Durante reuniones por separado, primero con el jefe de gobierno de Kenya y luego con el primer mandatario de la República Democrática del Congo (RDC), Mubarak ratificó la postura de Egipto sobre el tema del Nilo, aunque mostró cierta flexibilidad a revisarlo.
El gobierno de Mubarak desconoció el pasado 14 de mayo la firma en la ciudad ugandesa de Entebbe de un pacto entre cuatro países africanos de la corriente alta del Nilo que rechaza el boicot de El Cairo y Jartúm a una repartición más equitativa del vital líquido.
Tanzania, Etiopía, Uganda y Rwanda suscribieron el denominado Acuerdo Marco Cooperativo del Nilo (CFA, en inglés) que presiona para establecer una comisión permanente en la Iniciativa de la Cuenca de ese río (NBI), y poder fijar procedimientos claros de distribución.
Kenya se adhirió al pacto de Entebbe el día 19 de mayo, y la RDC mostró su disposición a suscribirlo, mientras Burundi tomará la decisión después de las elecciones presidenciales del 28 de junio, y Eritrea está monitoreando de cerca el proceso.
Los firmantes restan legitimidad a un tratado suscrito en 1929, bajo la dominación colonial británica, y que Egipto y Sudán esgrimen para reivindicar lo que definen como "derechos legales e históricos" sobre las aguas de la caudalosa y extensa vía fluvial.
El protocolo de 1929 otorgó a El Cairo y Jartúm un control supremo del río y poder de veto sobre las decisiones que se adoptaran, lo que las naciones afectadas califican de "injusto y desleal".
Otro pacto firmado en 1959 entre Egipto y Sudán, permitió que ambos se adjudicaran cada año cuotas de 55,5 y 18,5 mil millones de metros cúbicos de agua, respectivamente, que en total equivalen al 87 por ciento de todo el flujo del Nilo.
Los países afectados, muchos golpeados por la sequía, creen que una nueva distribución de cuotas de agua los ayudaría a impulsar proyectos de irrigación, agrícolas y ganaderos que consideran inaplazables para paliar problemas alimentarios y energéticos.
El primer ministro etíope, Meles Zenawi, criticó el rechazo egipcio a una reparticipación equitativa y dijo que no tenía el único derecho a definir la cuota de cada Estado. El Cairo "no será capaz de frenar a Etiopía o impedirle construir represas en el río", subrayó.
Sin embargo, en las conversaciones separadas de este domingo con Kabila y Odinga, Mubarak y su canciller, Ahmed Aboul-Gheit, se afincaron en la postura oficial, pero dijeron que sopesan cuidadosamente su respuesta al nuevo acuerdo.
La agencia estatal MENA se limitó a señalar que el presidente y sus interlocutores "revisaron" la cooperación entre Egipto y otros países de la cuenca del Nilo "en irrigación y agricultura".
Aboul-Gheit, por su lado, comentó el sábado que las pláticas con los signatarios de la Iniciativa de la Cuenca del Nilo (NBI) "están en marcha" para determinar si Egipto se apartará de la misma, en caso de que no se respeten sus derechos históricos.
"Si ciertos países de la cuenca del Nilo firman un acuerdo sin consenso, Egipto exigirá que todas las naciones deben respetar el derecho internacional", advirtió el canciller días antes de que se consumara el acuerdo de los Estados de la corriente arriba del río.
Paralelamente, autoridades en este país creen que el pacto de la NBI puede aún ser enmendado, pero advirtieron que el asunto de las aguas del Nilo es "una línea roja" o cuestión de seguridad nacional para satisfacer necesidades de más de 80 millones de habitantes.
El país de los faraones defiende su supremacía sobre el mayor río africano que satisface el 90 por ciento de sus necesidades de agua.
Las necesidades de agua de Egipto se prevé que excederán su actual suministro en 2017, según un informe del gobierno, que se esforzó -aparentemente sin éxito- por persuadir a líderes de países de la corriente alta para que demoraran la firma del acuerdo.
La cuenca del Nilo cubre un área de unos 3,1 millones de metros cuadrados -alrededor del 10 por ciento del continente africano- y cerca de 160 millones de personas que viven dentro de sus límites tienen una alta dependencia de la agricultura.
Para Hani Raslan, del Centro Al-Ahram para Estudios Políticos y Estratégicos, "la única salida al problema es la cooperación" o lo que Tanzania y Uganda llaman entendimiento "razonable".
Odinga, entretanto, aclaró que Kenya y los otros países de la NBI nunca quisieron dañar los intereses de Egipto sobre el agua del Nilo y desean ejecutar planes de irrigación e hidroeléctricos en consulta con El Cairo y Jartúm, pero sin que puedan ejercer su poder de veto.
Por lo pronto, el gobierno egipcio parece haber entendido que dimensión geográfica, poderío e historia son insuficientes para aplacar el problema, y enviará en junio una delegación ministerial a discutir con dos de sus contrapartes más radicales: Etiopía y Uganda.