La justicia brasileña despejó ayer el camino para que el Gobierno del presidente Lula adjudicara las obras de la que será la tercera mayor presa hidroeléctrica del mundo, después de la de las Tres Gargantas, en China, y la de Itaipú, en Brasil y Paraguay. Si la fuerte oposición de los grupos indigenistas y ecologistas no logra detener el proyecto, la presa de Belo Monte, en el Estado de Pará, entrará en funcionamiento en 2015, tendrá una capacidad de 11.233 megavatios de la que podrán beneficiarse hasta 26 millones de brasileños y generará 18.000 empleos directos.

Pero su construcción conllevará, según diversos grupos ambientalistas, la inundación de 500 kilómetros cuadrados de selva, superficie semejante a las 54.252 hectáreas del Parque Nacional de Doñana. También desplazaría a unos 50.000 indios y campesinos que viven en las inmediaciones del río Xingú y en el municipio de Altamira, donde será construido el embalse.

La obra costará 8.000 millones de euros, lo que la convierte en la segunda más cara del Plan de Aceleración del Crecimiento, sólo por detrás del tren de alta velocidad que unirá São Paulo y Río de Janeiro. Al proyecto optaban dos grandes consorcios formados ambos por empresas públicas y privadas. Finalmente, el Gobierno se lo adjudicó a Norte Energía, integrado por una subsidiaria de la empresa estatal Eletrobras y ocho firmas privadas. En el consorcio que perdió, compuesto por media docena de empresa, participaba la eléctrica española Iberdrola.

El proyecto, cuyos orígenes se remontan a mediados de los setenta, se convirtió en uno de los grandes empeños de Lula, que no quería abandonar la presidencia el próximo diciembre sin dejarlo en marcha. Fue una dura lucha para el gobierno después de que un tribunal regional de Pará intentara por dos veces impedir la concesión de la obra. Tuvo que ser un juez federal quien allanara ayer el camino, a pesar de que éste aún está plagado de obstáculos.

Lula tuvo que sortear todo tipo de barreras para emprender su obra faraónica. Desde decenas de políticos y juristas, hasta todos los ecologistas y representantes indígenas, lograron durante años oponer una fuerte resistencia al proyecto. Sólo en los últimos meses se produjeron innumerables manifestaciones contra la presa en más de seis Estados. Ayer mismo, activistas de Greenpeace volcaron tres toneladas de estiércol frente a la entrada principal de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel), en Brasilia, encargada de conceder la obra. Encima de la carga se leía: "Belo Monte de mierda".

La protesta de las comunidades de 12 regiones indígenas logró el respaldo de artistas de renombre como el director del filme Avatar, James Cameron, que visitó la zona donde se construirá la presa en la Amazonia para exigir a Lula que desistiera del plan.

Pero el Gobierno no cedió, alegando que Brasil está creciendo mucho económicamente y que crecerá aún más en los próximos años. Por ello, va a necesitar mucha más energía y la Amazonia, con sus ríos, es el corazón de la energía limpia del país. Los críticos sostienen, entre otras razones, que para que las empresas se decidieran a llevar a cabo las obras, el Estado les ha tenido que prometer exenciones fiscales valoradas en millones de euros que acabarán pagando los contribuyentes. También señalan que no se han agotado aún los estudios acerca de los peligros ambientales que pueden implicar abrir esa herida en la Amazonia.