La concepción de la desertificación como un problema macroeconómico que involucra aspectos financiero, productivo, ambiental y de la sociedad civil, es un objetivo primordial de Christian Mersmann, del Mecanismo Mundial de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.
El Mecanismo Mundial es un órgano subsidiario de la Convención, cuyo mandato es elevar la efectividad y eficiencia de los instrumentos financieros existentes y promover acciones para movilizar recursos a los países en desarrollo afectados por la desertificación.
Mersmann, director ejecutivo del Mecanismo, participa de la Novena Sesión de la Conferencia de las Partes (COP 9) de la Convención que se desarrolla en Buenos Aires desde el lunes hasta el 2 de octubre y que congrega a 2.500 expertos e interesados en combatir la degradación de los suelos, una tendencia que en los próximos 40 años podría forzar el desplazamiento de centenares de millones de personas en el mundo, según diversos estudios.
"Es necesario internalizar la idea de que si se degrada el ambiente, eso afecta el precio de los tomates que pagamos en la verdulería o el supermercado", indicó el funcionario de las Naciones Unidas, entrevistado por IPS en un hotel de la zona céntrica de Puerto Madero, en la capital argentina.
Mersmann recalcó que "los gobiernos de América Latina, no todos pero muchos, ven crecientemente el papel macro que tiene la degradación de la tierra. Cada vez más toman nota de que cuesta enormes inversiones recuperar suelos productivos que se degradaron".
"Todos sabemos que los ministros de Finanzas tienen otras prioridades, pero considerando la pérdida de producción agrícola y empleos, nuestra tarea no es convencer a ese ministro de que otorgue los fondos, sino establecer una agenda multilateral para analizar qué programas públicos, inversiones privadas y financiamiento local e internacional son necesarios", dijo Mersmann.
En los primeros tres días de la COP 9, muchos conferencistas insistieron en que la degradación de la tierra no es un concepto que se restringe a los suelos, sino que se extiende a la disponibilidad de agua, la vegetación y el desarrollo humano. En Buenos Aires se evalúan los primeros pasos de la estrategia global para el decenio 2008-2018, adoptada en Madrid hace dos años, en el marco de la COP 8.
El antropólogo Mersmann, con amplia experiencia en programas de recuperación de tierras degradadas en África, puso énfasis en el riesgo que implica la concepción extendida en América Latina de que "los suelos son inagotables", por las grandes extensiones productivas o semiproductivas que se encuentran no explotadas. "Es un recurso escaso", insistió.
Consultado sobre el efecto de los monocultivos o plantaciones dominantes, como la soja, que por desarrollo genético y cotizaciones internacionales desplazan a la ganadería y a otras plantaciones tradicionales, el funcionario consideró que se trata de una tendencia "extremadamente riesgosa" por el "completo quiebre" que pueden causar a la economía de un país las variaciones bruscas en los mercados internacionales.
Mersmann alertó que la producción masiva de soja tiene efectos negativos, al encarecer otros productos, como de hecho viene ocurriendo en Argentina, lo que desató desde 2008 un enorme conflicto político-económico entre gremios de productores agrarios y el gobierno de centroizquierda de Cristina Fernández.
El experto consideró que "la revolución verde a través de los productos transgénicos es absolutamente innecesaria". Por un lado, Mersmann evaluó que "las técnicas actuales permiten evitar el uso de semillas genéticamente modificadas", mientras que en el plano de la sustentabilidad económica, "el mercado crucial de Europa y, seguramente, de Estados Unidos no serán aptos en el futuro para productos alterados".
Por último, Mersmann analizó que "el mundo ya está en medio de un enorme conflicto por el agua, que se presenta en disputas locales. En 10 años no va a haber una guerra tradicional en términos de armas peleando de un lado y otro, pero sí habrá más conflictos locales con mucho impacto en la vida de la gente".
En la jornada inicial de la COP 9, el secretario de Medio Ambiente argentino, Homero Bibiloni, reconoció en rueda de prensa que en "Argentina se tiene una visión de Pampa húmeda (una región agrícola altamente productiva en el centro del país que incluye a las provincias más ricas) pese a que es una superficie menor en el contexto del territorio" nacional.
En tanto, en la Conferencia Científica paralela a la COP 9, el director general del Centro Internacional para la Investigación Agrícola en Áreas Secas, el libanés Mahmoud Solh, alertó que "nuestra seguridad alimentaria está en peligro". Cuarenta por ciento de la tierra está afectada por algún grado de desertificación, y eso altera la vida de 1.700 millones de personas, sostuvo.
La geógrafa e investigadora argentina Elena Abraham, que integra el oficial Proyecto Degradación de Tierras en Zonas Áridas, sostuvo que en tres cuartas partes del territorio argentino, consideradas secas, se genera la mitad de la producción ganadera.
La tala de 850.000 hectáreas de bosque nativo permite avizorar que hacia 2036 no habrá más selva por destruir en este país, añadió la científica y directora del Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas.
Como dato positivo, el secretario ejecutivo de la Convención, el beninés Luc Gnacadja, informó que "entre 1991 y 2005, 16 por ciento del área global de tierras áridas mejoró gracias a los esfuerzos de gobiernos locales y nacionales".