Unidad contra el trasvase y contra la reforma de la ley de aguas
Jue, 17/11/2011
Javier Martínez Gil, Julián Ezquerra, César Trillo y José Manuel Penella sí coinciden en su visión sobre el trasvase del Ebro y sobre la reciente reforma de la ley de aguas que permite que Aragón, Andalucía y Cataluña asuman las competencias de control y vigilancia del dominio público hidráulico. Tanto los representantes de las organizaciones ecologistas como los del sector agrario rechazan que estas tres comunidades asuman las labores de policía de aguas. Del mismo modo, todos consideran que el trasvase del Ebro, tal y como lo planteó el PP, no supone una amenaza.
«Es una obra de tal envergadura económica que en la actual situación de crisis resulta impensable -opina Martínez Gil-. Lo que pasa es que forma parte de un ruido de forma que debe cortarse». Ezquerra coincide en que «seguramente» no se va a plantear, pero destaca que el programa del PP «no dice que no al trasvase y deja la puerta abierta». Penella también considera que «no hay riesgo» -«igual se trata más de un deseo», dice-, mientras que Trillo afirma que, aunque se vaya a seguir hablando de ello, el proyecto está «enterrado». «Otra cosa es que pueda haber flecos como el trasvase a Castellón», avisa.
Respecto a la reforma de la ley de aguas, el presidente de Riegos del Alto Aragón sostiene que es «la mayor barbaridad que podía cometer un gobierno en materia hidráulica». «Una de las cosas de las que podíamos estar más orgullosos en España era la gestión del agua siguiendo el principio de unidad de cuenca, pero para una cosa que funcionaba bien vamos y nos la cargamos», critica.
El secretario general de UAGA también rechaza ese cambio legal. «El agua es un bien común que tiene que gestionarse desde el Estado, sobre todo con la experiencia que tenemos de que no todas las autonomías pesan lo mismo... lo que se ha aprobado es muy peligroso», comenta. En el mismo sentido, el catedrático y miembro de Nueva Cultura del Agua recuerda que «el hecho de que una comunidad gestione un río no es garantía de que vaya a hacerlo mejor que el Gobierno central». «Es como si en una piscina comunitaria cada vecino fuera responsable de un trozo del vaso», ejemplifica.
Por su parte, el presidente de Coagret deja claro que la reforma de la ley de aguas es «equivocada», pero también incide en la necesidad de que las autonomías ganen peso y también responsabilidad en la gestión de las cuencas.
«Es una obra de tal envergadura económica que en la actual situación de crisis resulta impensable -opina Martínez Gil-. Lo que pasa es que forma parte de un ruido de forma que debe cortarse». Ezquerra coincide en que «seguramente» no se va a plantear, pero destaca que el programa del PP «no dice que no al trasvase y deja la puerta abierta». Penella también considera que «no hay riesgo» -«igual se trata más de un deseo», dice-, mientras que Trillo afirma que, aunque se vaya a seguir hablando de ello, el proyecto está «enterrado». «Otra cosa es que pueda haber flecos como el trasvase a Castellón», avisa.
Respecto a la reforma de la ley de aguas, el presidente de Riegos del Alto Aragón sostiene que es «la mayor barbaridad que podía cometer un gobierno en materia hidráulica». «Una de las cosas de las que podíamos estar más orgullosos en España era la gestión del agua siguiendo el principio de unidad de cuenca, pero para una cosa que funcionaba bien vamos y nos la cargamos», critica.
El secretario general de UAGA también rechaza ese cambio legal. «El agua es un bien común que tiene que gestionarse desde el Estado, sobre todo con la experiencia que tenemos de que no todas las autonomías pesan lo mismo... lo que se ha aprobado es muy peligroso», comenta. En el mismo sentido, el catedrático y miembro de Nueva Cultura del Agua recuerda que «el hecho de que una comunidad gestione un río no es garantía de que vaya a hacerlo mejor que el Gobierno central». «Es como si en una piscina comunitaria cada vecino fuera responsable de un trozo del vaso», ejemplifica.
Por su parte, el presidente de Coagret deja claro que la reforma de la ley de aguas es «equivocada», pero también incide en la necesidad de que las autonomías ganen peso y también responsabilidad en la gestión de las cuencas.