El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha pedido que se lleve a cabo una reforma de la Ley de Aguas que asegure la unidad de gestión de las cuencas hidrográficas mediante la adecuada armonización de las competencias estatales y autonómicas. Del mismo modo, pide un gran esfuerzo de diálogo entre todas las Administraciones, grupos políticos y órganos de participación, con el fin de alcanzar el máximo acuerdo posible en esta materia "tan compleja".

El Colegio señala que ha defendido "siempre" la unidad de gestión de las cuencas hidrográficas como "un principio básico para la utilización sostenible de los recursos hídricos", que como tal se establece en la Constitución Española, la Ley de Aguas y en la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea, y que también ha sido refrendado por las organizaciones internacionales y está implantado en otros países.

Del mismo modo, ha destacado la necesidad de que este principio básico se armonice con las competencias autonómicas en políticas sectoriales, territoriales y ambientales que están vinculadas al aprovechamiento de los recursos hídricos.

A su juicio, las sentencias del Tribunal Constitucional en marzo pasado sobre la reforma de los Estatutos de Autonomía de Andalucía y de Castilla y León, declarando inconstitucionales algunos de sus contenidos relativos a la gestión de las cuencas hidrográficas, revelan la necesidad de que se llevan a cabo una reforma.

El pasado 15 de septiembre, el Congreso de los Diputados convalidó el Real Decreto Ley 12/2011 (por el que se regulan, entre otros, las competencias autonómicas en materia de policía de dominio público hidráulico) y que, según ha señalado el Colegio, constituye un "serio motivo de preocupación".

En virtud de esta nueva norma, las comunidades autónomas podrán asumir las funciones de política de aguas en los respectivos territorios; lo que permite que cada autonomía sea responsable de la inspección, control y vigilancia de sus tramos de ríos y de la parte de sus acuíferos, que se extienden por otras comunidades que, a su vez, serán responsables de los mismos en su territorio, apunta el Colegio.

Para los ingenieros, resulta "obvia" la dificultad de gestionar de forma integrada los recursos hídricos y las infraestructuras aún en situaciones de normalidad, pero "mucho más preocupante es la gestión de situaciones de sequía, inundación o contaminación, en las que la dispersión de competencias, controles y vigilancia es prácticamente incompatible con la seguridad de la población y la prevención de daños catastróficos, a lo que ha de añadirse la duplicidad de funciones y costes que puede derivarse de la nueva situación".