Casas y garajes inundados, desprendimientos de tierra, desbordamientos de ríos, cortes de carreteras y desalojos de colegios. Las intensas precipitaciones han dibujado este invierno una estampa casi desconocida en la provincia de Málaga. Y también en primavera. Hace sólo unos días, cuando parecía que las nubes iban a dar un respiro, volvieron a descargar, y el enésimo temporal del año provocó inundaciones en Estepona, Manilva y Coín, dejando anegadas viviendas y locales y obligando a evacuar a varias familias.

En total, se calcula que las lluvias caídas desde el pasado mes de diciembre han ocasionados daños por más de diez millones de euros, al tiempo que han provocado una avalancha de reclamaciones a las aseguradoras, principalmente por filtraciones y humedades en las viviendas. Así lo confirman los datos del Consorcio de Compensación de Seguros, que desde navidades ha recepcionado más de dos mil expedientes por daños en el continente de inmuebles.

Este organismo, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, es el encargado de cubrir los bienes asegurados con compañías privadas cuando las causas del siniestro son de orden climático extraordinario, como inundaciones o terremotos. En el caso de las lluvias, el afectado tiene derecho a una indemnización siempre que las precipitaciones superen los 40 litros por metro cuadrado, según señaló ayer el presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Málaga, Antonio Campaña, quien destacó que hasta la fecha se han pagado cerca de seis millones de euros en este concepto. Y «siguen recibiéndose reclamaciones», aseguró.

Aunque el plazo medio de resolución es de unos 40 días, el gran número de solicitudes recibidas ha hecho que el cobro de la indemnización se demore hasta los sesenta. Algo lógico, según Campaña, teniendo en cuenta que se ha tratado de uno de los inviernos más lluviosos de la historia de Málaga.

Del mismo modo, el Consorcio se ha visto obligado a desplazar a peritos de otras provincias para evaluar los desperfectos que, en el caso de la capital, se concentran principalmente en las zonas de las barriadas de Carretera de Cádiz, Dos Hermanas, La Luz, El Palo y El Candado. «Un año cualquiera puede haber menos de una decena de expedientes por este asunto en la provincia de Málaga», señaló Campaña, que aclaró que el Consorcio cubre los daños siempre y cuando el usuario tenga contratado algún seguro. Normalmente, es la propia compañía la que gestiona la reclamación cuando el afectado se pone en contacto con ella. En el caso de viviendas de reciente construcción, si se encuentran en garantía, es la promotora quien tiene que hacerse cargo.

Pero las lluvias no sólo han dejado su rastro en las viviendas, también los vehículos han sufrido los envites del temporal. En la provincia se han presentado unas doscientas reclamaciones por daños causados por el agua, con una valoración estimada de 200.000 euros.

A esto hay que sumar las importantes pérdidas en la ganadería y la agricultura que, sólo en la campaña de la aceituna rondan los diez millones de euros, según puso de manifiesto ayer en la capital el presidente de la Unión de Consumidores de Málaga (UCE), Jesús Burgos, durante la firma de un convenio con el Colegio de Mediadores de Seguros. Una vecina recoge agua en el salón de su casa después de una de las trombas de agua.

El endurecimiento de las condiciones para acceder a un crédito ha aumentado la presión de las entidades financieras sobre los ciudadanos, a los que exigen cada vez una mayor vinculación para concederles un préstamo. Así, los usuarios se sienten obligados a contratar determinados productos que pueden suponer un importante varapalo a sus economías domésticas.

En el caso del seguro de vida y hogar, el consumidor puede ahorrarse entre 12.000 y 15.000 euros en un crédito medio de 20 años si lo contrata fuera del que oferta la banca para conceder la hipoteca, según señaló ayer el presidente de la Unión de Consumidores de Málaga (UCE), Jesús Burgos.

Para evitar estos y otros abusos, UCE-Málaga y el Colegio de Mediadores de Seguros de la provincia han puesto en marcha una campaña para asesorar gratuitamente a los usuarios sobre sus derechos ante la contratación de determinadas coberturas. www.unionconsumidores.com Más de un año después del tornado que arrasó todo lo que encontró a su paso en Nuevo San Andrés, la barriada sigue sin recuperar la normalidad. Con la idea de cerrar las heridas, la Consejería de Obras Públicas yVivienda de la Junta de Andalucía ha abonado una nueva partida de 62.400 euros para costear la reparación de los daños ocasionados en 179 viviendas que no estaban aseguradas y cuyos vecinos solicitaron acogerse a las ayudas tramitadas y resueltas a través de la Subdelegación del Gobierno. En estos casos, la Consejería, a través de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), ha aportado el porcentaje restante hasta alcanzar el cien por cien del coste total de las actuaciones.

A este nuevo montante hay que sumar los 1,3 millones de euros, ya invertidos por la Administración regional, en retirar y sustituir las cubiertas de edificios de esta barriada que resultaron dañadas el 1 de febrero de 2009 y que, en su mayoría, quedaron fuera de la cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros. El coste total de las reparaciones, ya concluidas, ascendió a 2,2 millones de euros, de los que la Junta sufragó 1,3 millones, mientras que el resto lo asumió el Consorcio, según informó el Gobierno andaluz en un comunicado.