La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha instado hoy a los presidentes autonómicos y al Defensor del Pueblo a interponer recursos de inconstitucionalidad contra la reforma de la Ley de Aguas, según ha informado esta organización en un comunicado.

Para ello, ha iniciado una ronda de contactos políticos con el objetivo de que se interpongan recursos de inconstitucionalidad contra el apartado 2 del artículo 94 de la Ley de Aguas, que reconoce el traspaso a Andalucía, Aragón y Cataluña de las competencias sobre el Dominio Público Hidráulico (DPH).

Tras conocerse hoy la convalidación en el Congreso del Real Decreto por el que se reforma el texto refundido de la Ley, la Federación ha confirmado que hará extensiva esta apelación a los parlamentos autonómicos, así como a un centenar de diputados y senadores.

En relación al proceso seguido para la aprobación de la reforma, ha apuntado que se ha realizado con "alevosía" e incluida en un paquete de medidas para que "pasara desapercibida ante la opinión pública y conseguir sacarla adelante antes de que concluya esta legislatura".

Ha advertido de que, a falta de un mes para que finalice la encomienda transitoria que el Gobierno otorgó a la Junta para la gestión del Guadalquivir tras la sentencia del Constitucional, ambos trabajan a "contrarreloj" para encontrar el modelo adecuado que permita a Andalucía recuperar el control de la cuenca, obviando alas sentencias existentes.

La Federación recuerda que tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional anularon este verano las competencias de Andalucía sobre el Guadalquivir reflejadas en su Estatuto de Autonomía, lo que pone de manifiesto que "cualquier pretensión de territorializar la gestión del agua a través de arquitecturas jurídicas o estrategias legales debe ser igualmente invalidada".