Brasil rechaza un dictamen de la CIDH que pide paralizar presa en la Amazonía
Mié, 06/04/2011
El Gobierno de Brasil consideró hoy "injustificable" un dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que pidió la paralización "inmediata" de una enorme presa en la Amazonía para salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas.
La CIDH solicitó que se detengan las obras de la central de Belo Monte, que comenzaron en marzo en el municipio selvático de Altamira, en el estado de Pará, con la oposición de ecologistas, indígenas y campesinos.
Ese organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) pretende que las autoridades brasileñas extremen las precauciones para preservar a los pueblos indígenas y que, además, vuelvan a consultar a los afectados, según una carta del secretario ejecutivo del CIDH, Santiago Cantón, divulgada hoy en Brasil por organizaciones indigenistas.
El Gobierno brasileño criticó en un comunicado del ministerio de Exteriores por "precipitada e injustificable" la resolución de la CIDH, y sugirió que la OEA carece de competencia para opinar en este asunto.
El Gobierno brasileño "recuerda que el carácter de tales sistemas (en referencia a la OEA y el CIDH) es subsidiario o complementario, razón por la cual su actuación solamente se legitima en la hipótesis de fallo de los recursos de la jurisdicción interna", agregó la nota del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La abogada Roberta Amanajas, de la Sociedad de Derechos Humanos de Pará, afirmó que si Brasil continúa con el proyecto de forma unilateral "violará la legislación internacional".
"En ese caso, el Gobierno brasileño podría ser acusado por los impactos negativos que cause la presa", dijo Amanajas, según un comunicado de la organización no gubernamental Amazon Watch.
Belo Monte, que será a partir de 2015 la tercera mayor hidroeléctrica del mundo después de la china de Tres Gargantas y la paraguayo-brasileña de Itaipú, es construida a orillas del río Xingú, afluente del Amazonas, por un consorcio público-privado de empresas brasileñas y tiene un presupuesto de 10.600 millones de dólares (7.500 millones de euros).
Su enorme muro de cemento obligará a inundar 506 kilómetros cuadrados de selva, lo que tendrá repercusiones en el ecosistema amazónico y obligará a desalojar a unos 50.000 campesinos e indios, según los datos del proyecto.
La hidroeléctrica tendrá una capacidad de generación máxima de 11.233 megavatios, lo que la convierte en una obra "esencial" para el desarrollo de Brasil y para garantizar el suministro de energía, según el Gobierno de Dilma Rousseff y de su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue uno de sus más férreos defensores.
Lula desempolvó este proyecto, que se arrastra desde 1979 por la oposición de los ecologistas, y lanzó la licitación el año pasado después de conseguir los permisos de los órganos de control de medio ambiente.
La concesión de estos permisos fue puesta en tela de juicio en febrero por un magistrado, que ordenó la suspensión cautelar de la licencia al considerar que hubo precipitación al no cumplirse todas las garantías medioambientales, pero otro juez anuló esta decisión en una instancia superior y permitió la obra.
La justicia también ponía en duda la utilidad de la obra, puesto que Belo Monte solo alcanzará su capacidad máxima en épocas de grandes crecidas del río y el resto del tiempo podría no contar con agua suficiente para abastecer a los vecinos y producir energía al mismo tiempo.
El Gobierno argumenta que aunque la capacidad de generación media sea baja, de 4.571 megavatios, la obra se justifica porque el régimen de lluvias de la Amazonía es complementario con el del sur del país, donde se ubica la presa de Itaipú.
Esto permitirá una mayor regularidad en el suministro de energía procedente de fuentes hídricas y evitará la necesidad de recurrir a las centrales térmicas, que son más contaminantes y más caras.
La construcción de Belo Monte también se enmarca en el contexto de la preocupación del Ejecutivo por mantener el porcentaje de electricidad generada en hidroeléctricas en torno al 80 por ciento, lo que permite a Brasil abastecerse de energía relativamente barata y limpia.
La CIDH solicitó que se detengan las obras de la central de Belo Monte, que comenzaron en marzo en el municipio selvático de Altamira, en el estado de Pará, con la oposición de ecologistas, indígenas y campesinos.
Ese organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) pretende que las autoridades brasileñas extremen las precauciones para preservar a los pueblos indígenas y que, además, vuelvan a consultar a los afectados, según una carta del secretario ejecutivo del CIDH, Santiago Cantón, divulgada hoy en Brasil por organizaciones indigenistas.
El Gobierno brasileño criticó en un comunicado del ministerio de Exteriores por "precipitada e injustificable" la resolución de la CIDH, y sugirió que la OEA carece de competencia para opinar en este asunto.
El Gobierno brasileño "recuerda que el carácter de tales sistemas (en referencia a la OEA y el CIDH) es subsidiario o complementario, razón por la cual su actuación solamente se legitima en la hipótesis de fallo de los recursos de la jurisdicción interna", agregó la nota del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La abogada Roberta Amanajas, de la Sociedad de Derechos Humanos de Pará, afirmó que si Brasil continúa con el proyecto de forma unilateral "violará la legislación internacional".
"En ese caso, el Gobierno brasileño podría ser acusado por los impactos negativos que cause la presa", dijo Amanajas, según un comunicado de la organización no gubernamental Amazon Watch.
Belo Monte, que será a partir de 2015 la tercera mayor hidroeléctrica del mundo después de la china de Tres Gargantas y la paraguayo-brasileña de Itaipú, es construida a orillas del río Xingú, afluente del Amazonas, por un consorcio público-privado de empresas brasileñas y tiene un presupuesto de 10.600 millones de dólares (7.500 millones de euros).
Su enorme muro de cemento obligará a inundar 506 kilómetros cuadrados de selva, lo que tendrá repercusiones en el ecosistema amazónico y obligará a desalojar a unos 50.000 campesinos e indios, según los datos del proyecto.
La hidroeléctrica tendrá una capacidad de generación máxima de 11.233 megavatios, lo que la convierte en una obra "esencial" para el desarrollo de Brasil y para garantizar el suministro de energía, según el Gobierno de Dilma Rousseff y de su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue uno de sus más férreos defensores.
Lula desempolvó este proyecto, que se arrastra desde 1979 por la oposición de los ecologistas, y lanzó la licitación el año pasado después de conseguir los permisos de los órganos de control de medio ambiente.
La concesión de estos permisos fue puesta en tela de juicio en febrero por un magistrado, que ordenó la suspensión cautelar de la licencia al considerar que hubo precipitación al no cumplirse todas las garantías medioambientales, pero otro juez anuló esta decisión en una instancia superior y permitió la obra.
La justicia también ponía en duda la utilidad de la obra, puesto que Belo Monte solo alcanzará su capacidad máxima en épocas de grandes crecidas del río y el resto del tiempo podría no contar con agua suficiente para abastecer a los vecinos y producir energía al mismo tiempo.
El Gobierno argumenta que aunque la capacidad de generación media sea baja, de 4.571 megavatios, la obra se justifica porque el régimen de lluvias de la Amazonía es complementario con el del sur del país, donde se ubica la presa de Itaipú.
Esto permitirá una mayor regularidad en el suministro de energía procedente de fuentes hídricas y evitará la necesidad de recurrir a las centrales térmicas, que son más contaminantes y más caras.
La construcción de Belo Monte también se enmarca en el contexto de la preocupación del Ejecutivo por mantener el porcentaje de electricidad generada en hidroeléctricas en torno al 80 por ciento, lo que permite a Brasil abastecerse de energía relativamente barata y limpia.