La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha instado al Consejo Nacional del Agua a elaborar con la máxima urgencia un informe preceptivo para acatar y cumplir 'en letra y espíritu' la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la cuenca hidrográfica del Guadalquivir. Fenacore se ha dirigido a la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, como máxima responsable del Consejo Nacional del Agua, con el fin de que se aborde este asunto en el orden del día del pleno que se celebra hoy o, en su defecto, se convoque un pleno extraordinario para la emisión de este informe preceptivo antes de se formalice cualquier acuerdo político que suponga una nueva invasión de las competencias constitucionales en materia de aguas.

La Federación de Regantes considera que el acuerdo entre el Gobierno central y la Junta para sacar adelante un nuevo real decreto que, de forma transitoria, encomiende la gestión del río Guadalquivir a la Administración autonómica, 'da validez, a efectos prácticos, al artículo del Estatuto de Andalucía anulado tras el fallo del Constitucional'. En opinión de Fenacore, estas 'arquitecturas jurídicas' no buscan en ningún caso acatar la sentencia sino invalidarla, cuando su cumplimiento sólo puede garantizarse devolviendo a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir -como organismo estatal- las competencias sobre las aguas de este río, restaurando así los principios de unidad de gestión y cuenca.

Según el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, 'cualquier otra solución o acuerdo que pretenda veladamente vaciar las competencias del Estado en esta materia derivará en multitud de contenciosos que terminarán resultando igualmente inconstitucionales. Cualquier otra solución que no pase por un organismo estatal como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir atenta contra la Carta Magna'.

El secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, dijo ayer que el TC está abocado a un acuerdo. Puxeu recordó que España es 'pionera' en la gestión del agua en las cuencas y en las demarcaciones y reconoció que los estatutos autonómicos, especialmente los de nueva generación, recogen la capacidad de gestión por parte de las comunidades. Por ello, cree que 'el tribunal ha hecho esta lectura, pero está abocado al acuerdo en el sentido de cumplir la sentencia y buscar la mejor solución para los ciudadanos'.