There will be fines of 3,000 euros to those who commit fraud with water
Sun, 22/01/2012
Aunque el agua es un bien común, su consumo y control está en manos públicas o privadas, dependiendo de los casos, a quienes compete la vigilancia de un buen uso. Por eso, Aqualia, la empresa que ha resultado adjudicataria del servicio municipal de aguas en la comarca del Bajo Andarax ha avisado de que estará ojo avizor e impondrá las correspondientes sanciones a quienes comentan fraude con este recurso.
Hasta más de 3.000 euros pueden llegar a pagar quienes no regularicen su situación con la empresa en las próximas fechas. Así lo ha anunciado la propia concesionaria que, ante la «inminente» llegada de un abastecimiento de agua «de mayor calidad» a la comarca, está intensificando su campaña para la legalizar los suministros que no lo son. Una realidad que, a lo largo de 2011, arrojó un total de 800 situaciones de ilegalidad detectadas por Aqualia y unos 400 millones de litros defraudados -cantidad equivalente al de 160 piscinas olímpicas-.
Ante esta anomalía, Aqualia ha hecho un llamamiento público para que aquellas personas que no están registradas en el sistema del servicio de aguas y que, por tanto, no reciben factura del mismo, normalicen su situación lo antes posible. Quienes no lo hagan se arriesgan a afrontar una importante sanción económica.
De hecho, explican desde la empresa que da servicio a los municipios de Huércal de Almería, Gádor, Pechina, Viator, Santa Fe de Mondújar, Benahadux y Rioja, este tipo de actuaciones «son del todo ilegales y violan lo estipulado en el Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua de Andalucía (RSDA), por el que se rigen todos los Servicios Municipales de Agua de la Comunidad Autónoma», que fija el importe a pagar por aquéllos que realicen este tipo de acciones, «muchas veces superior a los 3.000 euros». Además, inciden, si el valor defraudado sobrepasa los 400 euros, «estaríamos hablando de un delito de defraudación descrito en el artículo 255 del Código Penal que conllevaría la correspondiente denuncia ante el juzgado». Una situación que se da sobre todo en el Bajo Andarax pero no afecta solo a la comarca.
Aqualia advierte del pago de cuantiosas sanciones a quienes no procedan a regularizar los suministros ilegales existentes, sobre todo, en el Bajo Andarax.
Hasta más de 3.000 euros pueden llegar a pagar quienes no regularicen su situación con la empresa en las próximas fechas. Así lo ha anunciado la propia concesionaria que, ante la «inminente» llegada de un abastecimiento de agua «de mayor calidad» a la comarca, está intensificando su campaña para la legalizar los suministros que no lo son. Una realidad que, a lo largo de 2011, arrojó un total de 800 situaciones de ilegalidad detectadas por Aqualia y unos 400 millones de litros defraudados -cantidad equivalente al de 160 piscinas olímpicas-.
Ante esta anomalía, Aqualia ha hecho un llamamiento público para que aquellas personas que no están registradas en el sistema del servicio de aguas y que, por tanto, no reciben factura del mismo, normalicen su situación lo antes posible. Quienes no lo hagan se arriesgan a afrontar una importante sanción económica.
De hecho, explican desde la empresa que da servicio a los municipios de Huércal de Almería, Gádor, Pechina, Viator, Santa Fe de Mondújar, Benahadux y Rioja, este tipo de actuaciones «son del todo ilegales y violan lo estipulado en el Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua de Andalucía (RSDA), por el que se rigen todos los Servicios Municipales de Agua de la Comunidad Autónoma», que fija el importe a pagar por aquéllos que realicen este tipo de acciones, «muchas veces superior a los 3.000 euros». Además, inciden, si el valor defraudado sobrepasa los 400 euros, «estaríamos hablando de un delito de defraudación descrito en el artículo 255 del Código Penal que conllevaría la correspondiente denuncia ante el juzgado». Una situación que se da sobre todo en el Bajo Andarax pero no afecta solo a la comarca.
Aqualia advierte del pago de cuantiosas sanciones a quienes no procedan a regularizar los suministros ilegales existentes, sobre todo, en el Bajo Andarax.