La Directiva Europea del Agua retrasa el acuerdo para el traspaso de las funciones y servicios de la Cuenca del Duero a Castilla y León, ya que el Gobierno central tiene un plazo de dos meses para corregir la traslación de la normativa comunitaria a España. Pese a esta «pequeña traba», los ejecutivos central y autonómico mantienen la voluntad de cerrar esta competencia antes de julio, momento en que la Junta dejará la presidencia de la Comisión Bilateral.

En la reunión del Grupo de Trabajo de Desarrollo del Estatuto de Autonomía, ayer en Valladolid, los negociadores del Gobierno pusieron sobre la mesa que el dictamen motivado recibido por la Comisión Europea, que obliga a realizar correcciones a la aplicación de la Directiva Europea del Agua, puede «entorpecer» el traspaso, según explicó al término del encuentro el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez. Los negociadores del Gobierno y de la Junta han decidido ultimar la propuesta de acuerdo a lo largo del mes de abril con la intención de que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, puedan firmar el protocolo a mediados de mayo, postura que defiende el Ejecutivo regional, si bien el central se decanta por que sea antes de julio, precisó en rueda de prensa De Santiago-Juárez. El problema surgido con la advertencia de la Comisión Europea al Gobierno central llevará a incluir una cláusula de protección en el supuesto de que se tuvieran que modificar alguna de las funciones redactadas en la propuesta de traspaso, aspecto que, para la Junta, no se produce porque la Directiva Europea se refiere a la planificación y la unidad de cuenca.

El consejero de la Presidencia, en base a los informes jurídicos elaborados por expertos, manifestó que tanto el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como la propuesta de acuerdo remitida al Gobierno, que está pendiente de respuesta, respetan la planificación hidrológica y la unidad de cuenca y dejan claro que se trata de competencias estatales como señala la Constitución.

De manera que la Junta de Castilla y León entiende que son correctas las funciones que reclama sobre el uso y aprovechamiento del agua, obras hidráulicas, excepto las de interés general, y tutela y control del dominio público hidráulico.Además, el Gobierno regional entiende que respeta, en su propuesta de transferencia, los derechos y obligaciones del Estado con Portugal, por donde discurre la parte final del río Duero, a través del Convenio de Albufeira.

En este sentido, ante «pegas» surgidas por la parte estatal por el carácter internacional del Duero, De Santiago-Juárez manifestó que en ese apartado no existe problema porque Castilla y León ejecutará lo relativo al tratado sobre la reserva de agua que tiene que llegar a Portugal y recordó que sólo el Estado tiene la competencia para modificar ese convenio.