «su preocupación por el protagonismo, cada vez mayor, de las administraciones en la gestión del agua, en detrimento de la participación de los usuarios -que disponen de concesión administrativa- hasta el punto de quedar excluidos de órganos de gestión de ámbito nacional como el Comité de Autoridades Competentes».
Para superar las divisiones político-administrativas, Del Campo ha abogado por «un gran pacto político sobre el agua entre las fuerzas políticas, sociales y económicas basado en los criterios de sostenibilidad, racionalización económica y solidaridad territorial para garantizar el suministro en zonas deficitarias y el desarrollo económico de todas las regiones españolas».