La Junta logra el consenso en las Cortes para transferir competencias del Duero
Mar, 05/04/2011
Consenso unánime entre la Junta y los grupos parlamentarios de la Cortes para llegar a una solución en la transferencia de la gestión de la Cuenca del Duero. Esa es la conclusión a la que llegaron el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y los representantes de los grupos parlamentarios de la Cámara, PP, PSOE y Grupo Mixto, en una reunión tras conocer y analizar la sentencia de inconstitucionalidad emitida por el Tribunal Constitucional .
En dicha reunión también decidieron solicitar una petición al Gobierno central de convocatoria de la Comisión Bilateral Estado-Comunidad Autónoma para avanzar en soluciones de manera que Castilla y León tenga peso y protagonismo importante en las decisiones que afecten a la Cuenca del Duero. El portavoz de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, señaló que es «correcto, oportuno y necesario solicitar la convocatoria de la Comisión Bilateral». Además reafirmó el consenso alcanzado en las Cortes durante la reforma del Estatuto de Autonomía, momento en el que se incluyó la intención de que Castilla y León asumiera la gestión del río Duero, «consenso que se mantiene en la actualidad». A su vez también se ofreció a acompañar al Gobierno de la Nación y a Andalucía en el estudio de las soluciones que se adopten sobre el río Guadalquivir.
Herrera llamará a La Moncloa.
Tras esta decisión el presidente de la Junta se pondrá en contacto con el presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para darle a conocer la petición de convocatoria de la comisión, y Santiago-Juárez se dirigirá al vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, con el objetivo de que el asunto del Duero se aborde en la mesa de trabajo creada para avanzar en la transferencia. «Queremos que se nos convoque a participar en esa mesa de trabajo ya que ofreceremos propuestas sobre la posible salida», apunto el consejero.
Una vez analizada la sentencia del Tribunal Constitucional, la Junta aseguró que «existen aún varias vías jurídicas de solución excepto la de la reforma estatutaria» y señaló algunas como la delegación o transferencia mediante la aprobación de leyes orgánicas, la encomienda de gestión que es la solución «temporal» adoptada por Andalucía durante los seis primeros meses en la gestión del Guadalquivir, o la reforma de la Ley de Aguas, de la que el consejero apuntó «es una ley del 1985 que debería adecuarse al siglo XXI».
Reacciones
Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista en las Cortes, Ana Redondo, consideró «constructiva la reunión», e informó de que hoy el candidato a la Presidencia de la Junta y secretario autonómico del PSOE, Óscar López, se reunirá hoy con el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, Comunidad que interpuso el recurso al artículo 75.1 del Estatuto de Castilla y León, para «tratar el tema y buscar un acuerdo».
El portavoz del Partido Popular en el Parlamento afirmó que «nos gustaría que en el punto del caso del Duero Castilla y León escuche y sea escuchada». «Buscamos una igualdad de trato para participar en los debates» afirmó Carlos Fernández Carriedo que también subrayó el consenso y remarcó la idea de que Castilla y León pretende «reforzar su presencia en la gestión del Duero, siempre respetando la sentencia del Constitucional». Carriedo justificó que «no se podría entender que la Comunidad tenga competencias en agricultura, medio ambiente o regadíos, y no participar en la toma de decisiones del agua, cuando son elecciones tan importantes para Castilla y León».
Joaquín Otero, portavoz del Grupo Mixto, abogó por tener «voz y voto en la búsqueda de una solución definitiva». Calificó de «compleja» la reforma estatutaria así como el artículo 50.2 de la Constitución Española. Sin embargo, afirmó que «Castilla y León no puede ser menos que otras Comunidades Autónomas».
La Junta pedirá al Ministerio de Política Territorial y Administración Pública la convocatoria de la Comisión Bilateral entre las dos administraciones, cuya Presidencia ostenta hasta julio el titular de dicho departamento, el vicepresidente Manuel Chaves, con el objetivo de abordar la sentencia del Constitucional sobre las competencias del Duero que establece el Estatuto de Autonomía. Además, se estudiará las diversas posibilidades abiertas tras el fallo.
En dicha reunión también decidieron solicitar una petición al Gobierno central de convocatoria de la Comisión Bilateral Estado-Comunidad Autónoma para avanzar en soluciones de manera que Castilla y León tenga peso y protagonismo importante en las decisiones que afecten a la Cuenca del Duero. El portavoz de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, señaló que es «correcto, oportuno y necesario solicitar la convocatoria de la Comisión Bilateral». Además reafirmó el consenso alcanzado en las Cortes durante la reforma del Estatuto de Autonomía, momento en el que se incluyó la intención de que Castilla y León asumiera la gestión del río Duero, «consenso que se mantiene en la actualidad». A su vez también se ofreció a acompañar al Gobierno de la Nación y a Andalucía en el estudio de las soluciones que se adopten sobre el río Guadalquivir.
Herrera llamará a La Moncloa.
Tras esta decisión el presidente de la Junta se pondrá en contacto con el presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para darle a conocer la petición de convocatoria de la comisión, y Santiago-Juárez se dirigirá al vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, con el objetivo de que el asunto del Duero se aborde en la mesa de trabajo creada para avanzar en la transferencia. «Queremos que se nos convoque a participar en esa mesa de trabajo ya que ofreceremos propuestas sobre la posible salida», apunto el consejero.
Una vez analizada la sentencia del Tribunal Constitucional, la Junta aseguró que «existen aún varias vías jurídicas de solución excepto la de la reforma estatutaria» y señaló algunas como la delegación o transferencia mediante la aprobación de leyes orgánicas, la encomienda de gestión que es la solución «temporal» adoptada por Andalucía durante los seis primeros meses en la gestión del Guadalquivir, o la reforma de la Ley de Aguas, de la que el consejero apuntó «es una ley del 1985 que debería adecuarse al siglo XXI».
Reacciones
Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista en las Cortes, Ana Redondo, consideró «constructiva la reunión», e informó de que hoy el candidato a la Presidencia de la Junta y secretario autonómico del PSOE, Óscar López, se reunirá hoy con el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, Comunidad que interpuso el recurso al artículo 75.1 del Estatuto de Castilla y León, para «tratar el tema y buscar un acuerdo».
El portavoz del Partido Popular en el Parlamento afirmó que «nos gustaría que en el punto del caso del Duero Castilla y León escuche y sea escuchada». «Buscamos una igualdad de trato para participar en los debates» afirmó Carlos Fernández Carriedo que también subrayó el consenso y remarcó la idea de que Castilla y León pretende «reforzar su presencia en la gestión del Duero, siempre respetando la sentencia del Constitucional». Carriedo justificó que «no se podría entender que la Comunidad tenga competencias en agricultura, medio ambiente o regadíos, y no participar en la toma de decisiones del agua, cuando son elecciones tan importantes para Castilla y León».
Joaquín Otero, portavoz del Grupo Mixto, abogó por tener «voz y voto en la búsqueda de una solución definitiva». Calificó de «compleja» la reforma estatutaria así como el artículo 50.2 de la Constitución Española. Sin embargo, afirmó que «Castilla y León no puede ser menos que otras Comunidades Autónomas».
La Junta pedirá al Ministerio de Política Territorial y Administración Pública la convocatoria de la Comisión Bilateral entre las dos administraciones, cuya Presidencia ostenta hasta julio el titular de dicho departamento, el vicepresidente Manuel Chaves, con el objetivo de abordar la sentencia del Constitucional sobre las competencias del Duero que establece el Estatuto de Autonomía. Además, se estudiará las diversas posibilidades abiertas tras el fallo.