El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, ha presentado ante los miembros del Consejo Andaluz del Agua la ley aprobada el pasado 22 de julio. Por primera vez, un texto normativo netamente andaluz aborda las necesidades concretas de las cuencas mediterráneas, del Guadalete-Barbate, del Tinto-Odiel-Piedras y del Guadalquivir.

La normativa recoge los objetivos que se fijaron en el Acuerdo Andaluz por el Agua, en el que participaron activamente todos los sectores representados en el Consejo y entidades territoriales implicadas en la gestión del recurso. Al igual que en el Acuerdo, el objetivo principal de la Ley es llevar a cabo un modelo de gestión que consiga un aprovechamiento sostenible del recurso, garantizando todos sus usos –en el que se prima el abastecimiento y los caudales ecológicos- e impulsando aquellos que permitan mayor creación de riqueza, empleo y cohesión territorial en Andalucía.

Una de las medidas que consiguió un mayor apoyo en el proceso de Acuerdo por parte de los sectores socioeconómicos fue la creación del Observatorio Andaluz del Agua, un organismo para promover la participación de todos los colectivos interesados en la gestión del agua. Este nuevo órgano recogerá, analizará y facilitará a los ciudadanos toda la información necesaria sobre la gestión del recurso –de forma clara, completa y veraz- para que la sociedad pueda intervenir en la gestión de políticas hídricas con todos los datos necesarios a su alcance.

Se pondrá en marcha un plan de infraestructuras de depuración

El texto presentado a los miembros del Consejo Andaluz del Agua mantiene las medias ya consensuadas con los sectores socioeconómicos, como la flexibilización del régimen concesional, gracias a la creación de los bancos públicos del agua o la equiparación de las actividades económicas, que conseguirán reactivar la riqueza y el empleo en Andalucía. Igualmente, se mantiene la puesta en marcha de un plan de infraestructuras de depuración para conseguir completar el mapa de depuración de toda Andalucía y el buen estado ecológico de las masas de agua.

A partir de ahora, la Ley tendrá que ser desarrollada reglamentariamente con la participación y colaboración de los sectores implicados y que también están representados en el Consejo Andaluz del Agua.

Por otra parte, Díaz Trillo ha explicado a los representantes del Consejo la situación actual del proceso de planificación hidrológica. Concretamente, ha destacado las distintas actividades informativas y de participación en la elaboración de los proyectos de los planes hidrológicos de las cuencas intracomunitarias (Guadalete-Barbate, Tinto-Odiel-Piedras y Mediterránea). Los proyectos de planes hidrológicos se encuentran en periodo de consulta pública hasta el próximo 22 de noviembre y coincidiendo con este periodo se ha dado comienzo a un programa de actividades de participación. Con las alegaciones recibidas, junto a las aportaciones y sugerencias que surjan de los distintos talleres, jornadas, jurados ciudadanos y encuentros de concertación con sectores económicos, se enriquecerán los documentos presentados, que se incluirán -tras su aprobación definitiva- en el Plan Hidrológico Nacional.

Agencia Pública

Finalmente, Díaz Trillo ha informado al Consejo del Agua de la creación de la Agencia Pública de Medio Ambiente y Agua, un organismo surgido del proceso de reordenación del sector público promovido por el Ejecutivo andaluz que facilitará un mejor cumplimiento y desarrollo de las competencias ambientales garantizando la estabilidad laboral del conjunto de los trabajadores de Egmasa y de la Agencia del Agua.

El consejero ha asegurado que el nuevo organismo dotará de mayor seguridad jurídica a los cometidos que ejerce la Consejería, reforzando el control y supervisión de todas sus actuaciones. Así mismo, Díaz Trillo ha manifestado que se trata de una apuesta por un modelo en el que las competencias sobre aguas se ven fortalecidas al ser integradas en un departamento (Secretaría de Aguas) dentro de la estructura organizativa de la Consejería de Medio Ambiente, al tiempo que la nueva Agencia Pública se constituye como un órgano instrumental de apoyo y de agilización a la hora de tramitar y poner en marcha las inversiones que le competen.