Fue concebida como la mayor fábrica de Europa de agua desalada, pero cuatro años más tarde permanece inactiva. Es la planta desaladora de Torrevieja, impulsada por el Gobierno a través del organismo Acuamed, con una capacidad para generar 80 hectómetros cúbicos de agua al año, la mitad para el regadío y otro tanto para el abastecimiento humano. La instalación ha supuesto una inversión de 300 millones de euros, de los cuales 55 son subvenciones de la Unión Europea.

La obra civil de la instalación está acabada, según Acuamed. Sin embargo, la Generalitat Valenciana, que preside el popular Francisco Camps, sigue sin conceder la autorización ambiental integrada, petición que Acuamed cursó por primera vez en agosto de 2007.

Un portavoz de Acuamed señala que la puesta en servicio comercial de la instalación, es decir, la entrega efectiva de agua a los usuarios, podría producirse a mitad de 2012, si la Generalitat Valenciana entregase de inmediato los permisos. "La planta de Torrevieja está totalmente acabada, incluso ajardinada", señala ese portavoz. Solo resta, añade, el tramo marítimo de las conducciones de toma y vertidos, "también pendiente del permiso que debería otorgar la Dirección General de Puertos de la Generalitat y que fue solicitado en marzo de 2009".

Pero no es la de Torrevieja la única desaladora que el Ejecutivo autonómico mantiene bloqueada. En el ámbito de la Comunidad Valenciana, el Gobierno tiene en avanzado estado de construcción o finalizada la obra civil de otras cuatro desaladoras más (Oropesa, Monfocar, Sagunto y Mutxamel). Tampoco a estas instalaciones la Generalitat Valenciana ha concedió la autorización integral ambientada.

En la Comunidad Valenciana, Acuamed tiene en marcha tres proyectos más de desaladoras (Dénia, Calp y Xàbia), cuyas obras no han comenzado.

La inversión del Gobierno en materia de desalación en la actual legislatura en territorio valenciano asciende a 555,8 millones de euros. La puesta en marcha de las ocho instalaciones aportaría a los usuarios un total de 142 hectómetros cúbicos de agua al año, de los cuales 100 serían para el consumo humano y el resto para el regadío.
El caudal hídrico procedente de la desalación ha sido sistemáticamente ninguneado y boicoteado administrativamente, a tenor de la resistencia a entregar los permisos de autorización ambiental por parte del PP valenciano, con Francisco Camps a la cabeza.

Los populares valencianos han apostado y apuestan por los caudales continentales. Y en este terreno de transferencias de aguas continentales, destaca la pertinaz reivindicación del derogado trasvase del Ebro a la Comunidad Valenciana y Murcia. La última en sumarse a esta demanda ha sido Luisa Pastor, recién elegida presidenta de la Diputación de Alicante. La presidenta estrenó el cargo desempolvando la guerra del agua e incluyendo entre las prioridades de su gestión la reclamación del anulado trasvase del Ebro.

Acuamed ha puesto en marcha otras cinco plantas desaladoras en Marbella (Málaga), El Atabal (Málaga), Carboneras (Almería), Valdelentisco (Murcia) y Bajo Almanzora (Almería). Estas cinco desaladoras generan un total de 192 hectómetros cúbicos de agua al año, de los cuales 122 se destinan al consumo humano y el resto va dirigido al riego. La inversión global que han supuesto las cinco plantas asciende a 699 millones de euros.

Acuamed, por último, tiene en marcha otras cuatro desaladoras más. La más destacada es la de Águilas (Murcia), cuya construcción esta en fase avanzada. La planta generará 70 hectómetros (13 para abastecimiento humano y 57 para riego) y su coste es de 275 millones. También está en fase de construcción la planta de Campos de Dalías (Almería), que generará 30 hectómetros y costará 200 millones. Los otros dos proyectos están en fase de concurso de proyectos y son la desaladora de El Mojón (Murcia) y la de Mijas (Málaga), con 3,8 y 20 hectometros cúbicos, respectivamente, y una inversión prevista entre las dos de 108 millones.