La Generalitat Valenciana solicitó formalmente ayer al presidente del Gobierno la convocatoria de una Conferencia de Presidentes Autonómicos para abordar «en profundidad» la «problemática del agua» y alcanzar un acuerdo de Estado que «tenga como eje el Plan Hidrológico Nacional de 2001».
Así se expone en una declaración institucional dada a conocer tras la reunión extraordinaria del pleno del Ejecutivo autonómico, documento en el que también se exige el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura «conforme a las leyes que regulan en la actualidad esta transferencia hídrica».
La alusión al marco legal supone una referencia implícita al Estatuto de Castilla-La Mancha, sobre el que planea la posibilidad, propuesta por el Gobierno manchego, de que se establezca una reserva hídrica de 6.000 hectómetros cúbicos que, en la práctica, sería equivalente a una derogación encubierta del trasvase Tajo-Segura. Tal y como ha informado este diario, esta cantidad es tres veces superior a la de las necesidades actuales de Castilla-La Mancha.
«La Comunitat Valenciana forma parte de España, por lo que las soluciones ante la escasez de agua deben enmarcarse dentro de una visión global y de una política nacional», señala el texto aprobado ayer por el Gobierno valenciano.
El agua y la planificación hidrológica es competencia del Estado, según reconoce, pero «la falta de una autoridad nacional del agua está provocando enfrentamientos entre los distintos territorios de España, que se van acentuando con el paso del tiempo y que puede provocar situaciones irreversibles».
La Generalitat pretende además que el Gobierno «asegure» la «defensa y la tutela de los usuarios» del río Júcar «conforme a la legislación vigente», y con ello «el mantenimiento de los caudales» que se están utilizando -entre ellos el del trasvase del Tajo- para el abastecimiento de la población y para su uso industrial.
También exige una «garantía de ejecución del trasvase del Ebro para la consolidación de los usos implantados en las cuencas del Segura y del Júcar, con el principio de que cualquier aporte externo no tiene que comprometer las posibilidades actuales y futuras de los territorios de las cuencas cedentes».
Por último, la declaración institucional de la Generalitat insta a la presidencia española de la Unión Europea a promover la incorporación a la Directiva Marco del Agua, del dictamen del Comité de las Regiones «Afrontar el desafío de la escasez de agua y la sequía en la Unión Europea», aprobado en 2008.
Según reitera el Gobierno valenciano, el modelo social, económico y ambiental de la Comunitat precisa de «aportes externos de agua» para garantizar su sostenibilidad».
En esta línea, a la pregunta de si el Consell recurrirá el Estatuto de Castilla-La Mancha en el caso de que establezca una reserva de agua, el vicepresidente y conseller de Medio Ambiente Juan Cotino indicó que cuando se apruebe la norma el Gobierno autonómico la estudiará, a lo que agregó que «si hace falta, haremos lo mismo que hemos hecho con el Estatut de Cataluña», en alusión al recurso ante el Tribunal Constitucional que el Consell ha presentado por el artículo que recoge la capacidad de condicionar cualquier propuesta de trasvase de agua entre cuencas.