La Ley 52/1980 de regulación del régimen económico de la explotación del acueducto Tajo-Segura establece, a través de su disposición adicional novena, la obligatoriedad de cubrir las demandas futuras del territorio del Tajo, y por lo tanto, la condición de derecho preferente para los territorios afectados por esa cuenca.
El texto, desvelado ayer por el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, deja en evidencia la necesidad de incluir una reserva hídrica en el Estatuto manchego. «El futuro de esa región está garantizado desde hace 30 años», aseguró el dirigente murciano. Algunas fuentes sostienen que Valcárcel trasladó el lunes a Rajoy esta posibilidad como una fórmula para evitar la referencia a la reserva hídrica en el Estatuto manchego.
El entorno del presidente manchego explicó ayer a este periódico que la ley 52/1980 es uno de los pilares que sirvió para la posterior elaboración del PHN. Por eso, la derogación del trasvase de agua del Ebro en 2004 se encuentra en el origen del problema generado después. La garantía que tiene la cuenca cedente estaba más que fuera de cuestión. Y recuperar esa ley, incluso con una mención expresa, supone las mismas garantías para las cuencas cedentes que las que se pretenden incorporar con la reserva en el Estatuto manchego.
La propia web del Ministerio de medio Ambiente proclama para el Tajo-Segura que se sigue el 'criterio básico de proporcionar la máxima seguridad técnica al suministro de caudales con destino a los usuarios del Tajo, garantizando su atención, sin restricción alguna, con garantía temporal y volumétrica del 100% y con la adopción de los criterios de seguridad oportunos'.
Por otra parte, Dolores de Cospedal aseguró ayer que «es posible» un acuerdo para lograr un Estatuto «bueno para Castilla-La Mancha», constitucional y que «no perjudique a los intereses de los ciudadanos de otras comunidades». La popular no se refirió de una forma directa a la reserva hídrica, pero ha dicho que los manchegos «tienen derecho al agua como todos los españoles».