El decreto del Consell por el que se fijan los municipios "vulnerables" a la contaminación por nitratos ha incorporado 14 nuevos términos municipales que se suman al largo listado inicial que data del año 2000 y que ya recogía la existencia de 195 municipios en los que los nitratos presentes en los acuíferos y a veces incluso en la red de abastecimiento alcanzaban o superaban los 50 miligramos por litro, el límite establecido por la legislación.
Este primer listado, obligado por la transposición a la legislación española de la Directiva 91/676 , nació con vocación de constituirse en referente sobre las zonas en las que deberían "realizar y poner en funcionamiento programas de actuación coordinados con técnicas agrícolas adecuadas, con la finalidad dfe eliminar o minimizar los efectos de los nitratos sobre las aguas".
El listado nació con vocación de ser modificado periódicamente y no siempre al alza, sino también con bajas que evidenciarían "la eficacia" de los programas de control.
Sin embargo, en la primera renovación de listado (decreto 11/2004 de la Generalitat Valenciana), ya se incorporaban 7 municipios nuevos sin que se produjera ninguna baja.
En 2009, cinco años después de aquella primera renovación, la situación ha vuelto a cambiar a peor y el listado incorpora 14 nuevos municipios.
El Consell lo justifica en "una aumento de las redes de control establecidas en los últimos años... que ha facilitado información más completa del estado de los acuíferos".
Según esta versión, ha sido posible "detectar un mayor número de zonas con concentraciones de nitratos que alcanzan o se aproximan a los 50 miligramos /l".
Respecto al fracaso en las políticas de recuperación de las zonas ya afectadas, el decreto alude en su preámbulo a la "lentitud de respuesta de los acuíferos ante las medidas correctoras adoptadas en los programas de actuación desarrollados en estas zonas".
Sin embargo, ha sido la propia Unión Europea quien ha puesto en duda la eficacia de las políticas aplicadas en la Comunitat Valenciana y que arrancaron en 2002 con la aprobación de un Código Valenciano de Buenas Prácticas Agrarias seguido de un Programa de Actuación (2002) que hubo de modificar en 2003 a consecuencia del emplazamiento de la Comisión Europea, muy crítica con la "insuficiencia" de su contenido.
En el periodo 2003-2007 se puso en marcha un nuevo Plan de Actuación que no se libró tampoco de las críticas europeas tras detectar, entre otras deficiencias, la falta de obligatoriedad de algunas de las medidas propuestas.