Las Cortes de Castilla-La Mancha dieron ayer el paso definitivo para enterrar la reforma del Estatuto de Autonomía de la comunidad treinta y nueve meses después de que ese mismo parlamento fuera el primero que impulsara una modificación estatutaria por unanimidad.

El conflicto del agua y la probable inconstitucionalidad de los artículos en los que se fijaba una reserva hídrica de 4.ooo hm3 en favor de Castilla-La Mancha, han acabado por hacer inviable la tramitación del documento.

La asamblea regional castellanomanchega, con los votos del PSOE y el rechazo del PP, solicitó a las Cortes Generales la retirada de la reforma estatutaria.

Barreda explicó ayer que, en el Estatuto, la región empezó «pidiendo la Luna para conseguir la Tierra» y ha asegurado que fueron las organizaciones agrarias y empresariales las que le pidieron que no cediera más y que no diera el visto bueno a la última propuesta del PP, que a su juicio era «inaceptable» pues suponía renunciar a la reserva hídrica.

Cospedal rebatió que no habría tal renuncia, pues la propuesta socialista no fijaba una reserva hídrica, sino que planteaba en el preámbulo del texto que CastillaLa Mancha considera necesaria la existencia de una reserva de 4.000 hectómetros cúbicos de agua.

Una cantidad de agua que quedaba garantizada en la propuesta del PP, aseguró Cospedal, quien advirtió a Barreda de que la retirada del Estatuto es «su fracaso personal», por lo que le animó a presentar su dimisión.Finalmente, la propuesta socialista pasaba por indicar (sólo en el preámbulo del texto) que Castilla-La Mancha consideraba necesaria una reserva de 4.000hectómetros cúbicos de agua.

Esta falta de acuerdo fue la que motivó que el pasado 21 de abril, el PP votara en contra del texto en la comisión Constitucional del Congreso y que el PSOE optara por no llevarlo al pleno, con el argumento de que no habría obtenido los 176 apoyos necesarios para aprobar la reforma. Objetivo: cerrar el trasvase Ayer, el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, José Manuel Claver, destacó que la retirada del Estatuto de Castilla-La Mancha «es algo deseado por los regantes, por cuanto supone poner fin a un ataque frontal hacia el acueducto».

No obstante, Claver advirtió que la intención del presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, «es el cierre del trasvase aún con el Estatuto retirado, por lo que habrá que estar atento a lo que vaya a ocurrir en el futuro».

Celebró que el acuerdo de las Cortes castellanomanchegas suponen «el final definitivo» de un estatuto que, a su juicio, «nunca debería haber salido» de la comunidad. «Al menos en lo que a agua se refiere, porque suponía, sin justificación alguna, la muerte del trasvase Tajo-Segura, que al parecer era lo que se pretendía», explicó. Claver pidió que «no se vuelva a jugar con un elemento tan fundamental como es el agua, que es competencia del Estado». El vicepresidente tercero del Gobierno valenciano, Juan Cotino, acusó ayer al presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, de engañar «a su electorado», al «igual» que la secretaria de organización del PSOE, Leire Pajín, porque, dijo, hay «agua para todos si se reparte con justicia».

Jorge Alarte exigió al president de la Generalitat, Francisco Camps, que explique «con urgencia», porque el PP de Castilla-La Mancha ha votado en contra de la retirada de su Estatuto, cuando «el objetivo era precisamente la retirada del texto».